ver más

Opinión

Celíacos: cuando se quiso, se pudo

Marcelino Iglesias, ex titular de la Obra Social de los Empleados Públicos, sostuvo que la adhesión a la ley nacional de celiaquía no es una "panacea". Y afirmó que no se puede delegar la salud pública provincial al orden nacional.

 A raíz de declaraciones de la responsable del programa de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca, en dónde urge apurar la adhesión a la ley nacional, he creído conveniente hacer llegar a la opinión pública mi punto de vista.

En primer lugar, depositar la espectativa de los pacientes de enfermedad celíaca en una ley nacional como si ésta fuera una panacea, es un error.

El segundo error, es decir y creer que la ley nacional va a aportar los recursos que se necesitan para mejorar la cobertura hoy existente en nuestra provincia.

Y por último, es delegar, una vez más nuestro poder de decisión sobre una facultad no delegada como es la salud, al orden nacional. Al respecto recordemos que si bien cuando se constituyó la Nación Argentina, las provincias que la preexistían delegaron algunas facultades (emisión de la moneda, relaciones exteriores, defensa nacional, y otras), nunca las provincias depositaron la responsabilidad de brindar salud en la Nación. Y cuando, a lo largo de los años el estado nacional desarrolló un conjunto de hospitales, éstos terminaron siendo transferidos a las provincias, pero, y como viene ocurriendo sistemáticamente desde tiempo inmemorial, sin transferir los recursos correspondientes.

En cuanto a la enfermedad celíaca, debemos decir que hasta hace unos años, era una enfermedad poco conocida y detectada, incluso en el sistema formal de salud. Las obras sociales no cubrían la demanda de estudios y tratamientos específicos. Sólo la perseverancia de un grupo reducido de profesionales de la salud, de asocianes  y de pacientes comprometidos con el tema trataban de difundir hacia dentro y fuera del sistema de salud la realidad de la enfermedad celíaca.

Ante esa realidad y la  solicitud de los pacientes afiliados a OSEP  nos ocupamos del tema cuando estuvimos a cargo de la obra social. En respuesta a esa situación se puso en marcha, en febrero de 2005, el Programa de Detección Precoz y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca. Al frente del mismo fueron designados la Dra Liliana Cammi y el Dr Oscar Dafra.

Ese programa dio respuestas a tres de las principales demandas de los pacientes celíacos.
En primer lugar se comenzó a realizar el screening universal a través de los análisis bioquímicos específicos, que, de ser positivos, eran confirmados a través de las biopsias, según marcan los consensos científicos. Para ello fue necesario adquirir equipamiento específico e incorporar profesionales en el área de gastroenterología del Sanatorio Fleming. Tal fue el éxito de esa iniciativa, que debimos abrir el estudio a no afiliados dada la demanda del mismo.

En segundo lugar se llevó a cabo una sostenida tarea de educación alimentaria que tuvo como base al Hospital El Carmen, pero se desarrolló en todas las delegaciones de la obra social. Junto con ello se realizaron numerosas tareas de difusión permanente sobre el tema.

Todo esto permitió que, en poco tiempo, se pasara de los iniciales 100 pacientes a más de 500 en el año 2007 y en la actualidad la cifra se estima en 1200 pacientes celíacos afiliados a la obra social provincial. Incluso muchas personas mayores de edad que no habían sido diagnosticadas a tiempo pudieron tener una respuesta adecuada.

El tercer tema fue romper con el preconcepto de que no se debía subsidiar el consumo de alimentos para una determinada patología. Si bien eso supuso un debate puertas adentro de la obra social, tomamos la determinación de incluir, inicialmente un subsidio de $ 80 para los afiliados que padezcan la enfermedad. Posteriormente, en setiembre de 2007, ese monto se elevó a $ 110, con la idea de establecerlo en $ 150 a partir de marzo del 2008. La nueva conducción de OSEP consideró no debía actualizarse y así, durante toda la gestión del contador Marcelo Costa, la cifra permaneció inamovible. Sólo hace dos semanas, se elevó el monto del subsidio a $ 180. Personalmente considero que, en estos momentos, el subsidio debería ser de entre $ 400 y $ 450 por mes para cada afiliado. Y se podría actualizar anualmente según la evolución de los salarios de los empleados públicos.

¿Puede la OSEP hacerse cargo de esa erogación?

Perfectamente. Lo pudo hacer antes y lo puede hacer ahora. Más aún: la obra social incrementó sus ingresos en un punto de aporte ( unos $ 80.000.000 al año) según consta en la última ley de presupuesto, y aunque no hubo debate sobre el tema, es de sentido común que los recursos son para ser volcados en este tipo de necesidades.

 ¿Y el gobierno provincial?

La ayuda que hoy se brinda a través de bolsones alimentarios específicos no significa ningún desfasaje presupuestario  para la provincia y puede seguir haciéndolo o dar el subsidio pecuniario. Y existe una larga tradición de destinar los beneficios de juego legal a programas de salud que se podría aplicar en éste caso.

 ¿Cómo se hizo todo esto?

Todo esto se hizo sin leyes ni nacionales ni provinciales. Se instrumentó a través de una resolución del Directorio de la Obra Social  (año 2005), de un grupo de profesionales y especialistas comprometidos, y de saber escuchar a los pacientes.

 Nuestra legislatura NO debe adherir a la ley nacional por varias razones. En primer lugar porque maniata las decisiones de los estados federales. En segundo lugar porque está demostrado que se pudo hacer en Mendoza antes que en la Nación (la ley nacional fue sancionada cuatro años después que en nuestra provincia se pusiera en marcha el programa de OSEP; y reglamentado un año después, en 2010).

Y por una razón práctica: la ley nacional no prevee los recursos. O sea…

Por último, es incorrecto decir que “mediante la adhesión a la ley nacional se brindará cobertura a los afiliados a obras sociales (nacionales), empresas de medicina prepaga y mutuales. Esos agrupamientos están regidos por leyes nacionales y YA están obligados a brindar la cobertura. Una ley provincial sólo tiene potestad sobre las políticas del Ministerio de Salud y la OSEP.

Por lo tanto, lo correcto sería que nuestra legislatura perfeccione la ley provincial 8166, convocando a profesionales, asociaciones de pacientes e interesados en el tema. De esta manera seguramente se brindará una respuesta mucho más ajustada a nuestra realidad.
Pero, mientras tanto, nada impide que tanto OSEP como el Ministerio de Salud aumenten el subsidio y la cobertura.

Porque, y como decíamos en el título…..cuando se quiso, se pudo.

Marcelino Iglesias.
DNI: 10.628.626