Se abre otro frente de pelea

Poco menos de diez minutos se tomó Alfredo Cornejo, de los casi ciento treinta que habló ante la 176 Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias, para referirse a la herencia recibida. Apenas un par de frases le dedicó a la administración de Francisco Pérez.

“Los logros solo pueden ser valorados en su justa medida si se entienden en el contexto de una profunda crisis”, arrancó.

Para rematar: “(La de Pérez) Fue una gestión marcada por la indolencia, el despilfarro y el desprecio del futuro de los mendocinos. Atravesada por actos de corrupción, o al menos desidia, que a la larga es corrupción”, les dijo a los justicialistas, para prácticamente no volver a referirse al tema.

Cornejo intentó poner la mirada hacia adelante y, más que quejarse por lo que le tocó, buscó emular la tradición de los Estados Unidos en donde el presidente brinda, ante el Congreso, un mensaje acerca del estado de la Unión.

Así fue como habló de la situación en la que se encuentran en estos primeros meses de 2016 los principales servicios públicos como la salud, la educación y los empleados. De Salud habló poco y nada. Pero sí se explayó sobre el otro tema.

Aunque se mostró en su nivel más pequeño: volvió a decir que es alguien que, por ahora, tiene como meta principal hacer que las cosas “vuelvan a la normalidad”. Más allá de los anuncios hechos, no se nota que todavía los hospitales funcionen mejor o que el nivel educativo haya sido elevado.

Pero le apuntó a la seguridad. Fanático de las encuestas, sabe que este tema sigue al tope de las preocupaciones de la gente y aún por encima de la inflación. En las últimas semanas se notó un incremento fuerte del delito.

“La seguridad es sin dudas la demanda más importante de la ciudadanía mendocina, por eso es mi prioridad de gobierno y desde el mismo instante en que hemos asumido la conducción del Estado, estamos haciendo reformas profundas que paulatinamente van a ir generando los resultados esperados”, admitió.

Prácticamente cerrada la pelea con los gremios estatales, este 1 de mayo abrió otro frente. “Voy a presentar una ley fuerte contra la delincuencia”, lanzó.

Cornejo anunció un proyecto que – sostuvo- “promueve la transparencia sobre la situación judicial de las personas privadas de libertad sin condena,que revisten la categoría vulgarmente conocida de procesados, estableciendo un procedimiento ágil y rápido para disponer la prisión preventiva, su prórroga, cese y control, permitiendo la participación del imputado y la víctima”.

Según el mandatario, “la norma propuesta impone la obligación al Ministerio Público Fiscal para que, en todos los casos de permanencia de la detención, se requiera la prisión preventiva al juez competente”.

Es en otras palabras, borrar de un plumazo lo que la Suprema Corte redactó hacia finales de 2015 sobre el mismo asunto. Para ellos, había que buscar garantías para que los sospechos de delitos estuvieran libres. Para Cornejo, tienen que estar detenidos.

La sentencia de las prisiones preventivas se conoció a los pocos días de la asunción de Cornejo. El fallo fue firmado por los jueces Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y, fundamentalmente, fue impulsado por Omar Palermo.

Este último juez, integrante de Justicia Legítima, había respondido un hábeas corpus presentado por abogados y organizaciones vinculados a los Derechos Humanos.

Lo que se dispuso en aquella oportunidad fue que los fiscales deberán informar cada detención, en el término de 24 horas, a un juez de garantías y éste, en el mismo plazo, resolver si esa persona debe continuar detenida o bien ser liberada.

Para el entonces nuevito gobernador, el fallo fue considerado como una medida “dictada con premura, poco oportuna y que deja al borde del colapso al sistema de seguridad”. Cornejo logró que, a los pocos días de conocida, la sentencia fuera frenada por el Procurador de la Corte, Rodolfo González.

Esa discusión está ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podría terminar favoreciendo la postura de los magistrados locales. Una ley sancionada por la Legislatura, cambiaría ese escenario.

El viejo Procurador no es una de las figuras judiciales que hoy más entusiasman al gobernador. Con más de 70 años, arrastra los vicios de una Justicia que en los últimos tiempos no ha dado respuesta a las exigencias de la sociedad.

Pero en estos meses se ha mostrado particularmente activo, sobre todo, en cuanto a las investigaciones sobre Francisco Pérez y sus funcionarios por el descalabro y las sospechas de corrupción de anterior gestión.

Si por él fuera, Cornejo optaría por desplazar a González. Entiende que el rol formal del Procurador es un engranaje clave en el combate contra el delito y González, según la mirada gubernamental, no está a la altura.

Para él, la figura ideal sería un Procurador de algo más de 50 años decidido a combatir la delincuencia. Pero González es hoy un aliado de Cornejo. Y lo fue desde el primer día, al bloquear el fallo de Palermo y los suyos.