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Política

Día histórico en Mendoza: comienza el primer juicio por crímenes cometidos durante la dictadura

Es por la desaparición forzosa de cuatro personas en San Rafael. Por los casos hay siete imputados; uno de ellos es Luciano Benjamín Menéndez, ausente por estar siendo juzgado actualmente en Tucumán. A partir de la 9, seguí la cobertura on line de MDZ.

Jorge Hirschbrand

La previa, en la puerta de donde se hará el debate.
La previa, en la puerta de donde se hará el debate.

Este jueves, a las nueve de la mañana, se empezará a romper el cerco de impunidad en la provincia de Mendoza. Por eso será histórico este juicio en San Rafael. Porque además de ser el primer debate oral en la provincia contra personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad, será el puntapié inicial para comenzar a desandar el camino de la justicia reclamada por los familiares de los detenidos-desparecidos durante la última dictadura militar. Un pedido que hasta el momento no tuvo eco en esta parte del mapa argentino.

Casi 34 años después del retorno de la democracia, en el banquillo de los acusados se sentarán los responsables de cortar abruptamente las vidas de Francisco Tripiana, José Guillermo Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio. Los cuatro se convirtieron en víctimas del aparato represivo del terrorismo de Estado: fueron detenidos y nunca más se supo de ellos.

Por estos casos están imputados Raúl Alberto Ruiz Soppe, quien era jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza; Aníbal Alberto Guevara, que se desempeñaba como Teniente del Ejército; José Martín Mussere (era oficial de la Policía y actuaba como enlace entre esa fuerza y los mandos militares); Juan Roberto Labarta, integrante del Departamente 2 de Inteligencia (D2) en San Rafael; Cristobal Ruiz Pozo, médico policial en esa época, y Raúl Egea Bernal, que tenía un cargo como abogado de la Policía de Mendoza.

Todos están acusados de haber participado –con diferentes grados de responsabilidad- en el secuestro y posterior desaparición de las personas mencionadas. Y si bien los cuerpos de las víctimas jamás fueron hallados, enfrentan cargos que van desde la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte (contempla una pena de prisión perpetua) hasta falsificación de documentos, por haber redactado y firmado actas donde supuestamente se demostraba la liberación de los detenidos. Esos documentos, finalmente, se convirtieron en pruebas clave para mostrar las metodologías utilizadas por la fuerzas a cargo de la represión ilegal.

En síntesis, la tarea se repartía entre quienes decidían los secuestros, quienes los llevaban a cabo y quienes, a través de documentos falsos, querían darle un manto de "legalidad" a la cuestión.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza, compuesto por Roberto Burad, Héctor Fabián Cortés y Roberto Julio Nacif. Uno de los fiscales será Dante Vega, nombrado recientemente en ese cargo y conocido por haber sido un abogado cercano a los organismos de Derechos Humanos en la provincia.

De todos modos, el principal imputado en estas causas estará ausente. Se trata de Luciano Benjamín Menéndez, quien era la máxima autoridad del Tercer Cuerpo de Ejército, unidad que controlaba la zona del país que incluía a Mendoza en el reparto geográfico dispuesto por las Fuerzas Armadas para llevar a cabo la guerra sucia.

Además de tener responsabilidad directa sobre los casos en Mendoza, Menéndez (condenado a perpetua en otras causas) está siendo juzgado actualmente por hechos similares en Tucumán. Y por eso no comparecerá, al menos, en el inicio del juicio en San Rafael.

Las historias
Francisco Tripiana era obrero de la construcción y fue secuestrado en la madrugada del 24 de marzo de 1976; precisamente en el mismo momento en que la junta compuesta por Jorge Rafael Videla, Ramón Agosti y Emilio Nicolás Massera completaba el golpe militar contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Tripiana estaba descansando en su casa cuando fue secuestrado por un grupo de tareas.

Un día después se llevaron a Roberto Osorio, empleado de farmacia vinculada con la familia del ex gobernador justicialista Alberto Martínez Baca. Y al día siguiente, el 26 de marzo, arrancaron a Pascual Sandoval, trabajador rural, de la finca Santa Elena.

En agosto de ese año, durante una fiesta de cumpleaños, fue detenido José Berón Llano. Era un obrero de 20 años. Su padre  llegó a verlo detenido en el cuartel de Bomberos. Pero nunca más hubo noticias de su paradero.

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