El incómodo protagonismo político de la Justicia

Cualquier cosa que resuelva la Suprema Corte de Justicia en las próximas semanas respecto de la reelección de cuatro intendentes mendocinos inclinará la balanza en forma determinante a nivel político. Pero la encrucijada radica en que esa decisión podría no ser la definitiva e incluso se podría contradecir con el fallo final.

Si la Corte acepta la medida cautelar que presentaron esta semana los intendentes de San Martín, San Rafael, Tunuyán y Lavalle, solamente habrá expresado que la promulgación de la enmienda del artículo 198 se tiene que congelar hasta que exista un fallo de fondo. No les habrá dado la razón en el conflicto, aunque para ellos valga lo mismo: un "no innovar" de la Justicia les alcanzará para participar como candidatos en las elecciones PASO del 28 de abril. Y si son elegidos, ¿quién podrá quitarles a futuro el derecho ganado en las urnas?

Del mismo modo, si el alto tribunal decidiera rechazar la medida cautelar del PJ, esta decisión será equivalente a cortar la carrera política de los intendentes. Podría, en un futuro incierto, dictaminar que la promulgación de la enmienda del artículo 198 era inconstitucional, pero ese hipotético fallo llegará tarde. Para entonces, la mayoría de los intendentes más veteranos ya no tendrán tiempo de participar como candidatos.

Los miembros de la Corte deben estar sintiendo en estas horas el peso incómodo del protagonismo político. Encima, en principio, la cautelar del PJ recaerá solamente en una parte de ellos: los integrantes de la Sala Segunda.

Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio serían los jueces encargados de intervenir en el caso. Un plenario (que los siete ministros de la Corte se pronuncien) estaría prácticamente descartado, ya que las cautelares se resuelven directamente en las salas en las que ingresan.

¿Habrá algún procedimiento especial en este caso, por su impacto político? En el alto tribunal no lo descartan de plano. La Corte ha optado en otros casos de conflicto político por llamar a una conciliación, pero eso "depende de la voluntad de las partes", advierten en el propio alto tribunal.

Fueron los propios intendentes peronistas los que decidieron poner en un brete a la Corte en cuanto a los tiempos. Por un lado, adelantaron las elecciones en su municipios, y por el otro, evitaron apurar un pronunciamiento judicial al respecto: recién presentaron la cautelar el 31 de enero. La doble maniobra les dejó a los jueces una ventana de sólo 40 días para decidir, ya que el 9 de marzo vence el plazo para presentar candidaturas en los municipios que adelantaron.

En el medio, el juego de las sospechas ya arrancó. Junto a la presentación de la medida cautelar, los intendentes peronistas pidieron la recusación del ministro Dalmiro Garay, quien hasta hace poco fue ministro de Gobierno de Cornejo. Esto, a pesar de que Garay, en principio, no intervendría en el expediente.

¿El Gobierno hará lo mismo con Adaro, ex ministro político del justicialista Celso Jaque y actual presidente de la sala de la Corte que debe resolver la cautelar del PJ? No se lo puede descartar. Es difícil que alguien no dude sobre la imparcialidad de los ministros de la Corte, cuando el origen de muchos de ellos ha sido, precisamente, la política.

En medio de este duelo, lo más importante para las instituciones no se definiría ahora mismo. La Corte es responsable de que ninguna reforma constitucional prospere, ya que un fallo de 1989 impone un desafío imposible de conseguir: el padrón general más uno de los votos a favor del "Sí".

¿Es factible conseguir ese número? La experiencia dice que no. Ni siquiera el 83 por ciento que votó en 2009 en contra de la reelección indefinida de los intendentes alcanzó ese umbral.

Los magistrados ahora están obligados a actualizar la jurisprudencia en el tema, a 30 años de aquel fallo. Eso pasará, por suerte, en algún momento, cualquiera sea el que gane en las próximas semanas la batalla de las elecciones 2019.