Vladimir Putin complicó las negociaciones con el FMI

Un nuevo e inesperado capítulo provocó en las últimas horas nuevos ruidos en la negociación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El alza del precio del gas, y el costo que debería pagar el país durante este año, y eventualmente el próximo -por el incremento del combustible- implicaría para el organismo una erogación extra de más de 1000 millones de dólares, lo que presionaría en las arcas públicas y la demanda de divisas durante el 2022. El FMI intuye que ese dinero del que Argentina debería disponer no está (ni estará) disponible en las cuentas públicas, con lo que habrá que ejecutar una ajuste tarifario aún mayor al que se discute. Y sobre el que aún no hay acuerdo en cuanto al incremento que debería ejecutar el gobierno este año en cuanto a las tarifas del gas. En consecuencia, los números del FMI sobre el crecimiento argentino se verían comprometidos. 

Argentina tiene un cálculo diferente en cuanto a las consecuencias de la crisis que afecte al incremento del gas. Para el gobierno, obviamente habrá un incremento en cuanto a los precios internacionales de importación del combustible; pero este no llegará a superar los U$S 500 millones. Según las estimaciones del oficialismo, este mismo ejercicio habrá un incremento en la producción de gas en Vaca Muerta, que le permitirá al país aumentar la oferta y atender al menos parte de la demanda creciente de gas.

Por otro lado, aseguran desde Buenos Aires, si bien sube el precio del gas, también se incrementan los valores de los commodities que exporta el país; lo que le permitiría a la Argentina equilibrar las pérdidas por la suba de los valores de los combustibles. El oficialismo hace referencia no sólo a la soja; que creció casi 10 dólares en las últimas jornadas y se estaciona por arriba de los 600 dólares, cuando el cálculo para el ejercicio se hizo a un precio de U$S 590 la tonelada.

También se mira desde los despachos oficiales los valores del trigo y el maíz, donde la producción local marcaría niveles importantes de disponibilidad. Según las mediciones oficiales, en el peor de los casos, la crisis por la invasión rusa a Ucrania, terminaría resultando para el país, en términos de mercado "ancar". Esto es, en un empate técnico. Al menos por ahora. Y, de ninguna manera, ameritaría una reapertura de los capítulos ya discutidos entre el país y el FMI.

En el fondo, el problema es siempre el mismo. Desde Washington, no se le cree a Martín Guzmán que este ejercicio la economía crezca entre 3,5 y 4,5%. El FMI considera que al país le faltarán dólares para lograr esa meta, y que los grandes impulsores industriales de ese eventual incremento del producto tendrán escasez de divisas para importar insumos. Se mencionan desde la sede del Fondo, a la producción automotriz, químicos, petroquímicos, maquinaria y, especialmente, al campo; quién a su vez es el principal aporte de divisas.

Siguiendo esta visión, ante un panorama internacional de incremento del precio del gas (necesario para sostener el ritmo de crecimiento), más problemas habrá para mantener ese nivel de crecimiento comprometido por el ministerio de Economía; y que es la base para que la meta fiscal de un déficit de 2,5% este año se cumpla sin ajustes extras. El FMI no confiaba antes de la invasión a Ucrania. Menos confía ahora.

Desde Buenos Aires se insiste en que los compromisos no se verán alterados, y que, eventualmente, todo puede discutirse hacia fin de año. El problema serio que sí se percibe desde la Argentina ante los incrementos del gas y del precio de los commodities, viene por otro lado. Se cree en el gobierno que habrá mayores presiones inflacionarias, especialmente sobre la importación y la producción local de alimentos.

El gobierno cree, desde antes de la crisis ucraniana, que el incremento local de los precios en los alimentos, se debe al alza internacional en los valores del maíz, trigo y girasol; algo que se traslada al precio final de las harinas, aceites y productos procesados. Sería, según el oficialismo, una de las "multicausas" de la inflación, un concepto aceptado también por el FMI, y que separa las motivaciones de alzas de precios de la mera emisión monetaria. Siguiendo esta línea, otra meta acordada con el Fondo entraría en crisis. El país se comprometió ante el organismo (y aparentemente este aceptaría) a un alza de los precios este año no más de 48%. Meta que ahora también debería ingresar en revisión.

Mientras tanto, y a destajo, los negociadores de ambas partes ingresan en estas horas en la última jornada de la semana de discusiones; sin esperanzas de llegar a tiempo y forma para entregar la Carta de Intención esta tarde al board del FMI. Lo más probable es que el cierre de las discusiones se postergue hasta el lunes o martes de la semana próxima, con lo que podría peligrar también la posibilidad que el presidente Alberto Fernández lo anuncie el primero de marzo en la Asamblea Legislativa.

Y que Martín Guzmán lo lleve al Congreso para su defensa el miércoles dos. Lentamente se aproxima la fecha tope. El 22 de marzo el país debería pagar los U$S 4.080 millones que se le deben al organismo por el primer pago en serio del stand by firmado por Mauricio Macri en 2018; dinero que, pase lo que pase, el país no va (ni puede) pagar.