Se define la madre de todas las batallas

Alfredo Cornejo sabía a lo que se exponía. Durante los últimos tres meses de 2018 el gobernador rumió la idea de promulgar la reforma del artículo 198 de la Constitución, que había sido votado hace una década, con la intención clara de jubilar a los históricos caciques del peronismo en los departamentos que gobiernan desde hace años. En lo conceptual, siempre estuvo convencido de que debía firmar ese decreto para limitar las elecciones indefinidas de los intendentes. Aunque demoró largo tiempo una decisión por tres cuestiones no menores.

Una de ellas, era institucional. Cornejo sabía que tal determinación iba a derivar en algún momento en un planteo de inconstitucionalidad en la Justicia. La otra, fue que siempre jugó con la amenaza de la promulgación del 198 como una forma de mantener a raya al peronismo. Pero existía asimismo un temor político de fondo: el gobernador avizoraba un 2019 muy complejo desde el punto de vista económico (igual o peor que el 2018) y temía que, en caso de tener que buscar leyes de emergencia en la Legislatura para enfrentar la crisis, el peronismo terminara por complicarle esa salida a modo de respuesta por haber pasado a retiro a sus principales intendentes.

Como una profesía autocumplida, casi todo esto pasó. La gravedad de la situación del sector vitivinícola que se está ventilando por estos días es el ejemplo. El PJ, a través de su presidente, salió a rechazar de plano la posibilidad de habilitar las mayorías necesarias en la Legislatura para que el Gobierno se endeude por $4.000 millones y salga a socorrer con un plan plurianual a productores y bodegueros.

“Cornejo no está buscando una solución a la problemática, está buscando rédito electoral a costa de los vitivinicultores y, en caso de salirse con la suya, pretende patear el problema hacia adelante. En el seno del Partido Justicialista hemos estado trabajando con nuestros legisladores y especialistas en una propuesta que posibilite una solución real al problema de la vitivinicultura. Consideramos que los fondos que se apliquen a tal fin no deben provenir de un nuevo endeudamiento que agrave la situación económico-financiera provincial”, redactó Guillermo Carmona en un comunicado, el día después de que el propio gobernador había mandado a los representantes del sector a presionar para que ese endeudamiento sea votado. En la primera crisis fuerte que se desató este año, ocurrió lo esperado.

Cornejo, en plan electoral, es voraz. En su imaginario no existe la posibilidad de que en la provincia hayan municipios gobernados por otro partido que no sea el suyo. Y en esta discusión siempre estuvo clara una cosa: detrás de la promulgación de la enmienda constitucional estuvo la ambición de recuperar San Rafael para el radicalismo. Los hermanos Félix, y sobre todo Emir, el intendente, son el escollo más fuerte en ese sentido.

Pero en esta película no existen buenos y malos. El propio Félix y sus colegas afectados (Roberto Righi, Martín Aveiro y Jorge Giménez) respondieron desdoblando las elecciones e intentaron separar solamente las PASO para votar luego, en la general, a sus intendentes en la misma fecha que al gobernador para no terminar de afectar del todo las chances del candidato que presentara el Justicialismo. Era un mamarracho que no prosperó, porque en definitiva funcionaron algunos diques de contención institucional en la Junta Electoral.

El juego está ahora en manos de la Suprema Corte. Este lunes, en la reunión habitual de comienzos de semana de los integrantes del máximo tribunal, se comenzarán a definir algunas cuestiones que depararán novedades en los próximos días.

La Corte va a resolver la medida cautelar presentada por los intendentes afectados para que los dejen competir en las próximas elecciones hasta que se resuelva la cuestión de fondo (la constitucionalidad del decreto de Cornejo), pero antes deberán dilucidarse al menos dos cosas.

Una de ellas será la conformación de la Sala que resolverá la cuestión. Aquí el problema son las recusaciones que recayeron sobre los jueces Mario Adaro y Dalmiro Garay.

En trazos generales, las objeciones que pesan sobre ambos son similares: que de alguna forma u otra, en su pasado como ministros políticos de sus respectivos gobiernos, preopinaron sobre tema. Sobre Adaro , el gobierno agregó un condicionante y es que además tiene una amistad de larga data con uno de los afectados, Jorge Giménez.

Un acuerdo no escrito se comenzó a delinear entre los recusados. Si se apartan de la causa lo harán ambos y si las recusaciones son rechazadas, tanto Garay como Adaro seguirán interviniendo. En otras palabras: o se quedan los dos, o ambos se van.

De la manera en que quede conformada la Sala I, será la suerte que corra la medida cautelar planteada por el PJ. El tribunal que está a cargo de resolver las recusaciones está conformado por los magistrados Omar Palermo, José Valerio y Julio Gómez.

Y de lo que ellos decidan se abrirán después al menos dos opciones. Palermo y Valerio terminarán integrando el tribunal que fallará junto Adaro. O en cambio, si el exministro de Gobierno de Celso Jaque es corrido, ese lugar lo ocupará Gómez.

Existe otra posibilidad en caso de que no se respete ese pacto no formalizado. Que Garay siga y Adaro no, con lo cuál el exfuncionario de Cornejo pasará a definir qué pasará en lo inmediato con la precautoria.

Esa misma Sala será la que deberá resolver los pedidos que hizo la Asesoría de Gobierno esta semana, que incluyó un planteo para que se suspendan las elecciones en los cuatros distritos en conflicto. Es muy poco probable que se acceda a esto, aunque sí podría darse vista a otra solicitud hecha por Ricardo Canet. El Asesor pidió que se consulte a los partidos políticos, en este punto al Partido Justicialista, porque lo considera como el verdadero titular del derecho político afectado y no a los intendentes.

Todos estos trámites demorarían una sentencia hasta los últimos días de febrero. Si se rechaza la cautelar, será cosa juzgada y los caciques pasarán a retiro. Ahora bien: si se les permite presentarse, una situación inédita en la historia política mendocina se presentará.

¿Qué sucederá en caso de que la Corte sostenga después que la promulgación del 198 es constitucional? Y aquí corren los tiempos de los jueces supremos siempre muy lentos en decisiones de esta envergadura.

Uno de los debates en el cuarto piso del edificio de Tribunales por esos días es si la cuestión de fondo debe resolverse antes de las elecciones de junio o patear la pelota hacia adelante. El ala de los magistrados más vinculada al Gobierno entiende que esto debe votarse en cuestión de meses. Y no más allá.

Un dato clave: más allá de la discusión por los tiempos, Cornejo no tiene una victoria asegurada ni mucho menos, porque la Corte todavía no está perfilada hacia cómo resolverá el planteo de inconstitucionalidad y eso le agrega aún mas incertidumbre la cuestión.

Hoy, los jueces máximos nombrados por el gobernador respaldarán los límites a las reelecciones de los intendentes tal como fueron impuestos. Los cercanos al peronismo, apuntan a cerrar filas.

Algo se definió, sin embargo. El máximo tribunal, independientemente de los pedidos del Poder Ejecutivo, seguramente responderá a través de un fallo plenario de todos sus integrantes si el decreto del gobernador es constitucional o no lo es. La medida sena razonable para darle a esa sentencia una contundencia definitiva y zanjar para siempre la discusión por las mayorías necesarias para reformar la Constitución. Algo que en Mendoza, desde un fallo de Sala impulsado por Aída Kemelmajer de Carlucci en 1989, se viene discutiendo nada más y nada menos que durante los últimos 30 años.