El fiscal Luciani le responderá a las defensas y se acerca el veredicto que más preocupa a Cristina Fernández de Kirchner

Este lunes, desde las 9.30, tras un cuarto intermedio, se reanuda el juicio ante el Tribunal Oral Federal 2 integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, por el presunto direccionamiento de obra pública a las empresas del empresario santacruceño Lázaro Báez que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

En la última audiencia tras concluir los alegatos de las defensas, hace dos semanas atrás, el TOF le corrió traslado al Ministerio Público Fiscal para que responda a los planteos de nulidad que introdujeron algunas defensas durante sus exposiciones, entre ellos la inclusión de los mensajes extraídos del celular de José López, exsecretario de Obra Pública, proveniente de otra investigación como fue la que terminó con la condena por enriquecimiento ilícito.

La mayoría de los abogados consideraron que se trató de prueba nueva de la que no pudieron defenderse. Así también pidieron la nulidad del uso del legajo de arrepentidos de la causa Cuadernos que el Tribunal en su momento rechazó incorporar pero fueron utilizados por los fiscales. 

También deberán responder en relación a la excepción de cosa juzgada, porque según algunas defensas esta causa ya tuvo una resolución en la provincia de Santa Cruz, entre otras.

Una vez que respondan a los planteos que  seguramente serán rechazados por los acusadores, estos tienen la posibilidad de pedir las réplicas, algo que los defensores solicitaron al tribunal que no haga lugar puesto que no hay nada nuevo para replicar.

En caso que no haya réplicas y dúplicas, el debate oral ingresará en su fase final con las últimas palabras de los acusados -donde cada uno de los 13 podrá expresarse o decidir no hablar- previo al veredicto que el tribunal confía pueda conocerse antes de la feria judicial de verano. 

Lo que se debate en el juicio

Según el requerimiento fiscal que se leyó durante varias jornadas cuando inició el juicio el 21 de mayo de 2019, “la maniobra delictiva llevada a cabo entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

Durante sus alegatos, la fiscalía antes de pedir las condenas sostuvo este año que “se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”. 

En agosto pasado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola requirieron al Tribunal que se condene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

La misma pena solicitaron para el empresario santacruceño Lázaro Báez, al considerarlo autor del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración.

En relación al ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López; y al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, la fiscalía requirió una pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, como autores de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Y así fue bajando la escala para el resto de los imputados de menor rango. 

Por su parte, las defensas de los 13 imputados pidieron la absolución y dentro de esos pedidos incluyeron las nulidades que hoy debe responder la fiscalía.