Renta inesperada: falta de apoyo, hasta del kirchnerismo y el massismo
El Ejecutivo sabe que será difícil que el proyecto de "renta inesperada" se convierta en una realidad. Los empresarios están en contra. Tanto los que entrarían en la masa imponible, como los que quedarían afuera. Tampoco tendrá el apoyo opositor en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados. Lo novedoso del caso, es que tampoco tendría el aval claro del kirchnerismo y el massismo, quienes en el Congreso no tendrían la voluntad muscular de activar fuerzas para que el proyecto avance en tiempo y forma. Ante el panorama, los creadores de la idea sólo ven un apoyo claro y público desde el costado menos pensado: el Fondo Monetario Internacional (FMI), que siempre verá con buenos ojos cualquier idea que implique aumentar la recaudación y acercarse a las metas firmadas de déficit fiscal.
Aunque parezca una obviedad, ayer le quedó en claro a la máxima conducción económica del país, que no podrá con el apoyo de los empresarios para avanzar en el proyecto. Es verdad que el propio Martín Guzmán pensó en algún momento que podría haber acuerdos básicos con las cámaras que representan a los privados, para que el proyecto se concrete. Sin embargo, fue un intento fallido; como ayer le quedo en claro al ministro, al presidente y al resto de Gabinete económico.
La Unión Industrial Argentina (UIA) se presentó ayer ante Alberto Fernández, Guzmán, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una reunión pedida por la entidad que maneja Daniel Funes de Rioja, donde se le dejó en claro al Ejecutivo que no se respaldarán nuevos tributos. "No más impuestos", fue el slogan de la entidad, ante un Gobierno que aclaró que no había nada que discutir, porque no hay ningún proyecto para comentar de manera completa. Una manera de asegurar que la intención de aplicar las "rentas inesperadas" está aún verde.
Al reclamo de la UIA, entidad que representa, entre otras, a empresas vinculadas a la producción de alimentos; se sumaron la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales). Estas cuatro entidades, más la minería quizá, representan a los cuatro sectores donde podrían encontrarse algunas de las 100 o 2.000 empresas (no está claro) que podrían haber tenido estas rentas inesperadas de las que habla el Gobierno. A través de comunicados formales, informales y declaraciones a la prensa, los privados dejaron en claro no sólo que están en contra de la intención de avanzar en el nuevo impuesto, sino que prometieron resistencia pacífica. Ni hablar del campo, que directamente amenaza con comparar el proyecto con la temible Resolución 125.
El proyecto tampoco entusiasma a los aliados políticos del oficialismo. Está claro ya que la idea no fue tomada como una bandera del kirchnerismo en el Senado. Si así no fuera, a esta altura varias de la espadas legislativas de la vicepresidenta se habrían manifestado públicamente a favor del avance sobre las ganancias especiales. Sin embargo, y pese a que el listado de potenciales damnificados representan a los enemigos locales de siempre del kirchnerismo y los teóricos "factores de formación de precios" y en consecuencia "los culpables de la inflación" en el país; no hay declaraciones de tomar la idea nacida en el ministerio de Economía como propia. Todos los focos kirchneristas están puestos hoy en el blanqueo de dólares depositados en el exterior, tema que será tratado en el Senado esta semana y donde desde la vicepresidencia, por reciprocidad, no se ve mucha voluntad de apoyo desde el Ejecutivo.
Más complejo es el tema en Diputados, donde si no hay una negociación voluntariosa de parte de la conducción de la cámara, es muy difícil (casi imposible) lograr los votos para que la "renta inesperada" se convierta en una ley. En síntesis, sin el convencimiento de Sergio Massa sobre la necesidad de invertir tiempo político propio y del oficialismo en una negociación sin final positivo garantizado, no habría alternativa para el proyecto. Por lo que se sabe, hasta esta semana al menos, desde la presidencia de la Cámara de Diputados no se percibe vehemencia suficiente como para que el proyecto sea defendido como una bandera propia. Todo puede cambiar. Obviamente. Pero por ahora, el massismo ve la idea como una trampa potencial de fracaso político garantizado.
En concreto, por ahora, sólo poco se sabe del contenido del proyecto. La "renta inesperada" gravará un 15% más el Impuesto a las Ganancias, con lo que la presión del tributo alcanzaría al 50%; habría unas 2.000 empresas (no personas) que se distribuirían en sectores como petroleras y energéticas, químicas, alimenticias y, fundamentalmente, el campo en casi todas sus variedades; las que habrían facturado más de $1000 millones de ganancias. Se supone que las empresas que inviertan o tomen personal no deberían pagarlo, o liquidarían menos. Finalmente se considera en el Gobierno que habrá algún tipo de diálogo y negociación con los propios empresarios, para que se encuentre un punto intermedio que facilite la redacción, presentación, aprobación y aplicación del tributo. Difícil.