Ley de Medios: el fallo de la Corte desnudó quién es quién en Mendoza
El fallo de la Corte contra el amparo que había suspendido la Ley de Medios dejó muy mal parados a todos los involucrados en esta historia. Y puso sobre la mira la tarea de varios integrantes de la Justicia Federal de Mendoza y del legislador mendocino que intentó frenar la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales.
Todo indica que la jueza federal Olga Pura Arrabal, la Cámara Federal de Mendoza y el diputado nacional Enrique Thomas actuaron a favor de grupos empresarios determinados. Llámense Grupo Clarín o Multimedios Uno, todo lo que hicieron y firmaron habría sido para favorecerlos. Al menos eso parece desprenderse de una segunda lectura del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la medida cautelar presentada por el legislador mendocino y ejecutada por los magistrados federales de esta provincia.
Si no fue así, si realmente nunca tuvieron mala intención ni operaron a favor de intereses privados, entonces deberán cuestionarse si están capacitados para estar en los cargos que ejercen. El motivo es simple: el caso de la Ley de Servicios Audiovisuales sirvió como ejemplo para entender que ninguno de ellos conoce a fondo su trabajo.
Thomas presentó hace unos meses un recurso de amparo en la Justicia Federal mendocina por entender que sus derechos como diputado nacional habían sido violentados en el Congreso. Según manifestó oportunamente, durante el debate y la votación del proyecto que posteriormente se convirtió en ley, hubo diferente tipos de vicios en los procedimientos y los reglamentos internos de la Cámara Baja.
Como suele ocurrir con las causas que de algún modo u otro tienen que ver con el grupo Vila-Manzano, la jueza Olga Pura Arrabal falló en consecuencia y suspendió la puesta en práctica y aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, conocida como “Ley de Medios”, la norma que enfrentó abiertamente al Gobierno con los dueños de los multimedios más grandes de la Argentina. Y, en la misma sintonía, la opinión de la jueza fue confirmada por la Cámara Federal mendocina, que recibe numerosos cuestionamientos del gobierno nacional y kirchneristas locales, y de las organizaciones de Derechos Humanos, por la actuación de algunos de sus miembros durante la Dictadura, y en causas relacionadas a las violaciones a los DDHH.
Para la Corte, no sólo el recurso presentado por Thomas fue improcedente, sino que también criticó duramente el accionar de los jueces federales mendocinos, a quienes se los acusó de lesionar la independencia de poderes con sus resoluciones.
Una tercera posibilidad es que los integrantes de la Corte Suprema se hayan equivocado. Que ninguno de los ellos sepa realmente de leyes y hayan llegado hasta ese lugar por acomodo; que le rindan pleitesía al gobierno kirchnerista y que hayan inventado cualquier artilugio para castigar a los empresarios que, a través de la concentración de medios de comunicación, hacen lo posible para ser los dueños de la información en Argentina.
Frente a esta última opción, hay que recordar que la Corte dio la espalda al gobierno nacional en más de una oportunidad; que los ministros de la Corte tuvieron diversos cruces verbales con la presidenta y con el ex presidente, y que, como si fuera poco, todos los jueces que componen el máximo tribunal gozan de un prestigio internacional irrefutable. Se trata de una Corte envidiada por la mayoría de los países de la región y cuyos fallos –luego de la salida los jueces incorporados durante el menemismo- son materia de estudio para enseñar cómo se puede hacer justicia de una manera simple y sin tantos vericuetos.
En todo caso, la situación sigue siendo preocupante en Mendoza. Porque son estos mismos jueces, desprestigiados y deslegitimados por la Corte, los que, en teoría, siguen administrando justicia.
Una tercera posibilidad es que los integrantes de la Corte Suprema se hayan equivocado. Que ninguno de los ellos sepa realmente de leyes y hayan llegado hasta ese lugar por acomodo; que le rindan pleitesía al gobierno kirchnerista y que hayan inventado cualquier artilugio para castigar a los empresarios que, a través de la concentración de medios de comunicación, hacen lo posible para ser los dueños de la información en Argentina.
Frente a esta última opción, hay que recordar que la Corte dio la espalda al gobierno nacional en más de una oportunidad; que los ministros de la Corte tuvieron diversos cruces verbales con la presidenta y con el ex presidente, y que, como si fuera poco, todos los jueces que componen el máximo tribunal gozan de un prestigio internacional irrefutable. Se trata de una Corte envidiada por la mayoría de los países de la región y cuyos fallos –luego de la salida los jueces incorporados durante el menemismo- son materia de estudio para enseñar cómo se puede hacer justicia de una manera simple y sin tantos vericuetos.
En todo caso, la situación sigue siendo preocupante en Mendoza. Porque son estos mismos jueces, desprestigiados y deslegitimados por la Corte, los que, en teoría, siguen administrando justicia.
Jorge Hirschbrand es editor de MDZ. En Twitter: @Jorge_Hirsch