|
Opinión
(No publicar) Tras la salida de Ocaña, Moyano cobra su lealtad en especies
El control de 7.500 millones que son parte del presupuesto de las obras sociales sindicales, parece ser el principal motivo por el que el líder de la CGT desea sugerir el nombre del nuevo ministro. Una preocupante señal que no hace más que poner en manos de pocos aquello que es fruto del esfuerzo de muchos.
Lo que el gobierno nacional denomina “el modelo” parece tener patas cortas. Casualmente, las mismas que muchas veces algunos de sus ex aliados le recriminan, al recordarle cuando el matrimonio presidencial abandonó la denominada “transversalidad” para recostarse sobre dos grandes estructuras políticas: la del Partido Justicialista (en especial, la del PJ bonaerense) y la CGT de Hugo Moyano.
En el kirchnerismo dice que cambiaron a sus aliados de centroizquierda, entre ellos la casi extinguida Concertación, el sector de Miguel Bonasso y otros, por el afianzamiento de la gobernabilidad que le aseguraban –de manera ortodoxa, claro está- el justicialismo y la central sindical.
Obviamente, ello no fue gratis. Ni en términos políticos, y mucho menos económicos. Las candidaturas testimoniales son el extremo de la deformación institucional de esa relación con los barones del conurbano, así como el aceitado vínculo de la Casa Rosada con el líder cegetista Hugo Moyano. Un “amor recíproco” cuya última prueba pública fue el acto del 1 de mayo en el que no escatimó elogios para la presidenta y su marido, transformando una celebración obrera en un acto proselitista a favor del gobierno.
Como decíamos, nada de ello es gratis. Se calcula que las obras sociales sindicales manejan un presupuesto anual de 7.500 millones de pesos que provienen del 8% de aporte que cada empleo real (en “blanco”) hace a esa formidable caja que está compuesta del 3% que aporta cada trabajador y el 5% que hace cada empresa.
Ese privilegio es una de las grandes fuentes de financiamiento del sindicalismo y del cual todos los aportantes somos clientes cautivos. Es aquí donde reside también el enorme peso de las estructuras sindicales y una de las tantas peleas que durante su gestión en el ministerio de Salud, ha llevado adelante Graciela Ocaña.
Abrumada por esta constante batalla, desgastada además por la epidemia del dengue y las amenazas de la Gripe A, Ocaña confirmó su presencia en el ministerio hasta el 26 de junio, dos días antes de las elecciones legislativas, cuando dejaría su cargo. Una vieja aspiración del ex presidente Néstor Kirchner.
Sin embargo, las versiones periodísticas indican que el responsable de entronizar un sucesor será el propio titular de la CGT, en una clara señal del acuerdo político que vincula a los Kirchner con Moyano, quien además podrá blindar desde el ministerio sus manejos en las obras sociales como prestatarias del sistema de salud de todos los argentinos.
Esta maniobra, de confirmarse, no haría más que oficializar la sindicalización de las obras sociales, lo que es una grave y lamentable señal corporativa para la democracia. Desde el ‘83 hasta acá, el poder institucional no ha hecho más que resignar controles a favor de una organización que ni siquiera representa a la totalidad de los trabajadores, sino que es un apéndice siempre funcional a las políticas del PJ.
En noviembre del 2008 celebramos un fallo de la Corte Suprema que habilitaba en el país un nuevo escenario para la tarea gremial, al establecer la libertad sindical que posibilitaría, entre otras cosas, la obtención de la personería gremial de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), o que los delegados sindicales deban pertenecer necesariamente a gremios con personería, es decir, la libre asociación.
Justamente, un día después de conocido ese fallo, el gobierno nacional puso al frente del organismo que controla a las obras sociales a un hombre del líder de la CGT: Juan Rinaldi. Esta especie periodística no desmentida pero que da cuenta del desembarco de Moyano en el ministerio de Salud a través de alguno de sus hombres de confianza, parece enmarcarse en el mismo sentido: en un nuevo gesto que reafirma la férrea alianza entre el ex titular del gremio de los camioneros y un gobierno que antes que seguir cediendo poder, prefiere aumentar las cuotas de participación de sus socios estratégicos.
Abrumada por esta constante batalla, desgastada además por la epidemia del dengue y las amenazas de la Gripe A, Ocaña confirmó su presencia en el ministerio hasta el 26 de junio, dos días antes de las elecciones legislativas, cuando dejaría su cargo. Una vieja aspiración del ex presidente Néstor Kirchner.
Sin embargo, las versiones periodísticas indican que el responsable de entronizar un sucesor será el propio titular de la CGT, en una clara señal del acuerdo político que vincula a los Kirchner con Moyano, quien además podrá blindar desde el ministerio sus manejos en las obras sociales como prestatarias del sistema de salud de todos los argentinos.
Esta maniobra, de confirmarse, no haría más que oficializar la sindicalización de las obras sociales, lo que es una grave y lamentable señal corporativa para la democracia. Desde el ‘83 hasta acá, el poder institucional no ha hecho más que resignar controles a favor de una organización que ni siquiera representa a la totalidad de los trabajadores, sino que es un apéndice siempre funcional a las políticas del PJ.
En noviembre del 2008 celebramos un fallo de la Corte Suprema que habilitaba en el país un nuevo escenario para la tarea gremial, al establecer la libertad sindical que posibilitaría, entre otras cosas, la obtención de la personería gremial de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), o que los delegados sindicales deban pertenecer necesariamente a gremios con personería, es decir, la libre asociación.
Justamente, un día después de conocido ese fallo, el gobierno nacional puso al frente del organismo que controla a las obras sociales a un hombre del líder de la CGT: Juan Rinaldi. Esta especie periodística no desmentida pero que da cuenta del desembarco de Moyano en el ministerio de Salud a través de alguno de sus hombres de confianza, parece enmarcarse en el mismo sentido: en un nuevo gesto que reafirma la férrea alianza entre el ex titular del gremio de los camioneros y un gobierno que antes que seguir cediendo poder, prefiere aumentar las cuotas de participación de sus socios estratégicos.
Aunque con ello se entregue el patrimonio de todos los trabajadores a la burocracia sindical que dice representarlos, pero que no hace más que usarlos como prenda de cambio u objeto de presión para aumentar su ya contundente impronta en la política nacional.