Quieren imponer mano dura en el control interno a los policías mendocinos
Los miembros de la Inspección General de Seguridad solicitaron en la Legislatura mendocina que se elimine la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad de la provincia, para darle a ese organismo la facultad de aplicar penas. Aseguran que es la única manera de sancionar como corresponde.
Los integrantes de la Inspección General de Seguridad (IGS) quieren cambiar las reglas de juego. Sienten que sus decisiones mueren en la intrascendencia y que de nada sirve sugerir sanciones para los policías corruptos o que cometen faltas, si después, desde el Ministerio de Seguridad, terminan negociando castigos insignificantes. Si no tienen la capacidad para aplicar penalidades, entonces el organismo pasa a ser un elemento decorativo, de mero corte testimonial.
Básicamente, ese fue el motivo por el cual la semana pasada presentaron un anteproyecto en la Bicameral de Seguridad para reformar la ley 6.722, que reglamenta el funcionamiento de la Policía de Mendoza. Quieren que desde la Legislatura se impulse un mecanismo que permita suprimir la Junta de Disciplina para que sea la Inspección la encargada de instruir y aplicar sanciones en las causas internas contra los efectivos.
La Junta de Disciplina, tal como está planteada, responde -en la práctica- a las decisiones del ministro de turno. Según quién sea el policía afectado, y cuál sea la cercanía con los mandos del Ministerio, un pedido de exoneración puede convertirse en apenas unos días de suspensión.
Estos casos fueron planteados por los integrantes de la Inspección en la Casa de la Leyes. Sirvió para explicar cómo está funcionando actualmente la cartera que conduce Carlos Aranda y poner en blanco sobre negro la regresión existente desde aquella reforma policial que soñó alguna vez el ahora secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, y de la que sólo quedan recuerdos.
La mayoría de los cargos jerárquicos de Seguridad dejaron de estar en manos civiles y pasaron a ser controlados por comisarios en actividad y, en algunos casos, a punto de retirarse. Fue una tendencia que comenzó durante la gestión de Julio Cobos y que se consolidó desde que asumió Celso Jaque; especialmente, durante la etapa que tuvo a Carlos Ciurca como ministro.
Dentro de esa estructura se terminan decidiendo las penas para los policías que cruzan la línea. Los ejemplos sobran: efectivos de Investigaciones de Guaymallén trasladados por, supuestamente, “vender” información sobre allanamientos, o el ex director de Inteligencia, Darío Irrutia, que ahora está a cargo de la Jefatura Departamental de Santa Rosa, luego de haber amenazado e insultado a otros efectivos por quererlo detener al verlo en actitud sospechosa durante un patrullaje en la zona de El Challao.
La forma de establecer relaciones entre uniformados y funcionarios quedó plasmada luego de que un miembro de Inteligencia quedara en el medio de unas escuchas telefónicas que formaban parte de una investigación federal. Un alto funcionario, para defender al policía, reconoció: “Nosotros escuchábamos las grabaciones antes de entregárselas a la Justicia. Si hubiéramos detectado algo raro, no lo hubiéramos mandado al frente”
En los últimos dos años y medio, se recibieron 123 denuncias en sede judicial contra policías acusados de llevar adelante “apremios ilegales”. Traducido: se trata de quejas por maltratos, golpes y detenciones irregulares que, en algunos casos, pueden desencadenar en los llamados casos de “gatillo fácil”.
“Estamos trabajando en el proyecto. Queremos buscar la forma de poder dar marcha con esta idea”, aseguró el senador radical Sergio Bruni, presidente de la Bicameral de Seguridad.
La IGS es un órgano netamente político y está representado por los partidos mayoritarios: Leopoldo Orquín (UCR), Félix Pesce (PJ), Gonzalo Barrios (PD) y Jorge Fernández (ConFe). Allí se realizan las actuaciones sumarias contra los efectivos vinculados con hechos delictivos de diferentes características. Sin embargo, advirtieron que las resoluciones que salen de allí sufren un defasaje con las sanciones impuestas por la Junta de Disciplina.
Para Carlos Aranda, el pedido hecho no es una novedad. “Surgió de una idea conjunta. Nosotros ya estábamos al tanto. Y sabíamos de esta necesidad. Esperemos que se pueda reglamentar”, señaló quien, a priori, podría perder poder si esta propuesta se concreta. Porque, como explicó el diputado cobista Luis Petri, “más allá de la composición legal de la Junta de Discilpina, es el ministro de Seguridad quien ordena”.
Dentro de esa estructura se terminan decidiendo las penas para los policías que cruzan la línea. Los ejemplos sobran: efectivos de Investigaciones de Guaymallén trasladados por, supuestamente, “vender” información sobre allanamientos, o el ex director de Inteligencia, Darío Irrutia, que ahora está a cargo de la Jefatura Departamental de Santa Rosa, luego de haber amenazado e insultado a otros efectivos por quererlo detener al verlo en actitud sospechosa durante un patrullaje en la zona de El Challao.
La forma de establecer relaciones entre uniformados y funcionarios quedó plasmada luego de que un miembro de Inteligencia quedara en el medio de unas escuchas telefónicas que formaban parte de una investigación federal. Un alto funcionario, para defender al policía, reconoció: “Nosotros escuchábamos las grabaciones antes de entregárselas a la Justicia. Si hubiéramos detectado algo raro, no lo hubiéramos mandado al frente”
En los últimos dos años y medio, se recibieron 123 denuncias en sede judicial contra policías acusados de llevar adelante “apremios ilegales”. Traducido: se trata de quejas por maltratos, golpes y detenciones irregulares que, en algunos casos, pueden desencadenar en los llamados casos de “gatillo fácil”.
“Estamos trabajando en el proyecto. Queremos buscar la forma de poder dar marcha con esta idea”, aseguró el senador radical Sergio Bruni, presidente de la Bicameral de Seguridad.
La IGS es un órgano netamente político y está representado por los partidos mayoritarios: Leopoldo Orquín (UCR), Félix Pesce (PJ), Gonzalo Barrios (PD) y Jorge Fernández (ConFe). Allí se realizan las actuaciones sumarias contra los efectivos vinculados con hechos delictivos de diferentes características. Sin embargo, advirtieron que las resoluciones que salen de allí sufren un defasaje con las sanciones impuestas por la Junta de Disciplina.
Para Carlos Aranda, el pedido hecho no es una novedad. “Surgió de una idea conjunta. Nosotros ya estábamos al tanto. Y sabíamos de esta necesidad. Esperemos que se pueda reglamentar”, señaló quien, a priori, podría perder poder si esta propuesta se concreta. Porque, como explicó el diputado cobista Luis Petri, “más allá de la composición legal de la Junta de Discilpina, es el ministro de Seguridad quien ordena”.