Las políticas de salud comienzan por las obras de saneamiento
Días atrás, el INDEC publicó los datos correspondientes a condiciones habitacionales de la población, ahí podemos ver que nuestro país que el 85% de la población tiene agua potable corriente y el 62% tiene cloacas por red pública. Si comparamos con otros países de América del Sur; por ejemplo, Chile tiene 91% de agua potable y 78% de cloacas, Colombia 86% agua y 74% cloacas; Uruguay y Brasil tiene valores aún mayores. Hoy, estamos lejos de ser un ejemplo en Latinoamérica como lo éramos en las viejas épocas de Obras Sanitarias de los años 60´ o 70´ del siglo pasado, cuando teníamos coberturas muy superiores a los demás países del Continente. Además, y como agravante, estas estadísticas no consideran si el líquido cloacal se trata adecuadamente para no contaminar, si tuviéramos ese factor en cuenta el saneamiento real sería mucho más bajo.
Asimismo, se observa que varias provincias tienen coberturas mucho más bajas, especialmente en cloacas. Misiones solo tiene 5,4% de cobertura o sea que prácticamente nadie tiene servicio público cloacal; Santiago del Estero el 29%, Chaco el 34%, Formosa el 42% y Córdoba el 45%. Si en cambio analizamos la cobertura en agua potable con valores más altos, las peores son Buenos Aires con 76%, Chaco con 77%, Formosa 78% y Santiago del Estero 79%. Por último, si observamos el Gran Buenos Aires a nivel municipio, observamos que Malvinas Argentinas tiene solo un 14,1% de su población con agua potable y el 9% con cloacas; José C. Paz 14,5% con agua y 8% con cloacas, valores que se parecen a los típicos de los países más pobres de África, y luego Moreno con 35% en agua y 32% en Cloacas.
Esta situación funciona como un indicador de pobreza estructural y falta de calidad de vida adecuada para siglo XXI. Misiones, Formosa, Chaco y Santiago del Estero resultan para cada tipo de indicador las provincias más pobres, lo cual es paradójico porque sus gobiernos -alineados con el oficialismo durante muchos años- recibieron y reciben muchos recursos nacionales que evidentemente tuvieron otras prioridades en su uso.
Los casos de Córdoba y Buenos Aires tienen características diferentes. Córdoba, cuyo gobierno destaca públicamente la cantidad de obras que realiza, las estadísticas demuestran que el saneamiento no está incluido. Llama la atención siendo una provincia mediterránea que en épocas de sequía presenta muchos problemas de agua, tanto que desde hace muchos años se habla de un acueducto desde el río Paraná para alimentar sus necesidades. Realizar obras cloacales con tratamiento que permitan la reutilización sería muy importante en varios sectores de este territorio.
En la provincia de Buenos Aires se encuentran diversos inconvenientes que se deben diferenciar entre la zona del gran Buenos Aires y el interior. En el Gran Buenos Aires, José c. Paz y Malvinas Argentinas fueron incorporados hace unos años al área de influencia de AYSA, sin embargo, no se observa un gran avance, incluso considerando que ambos gobiernos municipales son del mismo signo que el provincial y el nacional. En el interior de la provincia de Buenos Aires uno de los principales problemas es la presencia de arsénico y/o flúor en el agua subterránea que genera falta de agua potable en muchas localidades.
La mayoría de las obras públicas de agua y saneamiento se realizan a través de dos organismos, el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) a nivel nacional que motoriza los créditos internacionales (BID, BM); y en el AMBA las obras se hacen a través de la propia AYSA, sociedad anónima con propiedad mayoritaria del Estado Nacional, y sino a través de entes provinciales. Estos entes no han logrado cumplir en alcanzar coberturas adecuadas para este siglo porque se han utilizado más como herramienta política para favorecer a ciertos gobernadores o intendentes que para realizar las obras donde más resultan necesarias.
Esta es una deuda con el pueblo argentino desde el siglo pasado por eso debemos poner como política de estado llegar al 100% de población urbana con agua potable y al menos el 85% de cobertura cloacal. El próximo gobierno deberá proponer una ley con un plan de agua potable y saneamiento que prioricen las obras en base a una evaluación técnica-social-ambiental de cada localidad y no en función de un favoritismo político.