El FMI presionó por un impuestazo inmobiliario: por qué no se aplicará

¿Pidió el Fondo Monetario Internacional (FMI) un impuestazo inmobiliario? Si, lo hizo. ¿Puede aplicarlo el Gobierno nacional? No, no puede. ¿Continúa el proyecto en la mesa de negociaciones? No. Fue descartado por inviable. Esta es la realidad sobre las versiones de aplicación de un incremento en la valuación general inmobiliaria en todo el país, bajo presión del organismo que maneja Kristalina Georgieva. Desde Washington el tema fue planteado en un momento clave de las discusiones ante el cierre de las metas fiscales comprometidas por el país; en las que, ya está acordado, este año el desequilibrio debería llegar a un saldo negativo de 2,5%; 1,9% en 2023; menos de 1% en 2024 y, finalmente, el tan ansiado equilibrio en el 2025.

Se sabe que la promesa desde Buenos Aires, ante el FMI y los votantes, es que a estos duro porcentajes se llegará creciendo y sin ajustes en la ciudadanía. El FMI no le cree, y contrapropuso un clásico: incrementar los ingresos. La lectura más fácil era la de subir impuestos, algo que quedó en una nebulosa y cuyo resultado se conocerá en semanas cuando se conozca el contenido concreto del acuerdo; lo que acontecerá en unos días cuando el proyecto final llegue al Congreso Nacional.

Los técnicos del organismo comandados por la norteamericana Julie Kozac argumentaban que la idea de Martín Guzmán de conseguir ese resultado positivo a partir un incremento del PBI es un objetivo difícil; ya que consideran que es imposible crecer a más del 4% según prometió Guzmán. Los hombres y mujeres del FMI tienen un argumento bastante sólido: al país le faltan dólares para garantizar un incremento sólido y constante del PBI.

La visión desde Washington es que no hay divisas suficientes como para financiar la llegada de los insumos necesarios para sostener un nivel de crecimiento sustentable. Tampoco para financiar un nivel de consumo energético que coincida con la demanda de electricidad, combustibles e infraestructura que sostenga el pronóstico. Y se cuestiona desde Estados Unidos que las políticas de trabas de exportaciones que crónicamente aplica el Gobierno, coincidan con la visión de un país abierto a la llegada irrestricta de divisas; la única manera de garantizar un superávit comercial sostenido.

Para el FMI, no hay entonces manera de asegurar un crecimiento superior al 2,5% para el 2022; nivel que se sostendría en porcentajes similares durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025. Por su parte Guzmán aseguraba que el camino para lograr las metas fiscales comprometidos es aumentar los ingresos de manera suficientemente sólida y constante, cuestión que se refleje en la recaudación impositiva; la que debería estar por arriba de la inflación. El ministro de Economía mostró los resultados a diciembre de 2021, donde el incremento superó el 50%; lo que, según su visión, con un nivel de gastos sólo ajustado con una racionalización de las tarifas de servicios públicos básicos (con una tenue y leve reducción en la electricidad y el gas), alcanzarán para conseguir las metas fiscales a las que se comprometerá al país.

Sin embargo desde Washington seguían sin confiar. Fue en ese momento donde comenzaron "sugerencias" de parte de los técnicos del Fondo, donde se mencionaban puntos concretos del panorama recaudatorio argentino. Especialmente los que históricamente fueron mencionados como débiles por parte del sistema impositivo criollo. Los técnicos de Washington sacaron a relucir datos históricos de anteriores controles del organismo financiero, donde se asegura que el esquema recaudatorio de impuestos claves en el mundo, en Argentina son débiles.

Uno de ellos, para el FMI, es el inmobiliario; donde según sus cálculos hay una diferencia de casi 50% en la base institucional imponible y la realidad. Como mínimo. Y donde los ingresos fiscales podrían incrementarse de manera sostenible y clara. El tema fue planteado y debatido. Sin embargo quedó en la nada al mencionarse desde el bando de los negociadores locales, que es imposible aplicar un incremento rápido en la presión impositiva; ya que el tributo inmobiliario es responsabilidad de gobernadores e intendentes, y no de la Nación.

Y que las posibilidades políticas de presión desde el Gobierno nacional sobre los jefes regionales para incrementar presiones impositivas, es mínima. Por no decir nula. Podría haberse generado la curiosidad, si existiera eventual apoyo de las gobernaciones manejadas por el oficialismo nacional pero no de las opositoras; que las provincias cercanas a Alberto Fernández aumentaran el impuesto inmobiliario para que la Nación genere ingresos extras, pero no las de la vereda contraria. Por ejemplo, Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Fé y Entre Ríos aumentarían el tributo, y Capital Federal, Mendoza y Córdoba. En síntesis. Impracticable.

Por ahora, sólo por ahora, es un proyecto dejado de lado en las negociaciones. Pero nada asegura que desde Washington no vuelvan a insistir.