Semana clave para Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la Obra Pública

Ante el Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, concluye la etapa de alegatos con la exposición presencial de la defensa de los exfuncionarios de Vialidad en Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez encabezada por el abogado Miguel Arce Ageo, quien adelantó el pedido de absolución.

El letrado aseguró al iniciar sus fundamentos la semana pasada que la fiscalía "hizo una construcción errónea" y que a la hora de hablar de administración fraudulenta se debe ver el tipo objetivo, no empezar por el subjetivo como hicieron los fiscales.

La acusación del Ministerio Público Fiscal 

Recordemos que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron seis años de prisión para Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, en tanto para Santibañez solicitaron una condena a cuatro años de prisión. 

Con esta audiencia prevista para el lunes concluye una etapa fundamental en el debate donde la fiscalía encabezada por Diego Luciani y Sergio Mola solicitó que se condene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

La fiscalía también solicitó 12 años de prisión para Lázaro Báez, al considerarlo autor del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración.

En relación al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López; y al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, la fiscalía requirió una pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas, como autores de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

En tanto, la fiscalía acusó como autores de administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública y, en consecuencia, pidió condenas de 6 años de prisión, inhabilitación, accesorias legales y costas para los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Mauricio Collareda, y para el expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP), Juan Carlos Villafañe.

Aquella primera jornada de nueve, los fiscales dejaron en claro que “este MPF, a diferencia de la UIF, tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz”.

Luego a través de cada una de las audiencias fueron mostrando pruebas en relación a las 51 licitaciones otorgadas a Báez como también mensajes clave que había dentro del teléfono de José López, exsecretario de Obra Pública durante el kirchnerismo -secuestrado y peritado en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito-. Por su parte, las defensas de los 13 imputados solicitaron la absolución.

Qué dijeron las defensas

El lunes 5 de septiembre, el abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor de Héctor Garro, exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz, estuvo presente en los estrados del Tribunal y aseguró que la fiscalía "violó la Constitución" al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados. De este modo solicitó la absolución de su asistido.

Asimismo sostuvo que los fiscales Luciani y Mola hicieron abuso de "falacias circulares" al "afirmar cuestiones que son absolutamente inexistentes y que de ningún modo pueden alcanzar a nuestro defendido”.

El martes 6 la defensa del exfuncionario de Vialidad Nacional con funciones en Santa Cruz desde 2008 a 2016, Mauricio Collareda, pidió su absolución y negó que el también acusado empresario Báez haya tenido "injerencia" en decisiones del organismo.

"Es escandaloso e inaceptable" el pedido de seis años de prisión de la fiscalía para Collareda, exresponsable del distrito 23, Santa Cruz, de Vialidad Nacional, sostuvo su defensor oficial Luis Alonso Martínez en el alegato a la vez que negó que el exfuncionario haya sido amigo del dueño de Austral Construcciones y sostuvo que la maniobra que se analiza en el juicio "no está probada".

Luego fue el turno del abogado Mario Ganora, quien hizo una exposición técnica pero también se refirió en términos históricos a la corrupción y aseguró que el exresponsable del Distrito 23 "Santa Cruz" de Vialidad Nacional, Raúl Daruich Daruich, "no tuvo en ningún momento la posibilidad de tener a su cargo el manejo de la administración o cuidado de bienes" desde su puesto, en el que se desempeñó durante poco más de un año.

Por su parte, el defensor del exministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo habló de la teoría del lawfare en su alegato y remarcó que se “han violado todas las garantías". Lo más grave no es solo el alejamiento del estado de derecho sino la convocatoria demagógica acompañada por los medios dominantes bajo consignas tan dañinas como políticamente correctas”, sostuvo.

En otro tramo refirió que no están claros los hechos y se preguntó sobre cuál es el hecho del cual debe responder Julio De Vido “porque el hecho que hayan usado dos figuras asociación ilícita y administración fraudulenta. Porque De Vido participa de esa administración. Hay que trabajar individualmente. Cuál es el hecho de De Vido, no fue mencionado en todo el juicio, no debiera estar acá sentado. Si era tan importante De Vido por qué no preguntaron. Se trata de defender los derechos de la sociedad”, agregó.

En tanto, la defensa del exsubsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo, Abel Fatala, reclamó su absolución y cuestionó a la fiscalía del juicio por la causa Vialidad por omitir realizar una "descripción precisa" de los hechos en base a los cuales pidió una condena a 4 años de prisión. Además, el abogado de Fatala, Lucio Simonetti, remarcó que su cliente no era, como dijo la fiscalía, un "hombre de confianza" del fallecido expresidente Néstor Kirchner.

A su turno, cuando Carlos Beraldi comenzó su alegato, hizo una breve introducción donde aseguró que nunca bajaron los brazos “porque la verdad siempre triunfa y esto ocurrió en este caso”. Sostuvo además que “quedó demostrado que lo que se decía en 2016 carecía de verosimilitud y las pruebas que se recogen en un juicio destruye cualquier acusación, pese a ello durante 9 jornadas escuchamos un alegato donde la fiscalía  formuló y repitió las mismas acusaciones de 2008 y 2016”. 

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner refirió que escucharon que la prueba es contundente a la que se le adjudica tres toneladas. “Tengo larga trayectoria y nunca en mi vida escuché semejante disparate”, espetó. 

Cuando a las 11.34 del viernes 23 de septiembre, la vicepresidenta hizo uso de la palabra como abogada en propia causa, lo primero que manifestó fue que sino no hubiera sido abogada hubiese estado en “estado de indefensión”.

Luego sostuvo que en la acusación de los fiscales constituye un “claro caso de prevaricato porque no solo los jueces deben buscar la verdad. Por eso pido extracción de todos y cada uno de los hechos confrontados. Quedó demostrado que el fiscal Luciani y Mola mintieron en el alegato fiscal”. Así dejó de manifiesto que quiere que los investiguen por su accionar.

Fernández de Kirchner dijo, también, que la acusación de Luciani y Mola viola el artículo 1 de la Constitución Nacional al asegurar que la gente elige los gobiernos. “Los tres gobiernos, el que encabezó Néstor, los que me tocó a mí, no podemos ser una asociación ilícita”. Además chicaneó al fiscal del que sostuvo que poco sabe de derecho administrativo.

Para mostrar su ajenidad a los hechos, se comparó con lo ocurrido durante el gobierno de De La Rúa donde el 19 y 20 de diciembre de 2001 durante los incidentes frente a la Casa Rosada, en Plaza de Mayo, varias personas perdieron la vida y otros resultaron heridos, sobre este tema también escribió y lo subió a las redes. En ese contexto refirió que el expresidente fue sobreseído en todas las instancias por los homicidios ya que en la cadena de responsabilidades a él no le cabía.

Cuando los abogados de Carlos Kirchner tuvieron que alegar, manifestaron que no podían dejar de mencionar los motivos, no razones que podrían hacer a su condena. 

“El primero es su apellido, esto no es descabellado (se mencionó su parentesco con Néstor Kirchner) se le aplicó el derecho penal primitivo y por otra parte se lo privó de su libertad por casi 2 años”, sostuvieron a la vez que dijeron que si no lo condenara el Tribunal “quedaría en evidencia una inequidad”.

Al momento de los alegatos de José López, el defensor oficial Santiago Finn objetó que se hayan utilizado los mensajes de su celular como prueba: “La intimidad de López terminó pisoteada. La fiscalía mostró conversaciones fuera de contexto”, dijo. En ese contexto, pidió la nulidad parcial de la acusación. 

“López no tuvo ningún rol criminal, no creó ninguna matriz de corrupción, no cometió acciones dirigidas a beneficiar a Lázaro Báez. Fue parte de un proyecto político para el que se dedicó a crear el bien común”, sostuvo a la hora de pedir su absolución.

En tanto, al dar inicio a su exposición el abogado Juan Villanueva sostuvo que los fiscales Luciani y Mola tergiversaron la prueba que demuestran la inocencia de Lázaro Báez y manifestó que en 90 horas de alegato la fiscalía “no probó ningún delito sino que demostraron una total ignorancia de la obra pública”.

De este modo, refirió que “vamos a hacer lo que los fiscales se olvidaron en la puerta de Comodoro Py. Vamos a hacer derecho y ustedes van a hacer justicia”, de este modo postuló su pedido de absolución para Lázaro Báez al sostener que la prueba del debate habla y dice la verdad: “Lázaro mal que les pese es inocente”.

La defensa del expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Raúl Pavesi, pidió su "libre absolución" en la causa Vialidad al afirmar que "no hay posibilidad de responsabilizar" al exfuncionario.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola "no tienen un dictamen pericial puntual que explique dónde radica el desvío, cuál es el monto desviado y cuál es el importe que perjudica al erario público", concluyó el abogado Oscar Vignale, quien, además, explicó la carrera de su asistido.

Cuando los abogados del extitular de Vialidad Nacional expusieron, dijeron que “se ha probado la inocencia de Nelson Periotti y vamos a plantear la absolución”.

Fue al asegurar que en las indagatorias, su asistido “pudo dar respuesta a cada una de las acusaciones”, aunque recalcó que terminó acusado por la fiscalía por circunstancias que no estuvieron en la acusación.

Así las cosas, el abogado Federico Paruolo hizo hincapié en el lawfare del que dijo ocurre y es un fenómeno social. “Distintos sectores de poder como los medios que la justicia toma y reproduce llegando al absurdo como ocurre acá. Denuncian como dice la TV, los medios dicen se ha denunciado, en la instrucción se toma como prueba publicación periodística. Esto es circular”, remarcó e hizo un paralelismo con lo que ocurrió en Brasil mencionando “el mecanismo” de Netflix y mostrando cómo los fiscales en esta causa repetían constantemente aquella palabra.

Finalmente, fue el turno del abogado Arce Ageo quien como mencionamos al principio, sostuvo que la fiscalía hizo una construcción errónea y postuló la absolución de Villafañe y Santibáñez.

Además, sostuvo que los fiscales "no pudieron acreditar bajo ningún punto de vista" que haya habido perjuicio al erario del Estado Nacional.

Lo que se debate en el juicio

En el juicio se debate según el requerimiento fiscal que se leyó durante varias jornadas cuando inició en mayo de 2019: “La maniobra delictiva llevada a cabo entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

Una vez concluidos los alegatos, comenzará la etapa de dúplicas y réplicas, si la fiscalía lo solicita para pasar luego a las últimas palabras de los imputados previó a que se dicte un veredicto que el Tribunal confía que sea antes de fin de año luego de más de tres años de juicio, ya que él mismo comenzó a desarrollarse el 21 de mayo de 2019.