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El fin de la guerra de los casinos
La decisión fue confirmada por el titular del gremio Unión Personal de Juegos del Casino de Mendoza, Miguel Bergamín. Se tomó luego de que el gobierno garantizara a través de un decreto que los trabajadores del Instituto Provincial cobrarán el adicional al sueldo aún si bajan las ganancias. La historia y la trama de los intereses privados en juego.
Y un día la novela terminó. El gobierno provincial llegó a un acuerdo con el gremio Unión Personal de Juegos del Casino de Mendoza y por primera vez se vislumbra una bandera blanca en la conocida “guerra de los casinos”. La batalla judicial entre casinos, hoteles, empleados y sindicatos se acerca al final.
En el Boletín Oficial de este martes, se publicó el decreto 1.254 firmado por Celso Jaque y el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, con el cual se garantiza que los empleados que trabajan en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos tendrán asegurado el “adicional por mayor productividad” que temieron perder por la aparición de nuevas salas de juego en la provincia.
A cambio de este arreglo, el sindicato dejará sin efecto todos los amparos presentados en la justicia federal y provincial que buscaban trabar la apertura de nuevos casinos privados a pesar de contar con la autorización del Poder Ejecutivo.
El origen de la historia se remonta a la apertura del casino Enjoy (Sheraton). Frente a una nueva oferta en el mercado del juego, los empleados del Instituto Provincial temieron que las ganancias del Casino Central disminuyeran. Y si eso ocurría, el recorte se notaría en la liquidación del porcentaje de utilidades que se reparte entre los trabajadores de ese organismo.
Con la idea de frenar la inauguración del Enjoy, un grupo de empleados presentó una medida cautelar en el despacho de la jueza federal Olga Pura Arrabal, quien, si bien no tenía competencia para actuar sobre los hechos planteados, se quedó con la causa porque quienes impulsaron el amparo afirmaron tener sospechas de posibles irregularidades tributarias en la administración del Enjoy.
Detrás del reclamo de los empleados, se motorizaban los intereses del grupo Vila-Manzano, vinculado con la empresa Mendoza Central Entretenimiento, operadora de las máquinas tragamonedas en el Casino Central. Si Enjoy le quitaba clientes el casino estatal, entonces la ganancia para MCE también desminuiría.
El recurso de ir a la Justicia, entonces, se convirtió en una práctica cotidiana, casi de carácter extorsivo. Cada casino privado próximo a abrir sus puertas recibía la visita de abogados que “vendían” seguridad jurídica. O pagaban una suerte de “protección” para trabajar sin problemas o se verían involucrados en nuevas presentaciones judiciales. Sucedió con Enjoy, pasó con el casino del hotel Intercontinental que abrirá en las próximas semanas y el panorama era similar para las salas que ya tienen habilitación, pero que todavía están en etapa de construcción.
Punto final
Para frenar el embate de los empleados, el gobierno decidió dividir las aguas. Desde el Instituto estudiaron la situación y entendieron que una manera práctica de desalentar a la presentación de nuevos amparos y desactivar los vigentes era respondiendo al pedido planteado.
Se puso en práctica una fórmula para garantizar que todos los trabajadores cobren el adicional, aun cuando los ingresos del Instituto disminuyeran. Se estimó un piso básico y se dispuso que los fondos para cumplir con ese compromiso saldrá “afectando el 7 por ciento del monto mensual de utilidades brutas producidas por sus salas de juego y tragamonedas”, según se lee en el decreto.
“Es un gran logro gremial”, aseguró Miguel Ángel Bergamín, titular del sindicato de empleados de juegos y casinos. Y agregó: “Es indudable que no vamos a seguir adelante con los amparos, porque conseguimos lo que buscábamos”.
Bergamín explicó que no hubo negociación con el gobierno que incluyera el tema de los amparos. “Pero estaba claro que, sin decirlo, una cosa iba a llevar a la otra. Ya no tiene sentido seguir reclamando”.
¿Quiénes ganaron? Todos… o casi todos. Los empleados lograron su objetivo, el gobierno se sacó un peso de encima y los casinos privados evitaron contratiempos judiciales. Aunque para “Mendoza Central Entretenimiento”, la noticia no fue del todo grata: la oferta de tragamonedas cada vez será más fuerte y la posibilidad de ganar menos dinero está latente. Y así y todo, ya no tiene modo de reclamar.
Detrás del reclamo de los empleados, se motorizaban los intereses del grupo Vila-Manzano, vinculado con la empresa Mendoza Central Entretenimiento, operadora de las máquinas tragamonedas en el Casino Central. Si Enjoy le quitaba clientes el casino estatal, entonces la ganancia para MCE también desminuiría.
El recurso de ir a la Justicia, entonces, se convirtió en una práctica cotidiana, casi de carácter extorsivo. Cada casino privado próximo a abrir sus puertas recibía la visita de abogados que “vendían” seguridad jurídica. O pagaban una suerte de “protección” para trabajar sin problemas o se verían involucrados en nuevas presentaciones judiciales. Sucedió con Enjoy, pasó con el casino del hotel Intercontinental que abrirá en las próximas semanas y el panorama era similar para las salas que ya tienen habilitación, pero que todavía están en etapa de construcción.
Punto final
Para frenar el embate de los empleados, el gobierno decidió dividir las aguas. Desde el Instituto estudiaron la situación y entendieron que una manera práctica de desalentar a la presentación de nuevos amparos y desactivar los vigentes era respondiendo al pedido planteado.
Se puso en práctica una fórmula para garantizar que todos los trabajadores cobren el adicional, aun cuando los ingresos del Instituto disminuyeran. Se estimó un piso básico y se dispuso que los fondos para cumplir con ese compromiso saldrá “afectando el 7 por ciento del monto mensual de utilidades brutas producidas por sus salas de juego y tragamonedas”, según se lee en el decreto.
“Es un gran logro gremial”, aseguró Miguel Ángel Bergamín, titular del sindicato de empleados de juegos y casinos. Y agregó: “Es indudable que no vamos a seguir adelante con los amparos, porque conseguimos lo que buscábamos”.
Bergamín explicó que no hubo negociación con el gobierno que incluyera el tema de los amparos. “Pero estaba claro que, sin decirlo, una cosa iba a llevar a la otra. Ya no tiene sentido seguir reclamando”.
¿Quiénes ganaron? Todos… o casi todos. Los empleados lograron su objetivo, el gobierno se sacó un peso de encima y los casinos privados evitaron contratiempos judiciales. Aunque para “Mendoza Central Entretenimiento”, la noticia no fue del todo grata: la oferta de tragamonedas cada vez será más fuerte y la posibilidad de ganar menos dinero está latente. Y así y todo, ya no tiene modo de reclamar.