Manuel Garrido: "La impunidad en los delitos del poder es casi absoluta en Argentina"
En Twitter @horayacante
Manuel Garrido, ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) de 2002 a 2009, y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires desde 2011, asegura que "hay una continuidad de prácticas" que fueron propias de la década menemista, que se caracterizó por las denuncias de hechos de corrupción de ministros y otros funcionarios. El legislador porteño por la UCR llegó a Mendoza este fin de semana para participar en unas jornadas sobre el derecho de acceso a la información.
A partir de ahí se han sucedido hechos sospechados con un tenor de sospecha grande como los presuntos enriquecimientos ilícitos de varios funcionarios nacionales, situaciones que nunca fueron esclarecidas. Los casos del ex secretario de Transporte Jaime es un emblema de esto y hay otras como del mismo vicepresidente Amado Boudou y sus buenos oficios en el escándalo de Ciccone, su acción de llevar adelante el salvataje de una imprenta que finalmente fue estatizada.
 |
Historia
Tras ocho años de investigación, que incluyó actos de funcionarios nacionales como María Julia Alsogaray, de la administración menemista; y Felisa Miceli, ex ministra de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner, Garrido asegura que no se pueden medir los niveles de corrupción, ya que “sólo hay puntas de icebergs de investigaciones sobre prácticas de corrupción”, que nunca se terminan de develar completamente.
"Las condiciones para la corrupción también se han mantenido". En la década menemista ocurrió con las privatizaciones de las empresas del Estado. En la época actual, es el de la renegociación de los contratos y el fenómeno de la distribución del subsidio y los fondos del ANSES; potenciada por la bonanza económica.
Tampoco las denuncias pueden ser tomadas como una guía del nivel de corrupción. En muchos casos, el miedo a las consecuencias de denunciar es un factor que juega en contra.
Si bien Argentina es parte de la Convención Internacional Contra la Corrupción -que establece mecanismos de protección a los denunciantes de buena fe-, en nuestro país no existe un sistema de protección de denunciantes.
El órgano receptor de la denuncia también es un factor condicionante, ya que la visibilidad del trabajo también incide en la aparición de nuevas denuncias. Otro hecho que atenta, es cuando el Estado hace gala de los medios que posee para perseguir a quienes se encuentran detrás de una denuncia.
El ecosistema de la impunidad
"En todos los países hay corrupción y Argentina no es la excepción", sostiene el ex titular de la FIA. La falta de sujeción al estado de derecho, la inestabilidad política que caracterizó al siglo XX, y la tendencia al cumplimiento de la ley es bastante débil. El argentino se caracteriza por encontrar vías para burlar las leyes, de las cuales, muchas considera absurdas. Consideración que también se traslada al ámbito político.
A esto se le suma un reclamo inconstante y esporádico de parte de la sociedad para mejorar los niveles de transparencia de los gobiernos.
Relato, corrupción e impunidad
En la actualidad, la palabra "corrupción" no existe, que junto con el término "inflación", hacen ruido en el discurso repetido por el proselitismo militante.
En consecuencia y en semejanza con la década anterior, "la impunidad en los delitos del poder en Argentina es casi absoluta".
Para Garrido, en una política que apunte a reducir la criminalidad completa y la corrupción, se tiene que trabajar sobre los incentivos. "Hay que poner contraincentivos para disuadir. Un marco de impunidad no desincentiva".
Hay una deficiencia en la detección y en la sanción. Una política que revierta la impunidad debe trabajar sobre la transparencia de los actos de gobierno, designaciones y control de cuentas.