Todos somos vulnerables: seamos todos responsables

Después de leer obre polémica desatada por el rechazo de algunos  jueces a realizar aportes a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) como lo indica la Ley de Discapacidad, me parece oportuno permitirnos una reflexión.

Lo primero sería preguntarnos qué hay detrás de esta discusión ¿Se trata solo  de una disputa entre derechos individuales enfrentados  o se puede entender, en cambio, como un tema más profundo: el de la solidaridad y la co-responsabilidad social?

Este planteo lo hago no sólo apelando a una mirada altruista o humanitaria, sino también desde un llamado de atención sobre la necesidad de reflexionar acerca de que la situación de discapacidad, si bien no es universal, tampoco es tan excepcional como muchas veces suponemos.

Todos vivimos en estado de vulnerabilidad latente. Hay personas que nacen con enfermedades que las colocan en situación de discapacidad, otras adquieren esta condición por diversas causas: enfermedades, accidentes e incluso a consecuencia de trabajos que por su precariedad o peligrosidad las incapacitan. La otra instancia es la lógica del proceso de la vida: el proceso biológico de envejecer, el transcurso de la vida nos acarrea cambios, enfermedades que también nos van limitando en nuestras capacidades autovalentes. Esto les pasa a algunos en primera persona y otros lo vivimos en nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hijos o nuestros amigos.

Es por eso que los invito a preguntarnos por la co-rresponsabilidad o si lo prefieren, por el interés que todos tenemos en el tema de asistencia y acceso a servicios de salud y rehabilitación para personas en situación de discapacidad. Sin duda este es un deber del Estado Nacional que se ha efectivizado con una legislación específica, la Ley 24.901 y a la cual la Provincia adhirió en noviembre del 2011 a partir de -es necesario
reconocerlo- una gran lucha que dieron familiares y organizaciones que fue atendida por la Legislatura Provincial.

La corresponsabilidad en este caso hace referencia a la manera  en que la sociedad mendocina tiene que hacer frente al financiamiento, es en este punto donde es necesario ser solidarios y conscientes de que esta situación nos implica colectivamente, ya que a todos nos puede suceder. No es algo que debemos hacer por un sector de la población sino que es en beneficio del conjunto de los mendocinos.

Tal vez si miramos un poco más allá de los intereses individuales podremos encontrar una solución que concilie los derechos de todos. Porque la inclusión social se construye con gestos concretos que enaltecen a quienes los realizan y nos jerarquizan a todos como comunidad.

(*) Guillermo Elizalde es ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Mendoza