Las razones que esgrime Anabel Fernández Sagasti para quintuplicar los miembros de la Corte

Esta semana ingresó al Senado el proyecto mediante el cual el peronismo busca quintuplicar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevándola de 5 a 25 integrantes. La iniciativa es promovida por el presidente Alberto Fernández y gobernadores oficialistas y una de sus autoras es la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Entre los fundamentos que esgrime la dirigente kirchnerista para ampliar el alto tribunal se hace referencia al crecimiento poblacional y el incremento de la litigiosidad, a la vez que se señala que la intención es evitar la delegación de trabajo y agilizar el servicio de justicia.

A lo largo del texto no se hace mención a la cuestión del federalismo ni tampoco a la paridad de género, dos aspectos que habían motivado la discusión acerca de la necesidad de aumentar el número de integrantes de la Corte. En el articulado no se especifica que los representantes del tribunal deben estar distribuidos por provincias o regiones y tampoco se fija un mínimo de integración de mujeres, solamente se plantea que la Corte estará compuesta por “25 jueces y juezas”.

El proyecto lleva las firmas de la mendocina Fernández Sagasti y del titular de la bancada de senadores del Frente de Todos, José Mayans. Los autores fundamentan la propuesta de ampliación señalando que la intención es evitar “los altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son jueces”. Indican que en la práctica muchos expedientes terminan en manos de secretarías y funcionarios judiciales que no son los magistrados supremos.

Los senadores justicialistas ponen como ejemplo a otros países latinoamericanos y europeos donde un amplio número de jueces en el máximo tribunal ha tenido resultados “exitosos”. Y al mismo tiempo, hacen hincapié en que la ampliación es necesaria debido al crecimiento de la población argentina y el aumento de causas que terminan llegando hasta la máxima instancia judicial.

A su vez, afirman que la propuesta apunta a “fortalecer la inmediatez con los expedientes y con el justiciable” y también reducir los extensos plazos que llevan los trámites y presentaciones judiciales.

Resalta que es facultad del Congreso de la Nación fijar la cantidad de miembros de la Corte y enumeran las diferentes leyes que a lo largo del tiempo se han sancionado estableciendo diferentes cantidades máximas para el alto tribunal.

Expresan que resulta importante que el número de jueces supremos “guarde alguna relación con la población, por cuanto a mayor número de habitantes genera una mayor litigiosidad que, lógicamente, llega al Tribunal por las vías procesales correspondientes”.

Argumentan que cuanto se constituyó la primera Corte en el año 1863 se fijó una composición de 5 miembros, cuando la población argentina era de 1.200.000 habitantes. En este sentido, destaca que en la actualidad ese número “se multiplicó casi cuarenta veces”.

A su vez, sostienen que el cúmulo de expedientes que ingresan en la Corte Suprema se ha multiplicado exponencialmente en las últimas décadas. “Ello ha llevado a la Corte Suprema a dictar cada vez más sentencias -en promedio siete mil por año- que resuelven varias causas a la vez. Así, en el año 2021 dictó 8.358 fallos que resolvieron 21.053 causas”, expresa el texto del proyecto.

Al respecto, resaltan que es “materialmente imposible para un magistrado siquiera leer veintiún mil expedientes durante un año, y menos aún fallarlos, pues para hacerlo, se deben dictar cerca de dos mil sentencias por mes, algo así como cien sentencias por cada dia hábil”. Plantean que allí radica el hecho de que exista un altísimo nivel de delegación en personas que no son jueces, es decir, en los secretarios del Tribunal y en los secretarios y prosecretarios letrados de cada una de las secretarías y vocalías.

Por otra parte, Fernández Sagasti y Mayans remarcan que otros países de la región tienen tribunales numerosos y ponen como ejemplo los casos de Chile con 20 miembros, Colombia con 23, Costa Rica con 22, Venezuela con 20 y Ecuador con 21. Asimismo, señalan que en países europeos como España, Italia y Alemania los tribunales tienen “decenas y hasta cientos de magistrados”.

Los fundamentos de los senadores oficialistas concluyen haciendo hincapié en que una Corte con 25 miembros “no sólo resuelve las cuestiones de funcionamiento, sino que permite una composición, en principio más acorde con el sistema republicano de gobierno y con la multiculturalidad que caracteriza a nuestra sociedad y que es la base de la democracia igualitaria y plural a que todos aspiramos”.

El proyecto de ley impulsado por el Frente de Todos tomó estado parlamentario y pasó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Se espera que en las próximas semanas comience a ser debatido por los senadores.

Críticas al proyecto

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, criticó esta iniciativa del Frente de Todos. En declaraciones a MDZ Radio, el jurista y docente universitario apuntó directamente contra los fundamentos esgrimidos en el proyecto elaborado por Mayans y Fernández Sagasti.

"Creo que el proyecto es muy deficiente. Incurre en un error, porque no tiene facultades el Congreso para establecer la organización de la Corte. Dice que una ley va a organizar la Corte y esa es una facultad que tiene expresamente atribuida el Consejo de la Magistratura", explicó.

Asimismo, sostuvo que ampliar a 25 miembros el tribunal "lleva a una inevitable partidización de la Corte". "Se va a manejar por bloques partidarios. Si llegáramos a 25 y se nos armaran bloques partidarios en la Corte, las constitucionalidades se decidirían de acuerdo a las mayorías coyunturales, que es lo que el sistema trata de evitar", sostuvo Pérez Hualde.

El jurista afirmó que "sería muy negativo el avance de ese proyecto" y que además de tener "un montón de defectos", los fundamentos son "amañados". "Cuentan las cortes donde hay tribunal constitucional pero dan el número no de los que las integran sino de los otros. Están mezclando sábanas con tomates para poder conseguir algún fundamento que creo que es de muy bajo nivel jurídico", subrayó.

En tanto, hizo hincapié en que la iniciativa no cumple con dos planteos que los gobernadores peronistas realizaron en su presentación al presidente. "Pidieron federalización, pero no pidieron 25 miembros en la Corte. Y pidieron la consulta a juristas y especialistas de todas las provincias y acá no ha opinado ninguno. Es un proyecto de un legislador de Formosa y de Anabel, a la cual le tengo aprecio y ha sido mi alumna, pero creo que se equivoca porque ninguno de los dos es especialista en la temática vinculada al Poder Judicial ni al federalismo", concluyó el ex ministro de la Corte mendocina.