Opinión
Mendoza y la cajita de cristal espejado
Son cajitas de cristal. Pero de cristal espejado, donde no se puede mirar hacia adentro, y con portero eléctrico. Casa de Gobierno, la Legislatura, las intendencias y los concejos deliberantes son el núcleo del poder político de la provincia, al menos en lo formal. Allí cada día se cocinan las decisiones que cambian la vida de las personas. Pero a cada mendocino puede costarle más de un dolor de cabeza saber qué pasa allí adentro. Mendoza ha quedado retrasada en cuanto a las políticas de transparencia y acceso a la información pública. La semana pasada el Congreso Nacional fue noticia porque estaba en el fondo de la tabla de posiciones en el ranking de transparencia formulado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Pues, internamente la lista no existe, pero a Mendoza poría irle mal: los organismos de control tienen poder acotado, no hay normas que obliguen ni reglamenten el acceso a la información y en gran parte ese derecho depende de la voluntad política de quienes son objeto de control.
En acceso a la información pública puede haber dos visiones: Mendoza tiene una amplísima red de información publicada en Internet. Pero son datos sueltos, codificados y que requieren cierta pericia para hallarlos y leerlos. Así está lejos de cumplir algunas de las premisas de la idea de acceso a la información: que sea información de simple acceso, legible y gratuita. En la Legislatura duermen al menos 6 proyectos de acceso a la información, pero el tema está muy lejos de ser incorporado en la agenda urgente de los legisladores y el Gobierno. A nivel discursivo se ha mezclado el concepto de información pública y “gobierno abierto” con la simple propaganda oficial.
Los primeros en dar un paso adelante fueron los municipios de Capital, Guaymallén y San Rafael, que redactaron sus propias ordenanzas de acceso a la información, empujados por organizaciones de la sociedad civil. Pero en algunos casos se trata casi de una formalidad, pues no existe publicidad de las ordenanzas, ni organismos de aplicación. Ayudado con el desinterés, hace que sea normas poco usadas.
La organización “Nuestra Mendoza” está en camino de construcción de un sistema de información transparente. Claro que lo hacen desde el camino más largo, que es la presión desde la sociedad civil. Se trata de una organización que apunta a construir un tipo de conciencia sobre temas públicos, con la idea de influir en los gobiernos. Dos de sus proyectos centrales tienen que ver con que los gobiernos municipales establezcan metas concretas y auditables que trasciendan las meras promesas electorales. El otro eje tiene que ver con el acceso a la información, entendido como derecho.
Sin control
Si el ranking se replicara en Mendoza, los auditores de la Red Latinoamericana de Transparencia se encontrarían que ya no se hace más público los gastos en viáticos de los legisladores y que la última rendición de cuentas es de 2010, justo luego de que se armaron distintos escándalos por el mal uso de esos recursos. Lo mismo ocurre con el Gobernador, que camufla sus gastos en viáticos de los frecuentes viajes a Buenos Aires y el exterior con la rendición de “gastos generales”, cuestión que hace imposible hacer un seguimiento. En eso Paco Pérez mantiene la impronta Jaque.
También se encontrarían que Mendoza mantiene su impronta secreta sobre la vida de los funcionarios, a diferencia de lo que pasa en la Nación, no difunden públicamente su declaración de bienes ni cuando ingresan, ni cuando dejan los cargos. Eso hace, por ejemplo, que el hecho de que los últimos gobernadores se hayan mudado de casa como primera medida luego de dejar el poder sea un frecuente comentario de café sobre el que nadie pidió rendición de cuentas.
A nivel más profundo también se encontrarían con que casi no se destinan recursos para controles externos. En un presupuesto de 20 mil millones de pesos, sólo se sumaron 48 millones para organismos de control: 37 millones tuvo para este año el Tribunal de Cuentas, que tiene poder acotado porque no avanza sobre cuestiones cualitativas; cosa que deriva en que se “describen” hechos de posible corrupción, pero que luego no sigan siendo investigados. Otros 11 millones tiene Fiscalía de Estado como presupuesto real, pues los otros 35 millones que figuran son para pagar juicios.
Todo hace que Mendoza sea una provincia débil institucionalmente en cuanto a los mecanismos de control y la transparencia.