Las cámaras de vigilancia, y una sospecha de fraude
La presentación fue hecha por la diputada Patricia Gutiérrez en la Fiscalía de Delitos Complejos. La legisladora pide que se investigue si el gobierno contrató directamente a la firma Arlink a pesar de no estar habilitada. Se sospecha que la provincia de Mendoza hizo negocios con una empresa off shore.
La diputada provincial Patricia Gutiérrez presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos Complejos para que se investiguen las presuntas irregularidades que surgen del expediente de contratación directa de la empresa Arlink para la instalación, el manejo y el control de las cámaras de seguridad urbana.
La legisladora apuntó a los manejos poco claros que se hicieron durante el proceso que terminó beneficiando a una firma representada por Daniel Vila, Alfredo Vila y José Luis Manzano. Se trata de los mismos empresarios que, unas semanas después de quedarse con el negocio de las cámaras de vigilancia, fueron denunciados en la Legislatura por el secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, por extorsionar al gobierno.
La presentación de Guitérrez tiene como objetivo agregar datos en una causa iniciada de oficio por el fiscal especial Santiago Garay, y que nació de la denuncia hecha por el vicegobernador Cristian Racconto por un supuesto espionaje en su contra.
Lo que Garay investiga es una serie de violaciones a la ley provincial 7924, sobre utilización y uso de videocámaras, grabaciones e imágenes de lugares públicos para la prevención de delitos.
En esa norma están contemplados los puntos que deben respetarse para garantizar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Sin embargo, las consideraciones que establece el marco legal no fueron tenidas en cuenta. Al menos eso se desprende de las declaraciones hechas por los principales funcionarios del Ministerio de Seguridad que declararon en la Legislatura por pedido de la comisión que investigó el “caso Racconto”.
Si bien las pericias lograron determinar que no había manera de ver el interior del despacho de vicegobernador durante el día, fue el jefe de Gabinete de Seguridad, Eduardo Bauzá, quien explicó que, a modo de prueba, el gobernador Celso Jaque (una de las personas que tiene acceso a todas las imágenes captadas por las cámaras) pudo hacerlo de noche. E hizo una salvedad: aseguró que en ese momento no había nadie en la oficina.
Este tema puso la mira sobre las previsiones que no fueron puestas en práctica hasta el momento para evitar invasiones a la intimidad y así descartar denuncias y juicios contra el Estado. A casi un año de la instalación de las primeras cámaras, todavía no aparecieron los carteles obligatorios que deben indicar cuáles son las zonas que gozan con vigilancia a través de un sistema de video, tal como está previsto en la reglamentación que, por ahora, no se cumple.
¿De quién es Arlink?
Para que Arlink consiguiera el contrato fue clave el papel que jugó el director de Informática del Ministerio de Seguridad, Ángel Pittón, cuestionado por sus repetidos viajes a Alemania, invitado por una de las empresas que maneja el sistema Tetra policial y que estará a cargo de las comunicaciones del ferrotranvía.
Fue Pittón quien descartó a las demás oferentes y entendió que las condiciones técnicas de Arlink eran las mejores.
A partir de este dato, resultó paradójico que, para poder cumplir con su parte del trato, Arlink terminara asociándose con Patagonia Green, la compañía que salió segunda en esa competencia.
En el análisis del proceso de adjudicación aparecieron puntos oscuros sobre los datos aportados por Arlink, como, por ejemplo, la presentación de un último balance cuya fecha no reunía los requisitos establecidos por el gobierno para poder participar del concurso.
Arlink justificó su presencia local dando la misma dirección que la del Grupo Uno Multimedios (Lisandro de la Torre 150 de Ciudad). Y se dio por entendido que entre ambas empresas había un vínculo en común. Sin embargo, una deuda con el fisco del Grupo Uno Multimedios hubiese impedido que Arlink participara en la carrera para quedarse con el negocio de las videocámaras, cuyo costo asciende aproximadamente a los 50 millones de pesos.
Además, la provincia habría hecho caso omiso a las recomendaciones vigentes para evitar el lavado de dinero y dar transparencia a las operaciones.
Hasta donde se sabe, el 31,51 por ciento de Arlink está representado por el trío Vila-Vila-Manzano, pero, según la denuncia, el 68,49 restante corresponde a Crofton Company, una firma instalada en las Antillas Holandesas –considerado un paraíso fiscal-, cuya única dirección es un buzón de correo: De Ruyterkade 62 P- O- Box 812 Curacao.
Por eso, dentro de la estrategia de los denunciantes, aparece un pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Carlos Aranda, en la Legislatura, y la citación de los hermanos Vila y de José Luis Manzano en sede judicial.
El principal objetivo de este segundo punto es aclarar si, tal como manifestó Eduardo Marcelo Vila en su rol de apoderado de Arlink, esta empresa forma parte de Supercanal. Y, de ser así, empezar de desmadejar y cotejar las limitaciones que le podrían haber cabido en el proceso de contratación directa. Si se comprueba que estaba inhabilitada, el contrato podría caerse.
A eso, se agrega la necesidad de saber quién o quiénes están detrás de Crofton Company. O, si en todo caso, la provincia decidió dejar de lado todo tipo de controles y ejecutó un negocio millonario con una empresa off shore.
Si bien las pericias lograron determinar que no había manera de ver el interior del despacho de vicegobernador durante el día, fue el jefe de Gabinete de Seguridad, Eduardo Bauzá, quien explicó que, a modo de prueba, el gobernador Celso Jaque (una de las personas que tiene acceso a todas las imágenes captadas por las cámaras) pudo hacerlo de noche. E hizo una salvedad: aseguró que en ese momento no había nadie en la oficina.
Este tema puso la mira sobre las previsiones que no fueron puestas en práctica hasta el momento para evitar invasiones a la intimidad y así descartar denuncias y juicios contra el Estado. A casi un año de la instalación de las primeras cámaras, todavía no aparecieron los carteles obligatorios que deben indicar cuáles son las zonas que gozan con vigilancia a través de un sistema de video, tal como está previsto en la reglamentación que, por ahora, no se cumple.
¿De quién es Arlink?
Para que Arlink consiguiera el contrato fue clave el papel que jugó el director de Informática del Ministerio de Seguridad, Ángel Pittón, cuestionado por sus repetidos viajes a Alemania, invitado por una de las empresas que maneja el sistema Tetra policial y que estará a cargo de las comunicaciones del ferrotranvía.
Fue Pittón quien descartó a las demás oferentes y entendió que las condiciones técnicas de Arlink eran las mejores.
A partir de este dato, resultó paradójico que, para poder cumplir con su parte del trato, Arlink terminara asociándose con Patagonia Green, la compañía que salió segunda en esa competencia.
En el análisis del proceso de adjudicación aparecieron puntos oscuros sobre los datos aportados por Arlink, como, por ejemplo, la presentación de un último balance cuya fecha no reunía los requisitos establecidos por el gobierno para poder participar del concurso.
Arlink justificó su presencia local dando la misma dirección que la del Grupo Uno Multimedios (Lisandro de la Torre 150 de Ciudad). Y se dio por entendido que entre ambas empresas había un vínculo en común. Sin embargo, una deuda con el fisco del Grupo Uno Multimedios hubiese impedido que Arlink participara en la carrera para quedarse con el negocio de las videocámaras, cuyo costo asciende aproximadamente a los 50 millones de pesos.
Además, la provincia habría hecho caso omiso a las recomendaciones vigentes para evitar el lavado de dinero y dar transparencia a las operaciones.
Hasta donde se sabe, el 31,51 por ciento de Arlink está representado por el trío Vila-Vila-Manzano, pero, según la denuncia, el 68,49 restante corresponde a Crofton Company, una firma instalada en las Antillas Holandesas –considerado un paraíso fiscal-, cuya única dirección es un buzón de correo: De Ruyterkade 62 P- O- Box 812 Curacao.
Por eso, dentro de la estrategia de los denunciantes, aparece un pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Carlos Aranda, en la Legislatura, y la citación de los hermanos Vila y de José Luis Manzano en sede judicial.
El principal objetivo de este segundo punto es aclarar si, tal como manifestó Eduardo Marcelo Vila en su rol de apoderado de Arlink, esta empresa forma parte de Supercanal. Y, de ser así, empezar de desmadejar y cotejar las limitaciones que le podrían haber cabido en el proceso de contratación directa. Si se comprueba que estaba inhabilitada, el contrato podría caerse.
A eso, se agrega la necesidad de saber quién o quiénes están detrás de Crofton Company. O, si en todo caso, la provincia decidió dejar de lado todo tipo de controles y ejecutó un negocio millonario con una empresa off shore.