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Opinión
Inseguridad: el miedo no puede ser un eterno candidato
Ante cada nueva crisis, aparecen las culpas cruzadas. Gobierno y oposición siguen sin entender que a pesar de las responsabilidades que a todos les caben, es imprescindible no seguir haciendo de la muerte y el dolor un macabro juego político
Una nueva ola de inseguridad recorre Mendoza. Como una especie de tragedia cíclica, los asesinatos, las violaciones y los robos violentos volvieron a poner el problema en el centro de la agenda pública.
En ese lugar, las especulaciones políticas siempre le ganan de mano al raciocinio y a la seriedad que el asunto exige. Pese a lo antiguo del problema, y a lo doloroso de sus secuelas, no se logra superar la situación.
El gobierno de Celso Jaque tiene una responsabilidad más que importante en el estado actual del problema. No sólo porque hace más de un año que maneja los destinos de la Provincia y hasta el momento no ha acertado con sus políticas para contener el delito. Si no porque al contrario, flota la más contundente sensación que la impericia, la desorientación y el desconocimiento histórico del Estado no ha hecho más que agravar las condiciones del crimen.
A ello se le suma un pecado original que carga el jaquismo, ya que en su momento hizo de la inseguridad un tema de campaña, y lo puso como caballito de batalla para obtener su objetivo inmediato: ganar las elecciones del 2007. Para colmo de males, calculó mal (o mintió) sobre sus posibilidades de gestión, y prometió –deliberadamente- sobre aquello que jamás tal vez pueda cumplir ni siquiera en lo que resta de su mandato: reducir el delito el 30%. Al menos, hasta el momento, los índices indican todo lo contrario.
De nada ha servido el tan promocionado Pacto Social por la Seguridad, que impulsó el gobierno más urgido por la coyuntura y los titulares de los medios, que por la convicción profunda que sería necesario tratar en estos casos. Es más, en esa ocasión, todos asintieron y firmaron. Pero seguimos fallando: el gobierno porque no lidera, la oposición porque más que poner límites, sólo critica.
Pues las expresiones poco felices que desde la oposición surgieron a raíz de los últimos y conmovedores sucesos, ahora intentan responsabilizar exclusivamente al gobierno de la situación por la que atraviesa la provincia. Como hemos dicho, el gobierno de Jaque tiene una gran responsabilidad, pero no es única. El resto de las fuerzas políticas, como articuladores de las necesidades y portadores de soluciones, también es responsable: algunos porque fueron gobierno y poco hicieron; otros, porque pueden serlo en el futuro y si algo hemos comprobado los mendocinos es que las recetas mágicas no existen.
La provincia no puede seguir jugando al juego del gran bonete. Es hora que tanto el gobierno como la oposición comprendan cabalmente que la inseguridad no soporta más especulaciones de ninguna índole. El gobierno no puede seguir echando culpas hacia fuera, y haciendo lo que criticaba cuando estaba en la oposición. La oposición no puede seguir culpando alegremente al gobierno, y desentendiéndose del tema cuando logra ser gobierno.
Esta ha sido la historia de la seguridad con los mendocinos y aquel acuerdo político que en el ‘98 gestó la reforma policial, impulsado por el entonces gobernador Arturo Lafalla y los líderes de la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata y el mismo Partido Justicialista.
A partir de allí, se gestó una política de Estado que lentamente se fue abandonando y en la que las pequeñeces partidarias le ganaron a los grandes acuerdos, a la política bien entendida, a la necesidad del diálogo y la coincidencia, a la comprensión de que no todos los temas pueden ser susceptibles de disputa y polémica.
El inicio del año ha sido tremendamente violento. Veinte asesinatos en enero y cuatro víctimas fatales en lo poco que va de febrero, hablan a las claras de la magnitud y la preponderancia que la violencia social, como fenómeno más abarcador que la inseguridad, tiene (o debería tener) en la pauta de cualquier gobierno.
Es imprescindible que nuestros dirigentes puedan estar a la altura de las circunstancias y recreen aquellos acuerdos hoy desdibujados. La muerte y el dolor de los mendocinos no pueden seguir en el listado de aspectos a diferenciarse de los rivales políticos, mucho menos en un año electoral que todo lo tiñe.
Si somos capaces de poner la vida y la tranquilidad de los mendocinos en un paraguas que permita enfrentar a fondo y seriamente los problemas que producen la inseguridad, y las consecuencias de su imperio, habremos hecho un gran aporte a Mendoza.
Si esto no sucede, y la pelea se eterniza, de nada servirá que el gobierno o la oposición ganen elecciones. Las muertes y los desgarramientos seguirán siendo motivo cotidiano de más pena y daño. Es hora de hacer algo en serio. El miedo nunca ha sido candidato, pero sin embargo, es el único que en todo este tiempo ha ganado.
Pues las expresiones poco felices que desde la oposición surgieron a raíz de los últimos y conmovedores sucesos, ahora intentan responsabilizar exclusivamente al gobierno de la situación por la que atraviesa la provincia. Como hemos dicho, el gobierno de Jaque tiene una gran responsabilidad, pero no es única. El resto de las fuerzas políticas, como articuladores de las necesidades y portadores de soluciones, también es responsable: algunos porque fueron gobierno y poco hicieron; otros, porque pueden serlo en el futuro y si algo hemos comprobado los mendocinos es que las recetas mágicas no existen.
La provincia no puede seguir jugando al juego del gran bonete. Es hora que tanto el gobierno como la oposición comprendan cabalmente que la inseguridad no soporta más especulaciones de ninguna índole. El gobierno no puede seguir echando culpas hacia fuera, y haciendo lo que criticaba cuando estaba en la oposición. La oposición no puede seguir culpando alegremente al gobierno, y desentendiéndose del tema cuando logra ser gobierno.
Esta ha sido la historia de la seguridad con los mendocinos y aquel acuerdo político que en el ‘98 gestó la reforma policial, impulsado por el entonces gobernador Arturo Lafalla y los líderes de la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata y el mismo Partido Justicialista.
A partir de allí, se gestó una política de Estado que lentamente se fue abandonando y en la que las pequeñeces partidarias le ganaron a los grandes acuerdos, a la política bien entendida, a la necesidad del diálogo y la coincidencia, a la comprensión de que no todos los temas pueden ser susceptibles de disputa y polémica.
El inicio del año ha sido tremendamente violento. Veinte asesinatos en enero y cuatro víctimas fatales en lo poco que va de febrero, hablan a las claras de la magnitud y la preponderancia que la violencia social, como fenómeno más abarcador que la inseguridad, tiene (o debería tener) en la pauta de cualquier gobierno.
Es imprescindible que nuestros dirigentes puedan estar a la altura de las circunstancias y recreen aquellos acuerdos hoy desdibujados. La muerte y el dolor de los mendocinos no pueden seguir en el listado de aspectos a diferenciarse de los rivales políticos, mucho menos en un año electoral que todo lo tiñe.
Si somos capaces de poner la vida y la tranquilidad de los mendocinos en un paraguas que permita enfrentar a fondo y seriamente los problemas que producen la inseguridad, y las consecuencias de su imperio, habremos hecho un gran aporte a Mendoza.
Si esto no sucede, y la pelea se eterniza, de nada servirá que el gobierno o la oposición ganen elecciones. Las muertes y los desgarramientos seguirán siendo motivo cotidiano de más pena y daño. Es hora de hacer algo en serio. El miedo nunca ha sido candidato, pero sin embargo, es el único que en todo este tiempo ha ganado.