Opinión
Problemas ocultos tras el escandalete de Capital
El conflicto del Concejo Deliberante de la Capital se ha ubicado en el centro de la noticia, a partir de algunas frases espectaculares, que pueden quedar como una anécdota intrascendente. Pero, en realidad, al tomar estado público, se abre una buena oportunidad de examinar un problema muy profundo que conviene encarar de una vez por todas.
En el Concejo Deliberante de la Capital ha ocurrido el mismo problema que en otros foros parlamentarios, incluyendo varios concejos deliberantes de los municipios del interior de la provincia, la Legislatura de Mendoza y el Congreso de la Nación: se trata de la imposibilidad de hacer política en forma institucional por la pulverización de los bloques partidarios.
Mendoza tiene tres fuerzas políticas con trayectoria e identidad. El ciudadano corriente podrìa esperar que, al ir a un Concejo Deliberante o a la Legislatura, se encuentran allí tres opciones muy claras: radicales, peronistas y demócratas. El ciudadano, desde el sentido comun, entiende que tienen que existir tres bloques, cada uno encargado de impulsar iniciativas consistentes con los principios programáticos de su fuerza política. Se supone que los representantes que ocupan esas bancas, no lo hacen en nombre propio, sino porque representan a decenas de miles de vecinos de Mendoza. Y que cada uno de ellos, no es un autócrata, que puede hacer cualquier cosa que se le ocurra. Al contrario, está allí para llevar adelante un mandato, y con un plan. Una hoja de ruta, que está dada por los principios y la ideología de su partido.
El respeto a la identidad y los valores de su partido, es lo que justifica la existencia de esos foros parlamentarios.
Pero lamentablemente, esto no ocurre. Los bloques están fragmentando porque los concejales y legisladores han cortado los lazos con sus respectivos partidos. Y terminan por asumir una actitud individualista. Se han privatizado las bancas parlamentarias. Como resultado, en vez de votar en función de determinados principios generales, los concejales y legisladores votan según su interés personal. Puro y duro.
Por lo tanto, para lograr la aprobación de una ley u ordenanza, no se busca el consenso a partir de acuerdos estratégicos. En vez de buscar el consenso, se negocian los votos. Uno por uno. Legislador por legislador. Concejal por concejal. Y para votar, éstos no reivindican principios, sino que piden prebendas o ventajas personales.
Digamoslo de una vez: se han privatizado las bancas municipales y legislativas.
Si bien está vigente la Constitución y se vota libremente, lo que está ocurriendo en la realidad es que hemos pasado de la democracia a la autocracia.
No todos, pero sí muchos legisladores y concejales, son verdaderos autócratas. Como era el zar de Rusia hasta 1917.
Hay una buena cantidad de concejales y legisladores que, tras romper el bloque partidario, forman un bloque unipersonal. Como resultado, han hecho una metamorfosis asombrosa: se convierten en amos y señores de una banca que tiene un poder enorme, infinito, pues de ella depende el normal funcionamiento del Estado. Y cada vez que ese voto se necesita, tiene un precio.
Para salir de este pantano (que abarco toda la provincia y el país), es preciso reaccionar con energía. Hay que recuperar los partidos políticos. En otras columnas ya habíamos señalado que el partido es parte del capital de una nación, como los hospitales, escuelas y carreteras. Por eso, romper un partido, fragmentar un bloque parlamentario, equivale a bombardear un puerto o quemar una escuela.
Hay que recuperar los partidos, e idear sistemas de control de gestión para los que ocupan cargos electivos. Por eso, sería bueno que cada partido pueda crear una Junta Ejecutiva, formada por gentes de honor, con criterio propio, que no puedan ser compradas o sobornadas por prebendas. Personas que hayan hecho algo por su comunidad y tengan un honor que defender (rectores, presidentes de organizaciones intermedias, creadores).
Lamentablemente, los actuales comités departamentales no suelen tener legitimidad para estas tareas, porque están formados por empleados de los concejales y legisladores: no tienen identidad propia ni autonomía para plantarse frente a aquellos y amonestarlos. Con frecuencia, no conocen ni la ideología de su partido. Y no tienen ninguna capacidad de decidir por si mismos. La prueba más clara es la siguiente: frente a las sucesivas fragmentaciones de bloques, ¿qué comité departamental o provincial, de qué partido, ha tenido la dignidad de tomar medidas, sancionar a los concejales y legisladores, y exhortarlos a deponer su actitud?
Necesitamos que los partidos convoquen a las personas destacadas de los departamentos y de la provincia, para integrar esos foros de garantía republicana. Esas personas tienen vocación de servicio público, y constituyen, hoy por hoy, un enorme capital humano, que no estamos aprovechando en plenitud. Es como si Mendoza fuera una gran fábrica con buena parte de su capacidad instalada sin utilizar.
Esas Juntas Ejecutivas son las que tiene que controlar a los concejales para que expliquen por qué votan lo que votan; por qué apoyan una iniciativa o no. Tiene que sancionar a los concejales si éstos se desvían de su función natural de servir sus bancas conforme a los principios partidarios, para ponerlos exclusivamente en función de su interés individual. Y tiene que poder premiar con la reelección y con el reconocimiento a esos hombres y mujeres que, en forma silenciosa y eficaz, desgastan su vida por servir noblemente a su pueblo.
Digamoslo de una vez: se han privatizado las bancas municipales y legislativas.
Si bien está vigente la Constitución y se vota libremente, lo que está ocurriendo en la realidad es que hemos pasado de la democracia a la autocracia.
No todos, pero sí muchos legisladores y concejales, son verdaderos autócratas. Como era el zar de Rusia hasta 1917.
Hay una buena cantidad de concejales y legisladores que, tras romper el bloque partidario, forman un bloque unipersonal. Como resultado, han hecho una metamorfosis asombrosa: se convierten en amos y señores de una banca que tiene un poder enorme, infinito, pues de ella depende el normal funcionamiento del Estado. Y cada vez que ese voto se necesita, tiene un precio.
Para salir de este pantano (que abarco toda la provincia y el país), es preciso reaccionar con energía. Hay que recuperar los partidos políticos. En otras columnas ya habíamos señalado que el partido es parte del capital de una nación, como los hospitales, escuelas y carreteras. Por eso, romper un partido, fragmentar un bloque parlamentario, equivale a bombardear un puerto o quemar una escuela.
Hay que recuperar los partidos, e idear sistemas de control de gestión para los que ocupan cargos electivos. Por eso, sería bueno que cada partido pueda crear una Junta Ejecutiva, formada por gentes de honor, con criterio propio, que no puedan ser compradas o sobornadas por prebendas. Personas que hayan hecho algo por su comunidad y tengan un honor que defender (rectores, presidentes de organizaciones intermedias, creadores).
Lamentablemente, los actuales comités departamentales no suelen tener legitimidad para estas tareas, porque están formados por empleados de los concejales y legisladores: no tienen identidad propia ni autonomía para plantarse frente a aquellos y amonestarlos. Con frecuencia, no conocen ni la ideología de su partido. Y no tienen ninguna capacidad de decidir por si mismos. La prueba más clara es la siguiente: frente a las sucesivas fragmentaciones de bloques, ¿qué comité departamental o provincial, de qué partido, ha tenido la dignidad de tomar medidas, sancionar a los concejales y legisladores, y exhortarlos a deponer su actitud?
Necesitamos que los partidos convoquen a las personas destacadas de los departamentos y de la provincia, para integrar esos foros de garantía republicana. Esas personas tienen vocación de servicio público, y constituyen, hoy por hoy, un enorme capital humano, que no estamos aprovechando en plenitud. Es como si Mendoza fuera una gran fábrica con buena parte de su capacidad instalada sin utilizar.
Esas Juntas Ejecutivas son las que tiene que controlar a los concejales para que expliquen por qué votan lo que votan; por qué apoyan una iniciativa o no. Tiene que sancionar a los concejales si éstos se desvían de su función natural de servir sus bancas conforme a los principios partidarios, para ponerlos exclusivamente en función de su interés individual. Y tiene que poder premiar con la reelección y con el reconocimiento a esos hombres y mujeres que, en forma silenciosa y eficaz, desgastan su vida por servir noblemente a su pueblo.