IMPSA: corre el reloj de la privatización, faltan fondos y "no hay plan B"
"No hay plan B". Esa es la sentencia que repite cada uno de los protagonistas del proceso de privatización de IMPSA, la mega empresa orgullo técnico del país y de Mendoza en otros tiempos con exportaciones de alta tecnología al mundo, sobre todo en generación de energía y hasta de producción de componentes nucleares, que fue estatizada en medio de su crisis y hoy en proceso final de privatización. La advertencia tiene sentido: si falla el proceso de privatización, la Nación o la provincia deberán abrir la billetera para mantener a la empresa funcionando, algo que ya han rechazado terminantemente, o caso contrario, afrontar una crisis.
IMPSA podría convertirse dentro de 10 días en la primera privatización del Gobierno de Javier Milei. Todos los deberes ya fueron hechos para concretar el proceso de venta del 63,72 % de las acciones que tiene el Estado Nacional y el 21,2 % que posee Mendoza. Alfredo Cornejo ya hizo votar en la Legislatura local la autorización para la venta de las acciones.
No hubo ruidos en esa decisión y fue específicamente por una causa conocida por todos en Mendoza: ni la Nación, ni la provincia quieren poner un peso más en la empresa si esta no se vende. De ahí que sea indispensable que dentro de 10 días, cuando se abran los pliegos que compraron los interesados en quedarse con IMPSA, alguno de los oferentes cumpla con los requisitos mínimos establecidos para la venta.
De ahí que tome sentido la advertencia sobre que "no hay plan B". Si no se privatiza IMPSA, alguien tendrá que poner la plata para que los 700 empleados cobren sueldos y la empresa continúe trabajando. Son los mismos puestos de trabajo que se intentó salvar con la estatización de la empresa, un proceso que, como muchos otros, terminó con problemas letales de financiamiento.
Desde Buenos Aires el Gobierno repite: "no hay plata". En los pasillos del Ministerio de Economía confirman que la Nación no pondrá un solo peso si la privatización se trunca por alguna razón. Por estas horas sobra nerviosismo y faltan certezas, sobre todo en Mendoza, porque desde la Capital Federal todos apuntan a la provincia. El razonamiento es simple: si la privatización falla y Mendoza no quiere un conflicto con IMPSA, la plata para los sueldos tendrá que ponerla la provincia. La gobernación no quiere ni oir hablar de esa posibilidad. Ya pusieron US$5 millones para mantenerla funcionando y el Gobierno de Alfredo Cornejo aun esta viendo como hacerse de esos fondos de nuevo.
¿Por qué se habla de dinero ahora? ¿Por qué con esta velocidad?
En primer lugar conviene repasar en qué situación está el proceso de privatización. Se vendieron 11 pliegos a interesados en ver las condiciones de privatización, pero en el tramo final se considera que aparecerán dos, o eventualmente tres, oferentes en firme. Se trataría de ARC Energy, constituida por venezolano-norteamericanos, un grupo brasileño y uno chino, relacionado también con interesados en entrar en la privatización del Belgrano Cargas, operación que el miércoles fue anunciada por el Gobierno Nacional.
Dentro de 10 días vence el plazo y se abrirán los sobres de ofertas. En ese momento habrá una definición inicial casi inmediata. En el pliego de condiciones se establece un adelanto de US$5 millones que tiene que integrar quien ingrese a la operación. Por lo tanto, si aparece un interesado en firme la crisis comenzará a solucionarse porque habrá ingreso inmediato de fondos a IMPSA. De lo contrario, se activará la advertencia sobre la ausencia de otro plan alternativo.
El problema central de IMPSA es la reestructuración de su deuda, pero en segundo lugar está la presión por los salarios. Curiosamente, en medio de una crisis como la de la empresa los sindicatos siguen presionando por subas salariales impagables, al menos así lo definen desde Economía, y hasta existen reclamos desde la planta ejecutiva por condiciones de trabajo o niveles de la cobertura de medicina prepaga. Nada ayuda a la solución.
IMPSA hoy está funcionando operativamente, pero su futuro (si no es privatizada) está condicionado a una crisis de financiamiento inmediata. Es decir, se vende como una empresa en marcha. El problema es que en términos directos eso implica que en la situación actual no hay fondos para pagar los sueldos el mes que viene. En los últimos 60 días la empresa terminó de cumplir un contrato con la provincia de San Juan.
"Con la central eléctrica de los sanjuaninos pagaron los sueldos del mes pasado. San Juan se portó bien", dicen en Economía poniendo en claro el nivel de la crisis financiera.
Como activos a cobrar IMPSA tiene que terminar un proyecto con YPF, que es la construcción de un reactor de certificación de procesos, que debería haberlo entregado en noviembre de 2023 pero que aun está en espera. También tienen cuentas a cobrarle a Yacyretá, por provisión de insumos, pero aun faltan detalles. El problema es que IMPSA, más allá de las cuentas que le quedaron sin cobrar en tiempos que se fue a la quiebra, como la cuenta que le deben en Venezuela, tiene acumulados demasiados. incumplimientos. De lo contrario el flujo de fondos hoy estaría más regularizado.
El reloj corre y el tiempo de la verdad de acerca. En 10 días debe aparecer o un interesado o alguien que aporte los fondos para pagar los sueldos del mes que viene. Así lo definen en el Ministerio de Economía. Otra opción sería finalizar los proyectos en marcha y cobrarlos, pero ese horizonte es peligrosamente lejano. Mientras tanto, desde Buenos Aires todos miran a Cornejo y desde Mendoza todos miran a Buenos Aires.