Un gobernador obligado a quemar cartuchos en el peor momento

La reforma institucional que lanzó el gobernador Rodolfo Suarez este viernes tardará en hacerse realidad hasta el año que viene, por lo menos. El éxito dependerá, además, del consenso con el justicialismo. Un acuerdo que sería inédito en la era Suarez, ya que, hasta ahora, el principal partido opositor retaceó su apoyo al mandatario. Y que estará sujeto a las condiciones que impone la enorme crisis que vive Mendoza.

Todo está por verse en un tema que no es para nada nuevo. Aunque le haya puesto otro título, lo que persigue Suarez es una reforma parcial de la Constitución. La idea ha estado sobre la mesa en casi todas las administraciones y siempre ha terminado en la nada por el temor a que se imponga por esa vía la reelección del gobernador.

Suarez ha dejado explícitamente fuera de la discusión la reelección. Aún así, depende de muchos factores para lograr el éxito. 

Apenas cuenta con la atribución de iniciar el proceso. El gobernador deberá enviar a la Legislatura una ley de necesidad de la reforma. Mucho más adelante se resolverá el temario de esos cambios, que no estará exclusivamente en sus manos.

Si la ley de necesidad de la reforma se aprueba, se pasará al segundo paso. Es en el que interviene directamente la ciudadanía: un plebiscito en la próxima elección para que la gente diga si quiere o no que se avance en la reforma constitucional.

Esto ocurriría el año que viene. Y recién entonces, si gana el "Sí", el camino a la reforma constitucional ya no tendría retorno.

Suarez cuenta, en ese sentido, con una ventaja inédita. Su predecesor, Alfredo Cornejo, forzó una reinterpretación judicial respecto de las mayorías necesarias para avanzar en una reforma. Por esa vía, impuso la limitación a las reelecciones de los intendentes, enmienda constitucional que había sido votada favorablemente en un plebiscito hace más de una década.

Ahora, una reforma no necesita contar con el aval de la mitad más uno del padrón general de electores. Alcanza con que la apoyen la mitad más uno de los que voten en el plebiscito, lo cual reduce enormemente el caudal de votos positivos requeridos. 

Este legado de Cornejo es una ventaja importante para Suarez: será más fácil imponer el "Sí" en las urnas. Pero si lo logra, esto tampoco significará que haya impuesto sus ideas, ya que en este caso no se debate una "sencilla" enmienda, que es la reforma de un solo artículo constitucional, sino el cambio de varios.

En efecto, el paso siguiente será la elección de convencionales constituyentes, lo cual equivale a la votación de una nueva Legislatura que sesionará exclusivamente para elaborar y votar los cambios en la Carta Magna.

Aunque los plazos del proceso no han sido establecidos todavía, es altamente probable que el Gobierno convoque el año que viene a la elección de convencionales, después del comicio legislativo. En una palabra, la ciudadanía votará el año que viene dos veces, no una, si es que en la primera elección  le dice que sí a la reforma de Suarez.

Recién entonces, en ese segundo comicio, se pondrá en juego si es posible reducir la Legislatura provincial a una cámara y eliminar las elecciones cada dos años en Mendoza, como pide Suarez. 

Para esa eventual elección, en la cual no estará en juego ningún otro cargo que no sea el de convencional constituyente, cada partido expondrá en campaña un temario para la reforma y la ciudadanía decidirá a cuál beneficia con la mayoría de los votos. 

Sorprendió que el gobernador haya decidido lanzar este proceso difícil en medio de la acuciante crisis generada por la pandemia del coronavirus. Suarez eligió apostar a un cambio de fondo cuando todo es urgencia, desde el punto de vista sanitario y también en materia económica.

Se notó la necesidad política de dar un golpe de efecto. Suarez había hecho esta propuesta en campaña, pero desde entonces todo cambió en Mendoza y el plan original voló por el aire. 

A lo largo de esta primera etapa de su vertiginosa gestión ya perdió la chance de impulsar la minería y está claramente en peligro otro puntal para su administración: el orden de las cuentas públicas.

A pesar de todo, se sentó el viernes ante esa asamblea legislativa inédita, que cambió la presencia física de los senadores y diputados por una pantalla con sus rostros, y evitó hablar solamente de la contingencia. Quemó el cartucho que le quedaba.

Usó como gancho el reclamo de ajuste en la política, a pesar de que ese ajuste, por la propia mecánica del proceso de reforma, no se aplicará por lo menos hasta fines del año que viene, cuando podría ser eliminada (si todo sale como quiere Suarez) una de las dos cámaras legislativas.

Por otro lado, aunque la reforma constitucional implicaría la sanción de otros proyectos complementarios, es un hecho que no habrá en el paquete ninguna medida que implique recortes en los otros dos poderes del Estado: Ejecutivo y Judicial.

Más allá del ajuste de la política, el debate de una reforma podría sumar una serie de temas muy importantes para la ciudadanía. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, por ejemplo, y los mecanismos de participación democrática directa.

Las audiencias públicas podrían dejar de ser un mero trámite no vinculante a la hora de designar autoridades y autorizar aumentos tarifarios. Tal vez podría asomar en el debate la revocatoria de mandatos, aunque no parece que Suarez vaya a ser tan temerario. 

Al fin y al cabo, al gobernador tal vez le asistía el derecho de lanzar este primero de mayo sus propuestas más trascendentes. La gestión es efímera y licúa rápido el poder. Pero el interrogante más grande es si la dimensión de la crisis que viven Mendoza y el país le permitirá hacer realidad el anhelo que le queda.