La recesión podría hacer más daño que el ajuste

Con menos dramatismo que a nivel nacional, Alfredo Cornejo ya tiene un panorama bastante aproximado de cómo será aquí el impacto en 2019 de los recortes de fondos nacionales para que Mauricio Macri pueda cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

En los días posteriores a las primeras reuniones de los funcionarios de Hacienda de diecisiete provincias con los ministros Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, al gobierno mendocino lo alarman más la recesión que se avecina y la inflación alta, que la posibilidad (más que cierta) de que el año que viene los recortes de partidas presupuestarias que vengan de Buenos Aires se cuenten en miles de millones.

Como se sabe, Cornejo está encarando la negociación con el gobierno nacional para alcanzar un acuerdo que se aplicarán en el proyecto de Presupuesto 2019 y la cifra del ajuste, para todo el interior, sera de $100.000 millones.

Lisandro Nieri, el ministro de Hacienda, es quien está sentado en la mesa de la negociación por Mendoza y si bien ya se enteró que la Nación absorberá gran parte del ajuste ($200.000 millones), las provincias sufrirán lo suyo.

El gobierno mendocino resiste el cálculo, pero el año que viene la Casa Rosada podría terminar transfiriendo $3.700 millones menos a Mendoza.

La cifra es importante. Aunque su impacto quizás no. El grueso de esos fondos que no llegarán provendrían de partidas destinadas a la construcción de viviendas (unos $2.500 millones) y otra parte afectaría a los subsidios al transporte (más de $500 millones), además de otras transferencias.

¿Por qué preocupa pero no tanto este número? Primero porque desde hace más de un año que las provincias saben que los fondos para construir casas provenientes de la Nación iban a ser recortados. Macri tomó la decisión de que los gobernadores sustenten sus programas de viviendas con financiamiento internacional y dejar a los fondos Fonavi solo para levantar viviendas sociales.

Cornejo asumió esa decisión y desde este año viene sustentando sus planes habitacionales con fondos que no provienen del gobierno nacional.

Hay un elemento para no perder de vista, además. En 2019 Mendoza recibirá como parte del acuerdo que se firmó en 2016 de devolución del 15% de retenciones de la Anses, alrededor de $2.800 millones que corresponden a una de las cuotas anuales (el 3%) de ese acuerdo. Con lo que,  el ajuste de $3.700 millones terminaría siendo compensado.

Ahora. Si bien el recorte podría no pegar fuerte,el contexto económico si lo hará.

La inflación y la recesión produjeron  y producirán daños. Uno de ellos ya se percibió: bajó la recaudación de impuestos provinciales en el mes de junio y la caída no fue más pronunciada solo porque ayudaron el turismo y el leve repunte del comercio como consecuencia de que los mendocinos dejaron temporalmente de hacer compras en Chile.

Las proyecciones inflacionarias para 2018 (30%) obligaron a Cornejo a cumplir su compromiso de disparar la cláusula gatillo de las paritarias con los gremios estatales. Ese acuerdo, significará este año una cifra que rondará los $7.000 millones.

Otro problema. Hacienda todavía no sale al mercado para tomar la deuda de $1.900 millones que tiene autorizados por la Legislatura que, en buena parte, iban a estar destinados al finamiento de la obra pública.

En el mediano plazo el efecto del combo de caída de la actividad económica  más inflación será más notorio. Se descarta que la inflación indexará los costos de la construcción (ya hay reclamos de los proveedores de obra pública en ese sentido) y además afectará al gobierno en una de sus apuestas de gestión para el año próximo: el nuevo sistema de transporte.

El gobierno central ya congeló los fondos que destinaba al pago de las paritarias de los choferes en 2018 y si la quita de subsidios se profundiza en 2019, la suba del boleto será la noticia en el arranque de la nueva concesión.

Cornejo está convencido de que hay que alcanzar el equilibrio fiscal en unos años, como pretende Macri, pero sin perder de vista el crecimiento de la economía. El escenario ideal para Mendoza es precisamente este: que se tomen las medidas de ajuste fiscal, pero que al menos la economía crezca para aliviar el impacto de los recortes.

En la mesa de negociación con la Nación, la provincia dejó algunas pautas claras. Cornejo estaba de acuerdo con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, quien habló de congelar hasta que pase la crisis el cronograma de reducción de retenciones. La idea no avanzó más, porque el propio presidente volvió a ratificar a mediados de la semana que pasó que no se tocará el esquema de baja progresiva de retenciones al campo.

En lo conceptual, el gobernador no está de acuerdo con la propuesta del PJ de no aplicar en 2019 el pacto fiscal firmado en noviembre de 2017 y que estableció, entre otros aspectos, una baja progresiva del impuesto a los Ingresos Brutos.

Por ahora el gobierno nacional tampoco se muestra permeable a resignar ese acuerdo. Sin embargo la presión de los gobernadores peronistas y sobre todo dos de ellos, Juan Manuel Urtubey (Salta) y Jorge Schiaretti (Córdoba), es muy fuerte. Hoy ese camino está cerrado, pero falta mucho para que se presente el proyecto de ley de Presupuesto y este escenario podría cambiar si el PJ avanza.

Mendoza sentiría el impacto de esa medida. La baja de alícuotas de Ingresos Brutos prevista para algunas actividades económicas rondará los $3.500 millones el año próximo, casi lo mismo que se anuncia de recortes nacionales.

En caso de que se avance con este acuerdo Mendoza no se opondrá, por supuesto. Aunque se terminaría arriando una bandera muy pregonada por esta administración: mantener un programa plurianual de reducción de la presión impositiva para favorecer el desarrollo de la economía.

Si el Pacto Fiscal cae, Hacienda podría llevar adelante un cronograma de rebajas impositivas de todas manera porque la ley se lo permite. Aunque eso quedará atado al paquete de ajustes y se verá reflejado en las leyes impositivas que se enviarán en octubre a la Legislatura.

La baja de fondos para obra pública preocupa, aunque en menor medida. La mayoría de las obras que a este gobierno le interesan, y que son financiadas a nivel nacional, o bien ya están en construcción o bien ya tienen sus contratos firmados.

Allí hay un paquete que van desde la doble vía a San Juan sobre la ruta 40, la ampliación de obras de cloacas en Lavalle que ya fue adjudicada a la empresa Cartellone y la ampliación del sistema cloacal Boedo -Ponce, que beneficiará a Guaymallén, Luján y Godoy Cruz. Además ya está cerrado todo el desarrollo de las obras viales sobre la ruta 7, tanto en la alta montaña como la variante Palmira que, además, son financiadas a nivel internacional.

La gran incertidumbre está en Portezuelo del Viento, la mega represa del Sur, que deberá ser asumida íntegramente por Macri. Una pequeña esperanza albergan en el ministerio de Infraestructura mendocino para que esta obra (eternamente prometida) no se caiga nuevamente. El presidente podría licitarla este año y comenzar a destinar el grueso de los fondos recién a partir de 2020, es decir, para dejarla fuera de los recortes de 2019.