Opinión
Johana Chacón: solo una entelequia para el Gobierno
Johana Chacón desapareció del portón de la casa donde vivía el 4 de septiembre pasado cuando bajó del transporte de la escuela y nunca entró a la finca en la que vivía.
Pero Johana no desapareció sin aviso. Hubo muchos indicios, muchas muestras y nadie que las viera.
Hace 6 años, desde 2006, que la situación familiar de los Chacón era supuestamente investigada. Todo comenzó cuando la madre de la niña se fue de su hogar dejando a los cinco hijos al cuidado del padre, en 2006. En ese momento, la Justicia de Familia comenzó a investigar por qué la mujer se fue y por qué dos de los hijos del matrimonio (Beatriz y Johana) vivían sin órden judicial, en la casa de un vecino (la finca de los Curallanca).
Sin embargo, nadie sabe explicar tampoco qué se hizo y qué se investigó desde entonces ni por qué no se pudo ayudar a Johana antes de que desaparezca ni el maltrato que recibieron dos de sus hermanos por parte de Bernardo Chacón, el papá de los chicos.
La novedad, destapada por la directora de la escuela Virgen del Rosario en una entrevista en Mdz Radio, sacudió. Nadie podía entender cómo los hermanos de una nena desaparecida no habían sido protegidos sino más bien dejados de lado en una investigación que debía girar, desde un principio, en el entorno familiar.
La historia se va hilvanando y es la prensa la que se entera de que la Justicia de Familia ya tenía un expediente con datos sobre la familia. Que Beatriz y Johana vivían en casa de un vecino “porque sí”, dejadas allí por su padre como quien deja un perro al cuidado de los vecinos para las vacaciones. Que la Dirección de protección de Derechos del Niño ya había intervenido en la familia por un problema que tuvo Beatriz. Que el mismo organismo actuó hace dos días ante la denuncia de golpes que recibió Daniel, de 15 años y lo trasladó a la casa de la madre. Que se llevaron a Daniel pero dejaron a Sebastián con el papá. Que Sebastián llegó hoy a la escuela golpeado por el padre.
Los periodistas nos enteramos y llamamos a todos y cada uno. Al ministro de desarrollo, Guillermo Elizalde, al ministro de seguridad, Carlos Aranda, a la directora de la Dinaf, a los fiscales de la causa, a la directora de la escuela, a Beatriz.
Hacemos lo que ellos no hacen. Tal vez, si hubiera una coordinación entre todos, Johana no sería hoy una foto más de Missing Children y sus hermanos no tendrían marcas de golpes en sus cuerpos.
“No podemos intervenir en una familia sólo por sospechas, sin un indicio” dijo Cecilia Paluccini, directora de la Dinaf, luego de enterarse por Mdz Radio de la denuncia sobre los niños golpeados.
Johana desapareció hace más de dos meses, pero eso no constituye un “indicio” para las autoridades del órgano que se ocupa de proteger los derechos del niño.
Por puro sentido común, nos preguntamos entonces cómo se investiga la desaparición de una nena si no se empieza por averiguar qué pasa en su familia. ¿Es posible que nadie haya preguntado si había situaciones de violencia? ¿Es posible que policías, asistentes sociales, fiscales, y demás no se hayan hecho la pregunta que nos hacemos todos y que es por qué Johana no vivía con su padre y por qué pudo haber desaparecido?
“No es función de la Dinaf la búsqueda de una persona desaparecida, nosotros registramos, esto es un registro de información, es una ficha para llevar estadística” dijo Palucchini y agregó “cuando el niño vuelve sí se investiga, para saber por qué el niño se fue, para que en la vuelta no se le vulneren sus derechos”.
O sea: mientras un chico está desaparecido, para la Dinaf, no está, no es, es una entelequia, o peor aún, es una ficha de registro.
La funcionaria continuó excusándose de no haber actuado antes de que los hermanitos fueran golpeados y argumentó “si nosotros no tomamos conocimiento de que hay vulneración de derechos, no actuamos. Alguien nos tiene que avisar, si no lo sabemos no tenemos manera de adivinar”
¿Es necesario ser adivino para prever que dos chicos que viven en la casa de un vecino pueden estar en situación de riesgo? ¿Es necesario ser adivino para prever que en un hogar de donde falta hace dos meses una niña, pueden correr un riesgo los hermanos? ¿Era necesario dejar a Sebastián en la misma casa de donde dos días antes la Dinaf ya se había llevado a Daniel golpeado?
Para Pallucchini la única respuesta es “nadie me avisó”, pero después confiesa y protesta: “ no sé si la justicia nos avisó, hay 8 mil nombres por mes que se renuevan en la dirección y no puedo saber si la justicia notificó sobre algún problema con estos niños, si notificaron lo hicieron a la dirección de protección de derechos, no a mí que soy la directora”.
Es comprensible que un funcionario no maneje todos los datos de 8 mil expedientes, pero no es aceptable que esa sea la excusa para no reconocer errores que derivaron en nada menos que la desaparición de una nena de 13 años que, además, podría estar muerta o aún peor, ser víctima de una red de trata.
¿Se preguntará ella, como nosotros, cuántos de esos 8 mil nombres correrán la misma suerte que Johana?
Nadie se ocupó de Johana hasta que desapareció. Nadie se ocupó de sus hermanos hasta que fueron golpeados. O se ocuparon mal.
Rosana Corinaldesi, a cargo de la Dirección de Protección de Derechos del Niño confesó que ya habían intervenido en la familia “por un problema que había tenido la hija más grande” (Beatriz) . Esa intervención fue previa a la desaparición de Johana. ¿Qué hicieron entonces?
Según relató Corinaldesi, “se trabajó con la escuela, se fue a la familia, se entrevistó a los chicos por separado, al padre y a la pareja del padre (…) y los chicos decían que de vez en cuando el padre les daba un chirlo si se portaban mal, pero de esas entrevistas no pudimos sacar que hubiera maltrato”.
Al mismo tiempo sostuvo que ante la duda de que pudiera estar pasando algo se derivó a un “efector especial” (se refiere al Grupo de Alto Riesgo) “que no pudo concretar la evaluación porque el padre no los llevó a los turnos”. Y agregó que si bien pueden tomar medidas conjuntas con la policía para obligar a que los chicos puedan ser evaluados “las evitamos porque es muy violento”.
Hoy los mendocinos nos enteramos de que por inacción, por descoordinación, por desconocimiento, por poner excusas hay una nena desaparecida y al menos dos niños golpeados.
La Dinaf cuenta con varios programas financiados por la provincia y la nación que se ocupan de los derechos de los niños tales como el Servicio de Protección de Derechos, Guías Familiares a Grupos en Situación de Alta Vulnerabilidad o el Programa Fortalecimiento Familiar. Ninguno de estos programas funcionó en la familia Chacón. La explicación es que “no sabían”, aunque las denuncias estaban, aunque los expedientes existían, aunque el caso de Johana haya sido notoriamente público, nadie se ocupó de esos chicos.
Lo peor de todo es que el hecho de que haya “8 mil nombres al mes que se renuevan” sea la excusa para no aceptar que nada funciona en la Dinaf.
Tal vez nada funcione porque sus funcionarios, en lugar de aceptar que están para proteger niños y adolescentes, digan que tratan con nombres en un registro. Fichas.