A Gullé se le cayó la estantería

El gobierno de Alfredo Cornejo atraviesa una semana negra. Sobre todo para el flamante procurador, Alejandro Gullé, quien se jugaba una fuerte apuesta en la Legislatura con su proyecto de modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal. Luego de soportar las críticas hacia el artículo que imponía un "cepo" a la información que suministran a la prensa los fiscales, Gullé tuvo su bautismo de fuego con tres crímenes que conmocionan a toda la provincia.

Los femicidios de Janet Zapata, Julieta González y Ayelén Arroyo volvieron a dejar al desnudo las falencias que hoy existen en la Justicia, pero también sacaron a la luz algunas de las debilidades que subsisten en la nueva organización del Ministerio Público.

Para un Gobierno que ha centrado su discurso en la necesidad de que los delincuentes estén tras las rejas, la libertad de Roque Arroyo a pesar de la denuncia de abuso sexual supone un duro golpe. Tanto es así, que ya iniciaron acciones administrativas para determinar si hubo negligencia por parte de la Justicia Penal ante la acusación esgrimida por Ayelén Arroyo, quien terminó siendo degollada por su padre.

Si bien la discusión de la nueva ley del Ministerio Público pasó a un segundo plano tras estos resonantes episodios, quedaron en evidencia algunas grietas en la estructura que pretenden implementar.

La primera decisión de Alejandro Gullé fue eliminar las Fiscalías de Delitos Complejos y crear fiscalías especializadas en distintos tipos de crímenes. Producto de ello, mientras la fiscal de Homicidios Claudia Ríos tomaba declaraciones por el caso Arroyo, debía preocuparse porque se le vencían los plazos de imputación por el homicidio de Janet Zapata. Pese a que no es común que este tipo de casos se den de forma simultánea, lo ocurrido sirve para observar que hay aspectos que deben pulirse.

Otro desafío planteado por Alejandro Gullé era el de canalizar la información del Ministerio Público a través de su coordinadora, María Teresa Day. Esta primera prueba piloto tampoco mostró resultados muy auspiciosos. Con el objetivo de evitar que se filtren datos que puedan entorpecer la investigación, se intentó reducir el número de interlocutores oficiales y se les bajo línea a los fiscales. Sin embargo, Day se vio sobrepasada por las circunstancias y quedó en evidencia que este mecanismo también tiene lagunas.

Ante la falta de voces judiciales, en los medios comenzaron a reproducirse comentarios de amigos y vecinos de las víctimas, vertiendo versiones contradictorias o subjetivas. Por ejemplo, una vecina de la joven Ayelén Arroyo afirmó que el padre de la joven asesinada estuvo preso por matar a su esposa, algo que no era cierto.

Testimonios como ese se repitieron a lo largo de la jornada, en la que algunos medios publicaron que Ayelén tuvo un hijo con su padre, o que el bebé fue abusado. Si bien es comprensible que el jefe de los fiscales quiera preservar la investigación, deben entender que -en esta era- la simbiosis con los medios de comunicación es inevitable.