El conflicto por Penitentes, lejos de terminar

Lejos de solucionarse, el conflicto por la explotación del centro de esquí Los Penitentes todavía persiste.

Los expermisiorarios del lugar, la empresa vinculada a la familia López Frugoni, volvieron a la Justicia por lo que consideran una quita injusta de la concesión por parte del gobierno de Alfredo Cornejo y presentaron un Recurso Extraordinario Federal ante la Suprema Corte provincial para que el expediente sea resuelto a nivel nacional.

El destino de la jugada es incierto. La Corte ya desestimó a nivel local una Acción Penal Administrativa (APA) y ratificó la constitucionalidad del decreto que el gobernador firmó para quitarle la concesión del complejo a los hermanos  López Frugoni y ahora resultará difícil que le los jueces Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro vayan en otro sentido.

Sin embargo, en caso de avalar el planteo, terminarían por complicar el proceso que el propio Gobierno ya puso en marcha para encontrar un nuevo explotador en la zona: si el expediente pasa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deberá frenarse tanto el permiso de concesión precaria que, en medio algunas controversias, la provincia otorgó para esta temporada a un privado.

Y asimismo, no podrá avanzar con la licitación nacional e internacional que ya se puso en marcha para encontrar un operador que le devuelva la vida a uno de los atractivos turísticos más importantes de la Alta Montaña.

El miércoles próximo, también en el ámbito judicial, todos los protagonistas de esta historia se verán las caras. En el marco del expediente que se está tramitando en el fuero civil, la jueza María Eugenia Guzmán convocó a una audiencia de conciliación de las partes para que terminen avalando (sobre todo los exconcesionarios) la salida transitoria que encontró el Ente Turismo Mendoza, que conduce Gabriela Testa, para que este invierno alguien se quede con el negocio de los trineos en el lugar.

El encuentro amenaza con ser duro. Los López Frugoni (Emilio, María Eugenia y Magdalena por la mayoría. Y Julián y Pity por la minoría de los accionistas) entienden que lo que se está pretendiendo es una legitimación por parte de la Justicia a una movida de Turismo y están dispuestos a dar la pelea.

Hace poco más de un año, en abril de 2018, Cornejo firmó un decreto que rechazaba un pedido de prórroga de la concesión de Los Penitentes presentado por los López Frugoni. Estos habían gozado de una concesión del centro por 35 años y pretendían extenderla por 35 años más.

No lo hizo al principio. Pero con el transcurrir de los meses y sobre todo cuando el conflicto se agudizó, el Gobierno empezó a hablar de corrupción para referirse a aquel viejo acuerdo que data de la Dictadura. “Estamos presos de una situación de corrupción nacida en 1978”, fue lo que descargó Testa.

Desde Casa de Gobierno buscaron apurar a la Corte con un fallo que finalmente salió, pero justo unas semanas antes de que comience a nevar en la montaña. Luego de conocida la decisión del máximo tribunal de rechazar la APA, el Emetur avanzó con una permiso precario de concesión para que, al menos, durante este invierno, se pudiera habilitar un parque de nieve para que la gente se pueda tirar utilizando trineos. En definitiva, a falta de esquí, se permitirá el culipatín.

Mientras tanto, se revolvió, se avanzará en una licitación nacional e internacional para determinar quien explotará el complejo a futuro.

Desde que decidió la quita de la concesión y mientras esperaba la sentencia judicial que finalmente avaló tal decisión, se fueron  improvisando medidas.

Una de ellas fue postergar a mediados del año pasado y hasta el 31 de diciembre de 2018 la toma de posesión del predio ubicado sobre la Ruta 7, permitiendo que otra razón social (Los Penitentes Centro de Esquí) se hiciera cargo de la explotación comercial el pasado invierno. Sin embargo, a raíz de que tampoco funcionó esa iniciativa, optaron en enero por tratar de encontrar la forma de garantizar los servicios esenciales en la zona hasta que se adjudique definitivamente la explotación a otra empresa.

El numero dos del ministerio de Gobierno, el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, ya viene desde hace meses negociando en privado para que el actual concesionario de Los Puquios, Jorge Pérez Polo, extienda sus negocios en alta montaña.

En febrero se reunió tanto con él como con integrantes de la familia López Frugoni para ver si se podía llegar a un acuerdo. Pero no pudo. Ahora, que la Justicia les liberó el camino, se terminó cerrando el acuerdo con este operador.

El argumento por parte del Estado fue que, para otorgar el permiso precario, había dos chances solamente: Pérez Polo o los operadores de Las Leñas. El punto es el análisis de la propuesta de explotación económica que formuló el dueño de Los Puquios.

Según dejó por escrito, ofrece hacer una inversión de $500.000 y abonar “en concepto de alquiler por la temporada invernal” una suma de $16.500 por día habilitado al público.

La suma suena irrisoria si se toma en cuenta que, en una sola jornada de alquiler de trineos, los ingresos son de cientos de miles de pesos. Y además López Polo manejará la playa de estacionamiento, el restaurante del lugar, el local de alquiler de equipos, la boletería y la escuela de esquí, entre otras cajas.

El anuncio de este acuerdo transitorio tuvo además otro condimento. Antes de que se conociera, se mencionó la existencia de una oferta que fue desestimada por el Ente provicial. Se trató de una iniciativa del empresario Gabriel Uranga, que manejó el Ski Rental de Penitentes durante varias temporadas y, por falta de documentación, según la respuesta oficial, esa propuesta fue desestimada.

Esta situación desencadenó algunos cruces en las redes sociales entre el diputado de Protectora, Mario Vadillo y Testa, la titular del Emetur.

El legislador provincial advirtió con que iban a promover esa propuesta alternativa y Testa le contestó por WhatsApp. “Lo invito a mi oficina para despejar sus dudas. La provincia necesita que hoy Usted presente su propuesta con viabilidad legal, técnica y financiera. Le sugiero llame la atención a su asesor turístico. Muy mal informado lo tiene sobre este tema y le hace pedir declaración de interés turístico atemporales”, le escribió.

Después de esos mensajes, ambos hablaron por teléfono. La propuesta de Uranga fue enviada, pero en el mismo día el Estado le respondió formalmente a través de un e-mail que la empresa oferente no cumplía con los requisitos para convertirse en prestador.

La Legislatura será protagonista de esta historia en las próximas semanas. Por un lado el Poder Ejecutivo ya presentó un proyecto de ley para declarar de utilidad pública el complejo y quedar habilitado para expropiar unas 40 hectáreas que hoy están en manos de los privados.

¿Por qué? Porque los López Frugoni son, por caso, los duelos de los terrenos en donde están  las actuales pistas escuela, con los medios de elevación incluidos, que son vitales para quien a futuro pretenda quedarse con el negocio.

Protectora volverá a la carga seguramente sobre el tema.  El martes, durante la sesión del Senado, buscará ventilar un pedido de informes que se tramita en la Cámara Alta desde hace varios meses y en donde quedaron en evidencia algunos desmanejos oficiales.

El Senado, hacia finales de 2018, emitió un pedido de informes a través del cual solicitó a D´Agostino que explicite los bienes inmuebles que se recibieron en posesión de parte de la Intervención a la empresa Los Penitentes Centro de Esquí S.A. Y además “un detalle en planilla identificación de los mismos, constando cantidad de metros e instalaciones con las que cuenta, que Informe a quién o quiénes se entregó la administración de cada uno de esos bienes y que explique qué procedimiento de selección se utilizó para la elección del o de los explotadores”.

Ese pedido fue encabezado por la senadora del PJ, Patricia Fadel, y la respuesta estuvo a cargo de la subsecretaria de Legal y Técnica, Mabel Graciela Ceresoli, quien sostuvo de manera escueta que “no se ha otorgado la explotación comercial” del complejo, así como tampoco “existe trámite legal para la explotación”.

Según Ceresoli, quienes quedaron a cargo de la Hostería durante varios meses estuvieron bajo un régimen bastante particular: “custodia transitoria sin costo para la provincia”.

Pero una jugada de los exaccionistas reveló otra cosa. Se presentaron con un escribano público en el centro de esquí para constatar quiénes son los que poseen esa “custodia transitoria” de la que habla el Poder Ejecutivo.

Todo lo que constataron allí, terminó en una nota que ingresó el 6 de abril por Mesa de Entradas del Senado firmada por Emilio López Frugoni  y que estuvo dirigida a la vicegobernadora Laura Montero.

¿Qué encontraron? Que la Hostería está funcionando para dar servicio de restaurante a cargo de una persona llamada Luis Velázquez y este mismo encargado termina mostrando un facturero que, en realidad, corresponde al parador del complejo que está enfrente y que se encuentra cerrado.

Es decir que, mientras en la actualidad una parte del centro tiene una “custodia transitoria” para preservar los bienes y no existe “explotación comercial”, hay un particular que está facturando y ganando dinero con la anuencia del Estado.