La negociación fina por el millonario contrato con una empresa china por la obra Portezuelo del Viento

El dictamen de Fiscalía de Estado que avaló la legalidad de la licitación para realizar Portezuelo del Viento fue festejada como un triunfo en el Gobierno y en las empresas que quieren hacer la obra. Pero en el Ejecutivo y en la UTE trabajan  para redactar la letra chica de la adjudicación y el posible contrato. Esa letra chica tiene una nueva complejidad que aún no se resuelve: cómo blindar el contrato para evitar juicios y pedidos de indemnizaciones en el caso de que la obra se frene. 

La represa Portezuelo del Viento regulará el Río Grande y, como es parte de la cuenca del Río Colorado, las provincias vecinas tienen intereses cruzados a los de Mendoza. El temor es que La Pampa objete la obra y logre algún recurso legal en la Corte para frenarla. En ese sentido, no hay que especular, pues ese recurso ya fue presentado. Esa provincia tiene un recurso de amparo tramitado en la Corte Suprema que podría tener otro ritmo de trámite luego de la adjudicación. Ese expediente está tramitado como un amparo ambiental. Si la obra se frena, podría generar problemas legales y económicos para el Estado. Es lo que pasó con todas las obras frenadas durante el 2020 y que generaron pérdidas a las empresas que hoy son resarcidas parcialmente por el Estado. 

Negociaciones

La posibilidad latente a que haya litigios puede demorar la obra y generar perjuicios. Por eso Fiscalía de Estado pidió un reaseguro legal allí. La duda es si la UTE Malal Hue accede a firmar un documento extra para renunciar a reclamos por "gastos improductivos y lucro cesante" en el caso de que eso ocurra.

Más duda genera si el líder del consorcio, la empresa china Sinohydro, firmará ese reaseguro legal que incluye renunciar al CIADI (algo que el pliego ya aclara no se podría hacer), a tribunales federales y a reclamos administrativos por indemnizaciones. Esa empresa ya tuvo reparos para abaratar los costos de la obra, que se excedían largamente de lo previsto, y también por la disponibilidad de los dólares. 

Lo particular de Portezuelo es que ni Sinohydro ni las otras empresas deberán poner dinero, porque el financiamiento está asegurado y es 100% estatal. Es más: recibirán como anticipo u 10% del presupuesto total para arrancar. Son cerca de 100 millones de dólares. 

En el informe del Área de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado buscan reasegurar esa idea. El pliego de condiciones generales tiene un artículo que en el Gobierno creen que puede servir. En el capítulo I, cláusula 10.5 se menciona que el oferente acepta renunciar a reclamos en caso de que se deje si efecto el proceso, pero "aún antes de ser adjudicado". El problema es luego de la adjudicación y la firma del contrato. De hecho por lo ocurrido en 2020 con la pandemia, cuando decenas de obras fueron frenadas, el Estado mendocino tuvo que pagar a muchas empresas por el parate de los trabajos. 

Desde Fiscalía piden un reaseguro legal. "Considero que sería relevante, para el supuesto caso de que la autoridad administrativa competente decidiese continuar con el procedimiento licitatorio en cuestión y eventualmente adjudicar el mismo: 1) emitir una circular aclaratoria, y 2) en el acto administrativo a emitirse y/o en el ulterior contrato de obra pública a suscribirse, una cláusula y/o artículo que precise que la renuncia genérica antes analizada, importa especialmente, por parte del eventual adjudicatario, la renuncia a reclamos indemnizatorios y/o de cualquier otra naturaleza, rubro y/o extensión, frente a la suspensión, y/o interrupción y/o fracaso del procedimiento licitatorio", recomiendan. 

En la licitación por Portezuelo los roles se han desdibujado, sobre todo con dos hechos. Por un lado, la participación de un solo oferente dejó de lado la competencia y las referencias. Por eso, por ejemplo, la UTE presentó primero un precio muy por encima del dinero disponible y luego, ante el perdido del Gobierno, bajó más de un 22% ese presupuesto. Por el otro, la participación política y estatal en la empresa IMPSA generó un cruce de esos roles: en la empresa metalúrgica (líder espiritual del proyecto) hay directivos del Estado que vienen desde EMESA, la empresa estatal de energía que debe controlar al consorcio. Además, las otras empresas que forman parte de la UTE Malal Hue tienen buena relación con funcionarios del gobierno. 

El frente político a nivel nacional parecía cerrarse porque la unión entre Alberto Fernández y Rodolfo Suarez a través de IMPSA puso a la Nación y la Provincia con el mismo horizonte. Pero el frente judicial es el que preocupa, porque en el futuro será la Corte Suprema la que deberá definir. La Pampa ya presentó el amparo ambiental que sigue sumando fojas en la Corte y espera latente.

Cada movimiento que hay en la licitación, es advertido como "hecho nuevo" por el gobernador pampeano en el expediente. Por eso cuando se abrieron los sobres de la licitación Sergio Ziliotto volvió a pedir "de manera imperiosa que se resuelva la medida cautelar...ordenándose no iniciar y/o suspender los procedimientos o trabajos que se estén llevando adelante con el fin de la concreción y/o puesta en funcionamiento de la obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento". Para La Pampa Mendoza no cumplió con la decisión del COIRCO de reevaluar el impacto ambiental de la obra en toda la cuenca. 

Portezuelo del Viento es un proyecto para construir una represa sobre el Río Grande, un curso de agua no regulado hasta ahora y que tiene como complejidad que es parte de la cuenca del Colorado. La intención es regular el río, pero sobre todo generar energía. Para ello se prevé construir una represa de hormigón compactado a rodillo que generará un embalse que será 4 veces más grande que Potrerillos. Al mismo tiempo será necesario mudar un pueblo (Las Loicas) y reconstruir dos rutas, además de montar una línea eléctrica. La obra se ejecuta con fondos que provienen de la Nación y que se otorgan como compensación por los perjuicios de la promoción industrial. 

El dinero ya se paga en cuotas trimestrales. En total son 1023 millones de dólares que la provincia debe usar para Portezuelo "u otras obras hídricas". En el último año creció la presión para desestimar ese proyecto por los conflictos que hay alrededor. Rodolfo Suarez quiere adjudicarla y dejar para "el momento en que ocurra" el análisis de los litigios legales.