Opinión
El bolsillo es el límite de la fidelidad K
Hoy debería comenzar el ciclo lectivo 2013, pero en vez de aulas llenas de alumnos, habrá paro y escuelas vacías. Pero hay algunos datos políticos extra que suman preocupación en el Gobierno provincial y también en la Nación.
La medida de fuerza la encabeza un gremio amigo como el Sute, pero, además, en la calle habrá otros sectores que hasta ahora eran fieles seguidores de cada palabra oficial. Parece un llamado de atención, una señal de que el efecto bolsillo le puso un límite a la fidelidad ciega. Por eso, en la marcha que habrá hacia Casa de Gobierno estarán bajo el mismo reclamo sectores de las dos ramas oficialistas del gremialismo: la CTA conducida por Hugo Yasky a nivel nacional (liderada por el Sute en Mendoza) y la CGT oficialista.
El límite es el bolsillo. Hasta ahora, los gremios aliados funcionaron como parte del blindaje que protegía al Gobierno nacional. Pero algo comenzó a quebrarse. “Tenemos coincidencias con el Gobierno nacional, pero no estamos de acuerdo con la política salarial impuesta este año. No puede haber una paritaria cerrada de manera unilateral en el 22%”, dijo Javier Guevara, secretario general del Sute. Aseguran que no es un quiebre de fondo, pero sí una advertencia. Todos los argumentos políticos que tienen para defender al Gobierno los gremios oficialistas comenzaron a caerse. Tope a los aumentos salariales, inflación que se come los ingresos e impuesto a las ganancias sin cambios que convenzan.
El sector docente es el mascarón de proa de la estrategia salarial. En las negociaciones de la actividad privada el Ministerio de Trabajo no disimula que no homologa ningún acuerdo que supere la pauta informal establecida por Casa Rosada (el año pasado rondaba el 26%). En el sector público se les hace más difícil blanquearlo, pero existe. En la lista de gremios que comenzaron a cruzarse de vereda están los cegetistas de la UOM, el CEC de Guillermo Pereyra y también los Petroleros Privados, conducidos por Dante González, dirigente herido por haber quedado fuera del directorio de YPF.
Un ministerio sin escuelas y transferencias magras
El Gobierno nacional marcó la pauta. Un 22% de aumento para los docentes, sin acuerdo con los gremios y poco margen para los gobernadores a la hora de “sacar los pies del plato”. Léase: nadie puede irse mucho más allá de ese porcentaje para no desequilibrar las tensiones con el resto de las provincias.
El resultado fue un conflicto nacional por el que hoy las aulas estarán vacías. Para sumarle bronca a las provincias, desde Casa Rosada se desligaron de toda responsabilidad. Los gobernadores están en una situación difícil. El Gobierno nacional marca pautas y presiona por lo bajo. Pero no aporta en igual magnitud.
El Ministerio de Educación de la Nación sigue siendo una cartera sin una sola escuela a cargo. Según la información oficial (publicitada durante todo el fin de semana), la Nación destina 5.200 millones de pesos para los salarios docentes (la mayoría para pagar el incentivo). Para tener una idea, es un presupuesto menor al que Mendoza (un solo distrito) destina para educación. Sólo la DGE local invierte 5.700 millones al año. Los 5.200 millones nacionales son menos de 500 pesos de inversión por año por alumno. A pesar de diferenciarse en lo discursivo, a Casa Rosada le sigue quedando cómodo el esquema del pacto federal educativo ideado por el menemismo. El parche a esas falencias son los aportes de infraestructura y por programas especiales, pero que no incluyen el pago de salarios. Para tener una comparación odiosa, el Fútbol Para Todos tiene presupuestados 1.200 millones de pesos para este año, y si se saca la cuenta por cantidad de beneficiarios de ese dinero (futbolistas, clubes, etc.), la cuenta puede ser escandalosa al compararla con la educación.
En Mendoza se resignaron a que las clases no comenzarían y por ahora buscan no forzar un acuerdo a través de un aumento por decreto y una conciliación obligatoria. La negociación con los docentes es el primer ensayo de la nueva estrategia de negociación. Y también de la estrategia política: no exponer a los funcionarios y cargar las presiones sobre la comisión paritaria. Por eso la directora general de escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, no asomó la cabeza en estos días.
Antes del miércoles debería llegar una nueva oferta de aumento para que los docentes lo debatan en las escuelas y pueda ser tratada en los plenarios que ya fueron convocados para el jueves y viernes. La cifra mágica no es un porcentaje: el Sute llevaría a las escuelas una oferta que garantice al menos los 800 pesos de aumento en el bolsillo, junto con otros adornos a la propuesta (como aumento de las asignaciones familiares, promesas de viviendas, etc.).
El horizonte para negociar es corto, pero no sólo por las aulas vacías. Una de las medidas casi descontadas que tomarían los docentes es protestar en la Fiesta de la Vendimia, un hecho que podría sumarse a otras protestas y actuar también como “espanta funcionarios”.