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Lo que dejó el primer día del juicio histórico en San Rafael

Más allá de la lectura del requerimiento fiscal, en el día inaugural del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza volvió a instalarse el debate sobre si los subalternos podían rebelarse ante las órdenes. La vieja historia de la obediencia debida.

Poco más de seis horas de lectura. Con palabras que adquirieron diferentes significantes según quien las haya escuchado. En lo formal se cumplió con el paso procesal obligatorio de leer el requerimiento fiscal para llevar a juicio a los siete imputados por las desapariciones de Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Guillermo Berón. En lo perceptivo, en la sala quedo flotando el eterno debate sobre si los subalternos también pueden ser responsables por los hechos ordenados desde los mandos superiores. Por ahí pasó la apertura del primer juicio que se realiza en Mendoza por crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Para terminar con las diferentes posturas, la justicia argentina adopta una posición muy clara: haber recibido una orden no alcanza a un subordinado para protegerse si se trata de un hecho que, en sí mismo, configura un crimen. Por lo tanto, no existe en estos casos obediencia debida ni nada que se le parezca.

Los argumentos expuestos en su momento por el fiscal Francisco Maldonado para sentar a Luciano Benjamín Menéndez, Raúl Alberto Ruiz Soppe, Aníbal Alberto Guevara, José Martín Mussere, Juan Roberto Labarta, Cristobal Ruiz Pozo y Raúl Egea Bernal en el banquillo de los acusados tienen relatos idénticos a los escuchados en otras salas federales de diferentes puntos del país donde se desarrollaron juicios similares.

Es una enumeración constante de los métodos siniestros utilizados por el aparato represivo en su afán de “neutralizar y aniquilar a los elementos subversivos”, tal como estaba contemplado en la idea fundacional del tristemente llamado “proceso de reorganización nacional”.

De acuerdo con lo escuchado este jueves, la implementación de diferentes formas de tortura recorría un abanico que iba desde el submarino (tapar la cabeza de una persona con una tela y sumergirla en el agua para asfixiarla), picanas eléctricas, violaciones, quemaduras con cigarrillos, simulacros de fusilamiento o simplemente convertir a algún detenido en testigo de la tortura de algún ser querido, generalmente su cónyuge o sus hijos. Y no se hacía únicamente para obtener una información de los prisioneros considerados enemigos. También formaba parte de un divertimiento o pasatiempo, que consistía en martirizar a las víctimas, para luego decidir qué hacer con su vida.

Porque según se desprende del expediente, los subalternos tenían vía libre para disponer de las personas detenidas.

Patadas, gritos, hombres armados, corridas y disparos. Parece parte de la letra de una canción, pero son, en realidad, los recuerdos más marcados por los testigos que  vieron cuando se “chuparon” a su esposo o a su vecino.

Y parte de esos relatos fueron leídos este jueves en la facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo en San Rafael, lugar elegido como escenario de este juicio histórico.

Parte de la estrategia para garantizar la impunidad a pesar de los secuestros y homicidios, consistía en la confección de actas de liberación apócrifas, que tenían como objetivo simular que los detenidos habían sido dejados en libertad y que ninguna fuerza era responsable por su paradero. Aseguraban que si no regresaban a sus casas era porque no les interesaba estar con sus familias.

Eso le pasó a la viuda de Tripiana, que terminó expuesta a un tremendo maltrato psicológico por parte de quienes decían que su marido ya no estaba detenido y que había decidido fugarse con otra mujer.

Todo, absolutamente todo lo que sucedía en Mendoza era conocido por Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, dependencia que, desde Córdoba, controlaba todas las actividades “antisubversivas” que se llevaban a cabo en la provincia. De ahí partían las órdenes y allí se ideaban los planes macabros.

Y todos cumplieron. Y nadie, al menos quienes están imputados en estas causas, pusieron reparos. Y por eso para la Fiscalía, todos, en mayor o menor medida, son responsables.