Mendoza: una oportunidad perdida y un desafío

Mendoza: una oportunidad perdida y un desafío

Frente a la modificación de la Ley 7722 y las reacciones de distintos sectores, el gobierno tiene la oportunidad y el desafío de reveer su concepto de políticas públicas y, de ese modo, no poner en riesgo su sustentabilidad política y social a solo diez días de iniciado su mandato.

Pablo Cazabán

Con un conflicto histórico expresado popularmente en la calles por parte de los mendocinos, se advierte de modo descarnado uno de los más graves problemas que padece la provincia desde hace algún tiempo y que se acentuó en los años recientes.

Nos referimos a una serie de tópicos que brillan por su ausencia y que han dejado en evidencia la debilidad institucional de la provincia.

Solo vale mencionar algunos de ellos, tales como a) la falta de trasparencia – ante la poca o nula información y canales de accesos a la misma – de la actividad pública estatal; b)  la carencia de mecanismos de toma de decisiones participativos o al menos registrados e informados; c) la falta de presencia de políticas de integridad que permitan saber y conocer si los intereses que enmarcan las decisiones son basadas en el bien público o están sesgadas por intereses particulares o sectoriales que subordinan al primero;  d) la ausencia de procedimientos de participación popular que legitimen el accionar de la actividad pública en el diseño, planificación y ejecución de las políticas públicas; e) procedimientos que le otorguen sostenibilidad – política, social, ambiental, económica, cultural y electoral – a las decisiones.

La ausencia de estos mecanismos dan lugar a la corrupción o a la sospecha fundada de su existencia, entendiendo esto como el abuso de poder, ya sea por  apropiación de fondos, mala aplicación de los mismo, o, el desvío del interés público ya sea por interposición de intereses privados o bien por no acoger el interés público. 

Sin duda, con el debate de la ampliación de la matriz productiva que importaba  la modificación de la ley 7722 se tuvo – y aún se tiene- la posibilidad de tomar la senda del buen camino que conduce a la necesaria fortaleza institucional que beneficia a todos.

Mendoza fue una provincia moderna que encabezó las mejores prácticas institucionales , y así fue que implementó el mecanismo de selección de jueces por medio de un consejo de la magistratura independiente cuando no existía en ninguna provincia ni en la nación; o bien, fue la primer primera provincia que implementó una oficina anticorrupción. 

Y entendemos que se puede honrar esa historia, dejando la opacidad de lado que reinó en estos últimos años, y  animarnos a implementar una política de compliance público que se sustenta en: a) mecanismo de transparencia mediante el acceso a la información, b) procedimientos regulados de toma de decisiones, c) políticas de generación de cultura de integridad, d) mecanismos de participación popular reales, permanentes y efectivos; e) sistema de toma de decisiones sustentables a nivel político, ambiental, social, cultural, económica y hasta electoral.

Sin duda el sector privado y la sociedad civil están llamados a tener protagonismo en las políticas públicas pero, como se advirtió en la discusión de la modificación de la ley 7722, a pesar del esfuerzo y el interés, quedó en evidencia la ausencia de instituciones para garantizarlo. 

De nada sirve que las cámaras empresariales intenten –como lo hicieron– generar espacios de discusión participativa, tampoco que la sociedad civil quiera participar si el Estado no genera los ámbitos institucionales que importa, entre otras cosas el compliance público. 

Por todo esto, afirmamos que con la discusión de la modificación de la ley 7722 se perdió una oportunidad pero abre un desafío para el futuro inmediato.

Solo basta que el gobernador acepte la equivocación, y comience a implementar políticas de integridad que le darán la sustentabilidad a la actividad pública que perdió en estos años. 

Es imprescindible que instituya canales de participación popular, que desarrolle políticas de generación, y administración de la información, y que no reclame que la sociedad se informe cuando el propio Estado a omitido cumplir con esa obligación.

En definitiva, el gobierno tiene la oportunidad y el desafío de reveer su concepto de políticas públicas y, de ese modo, no poner en riesgo su sustentabilidad política y social a solo diez días de iniciado su mandato.

 

Pablo Livio Cazabán
DNI 20.452.415
Director de Instituto de Ética y Transparencia  de la Asociación Civil de Estudios Populares ( ACEP)  

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