Opinión
Hacer, cambiar, zafar: Dilemas de las políticas de seguridad
En primer lugar, todavía se le asigna a la idea de zafar una importancia extrema. ¿De qué se trata? Pues de orientar los recursos y las políticas, no a solucionar el problema lo más profundamente posible, sino a evitar una crisis. Crisis, por otra parte, que son producto de elementos apenas controlables, pero que se potencian si se irrita a ciertos sectores o no se cede ante determinadas presiones. Tras esta visión se esconde lo que hemos llamado la “política del doble pacto”, que ha caracterizado las políticas de seguridad durante décadas. Según ella, el gobierno de la seguridad depende de un primer pacto entre la dirigencia política y las fuerzas policiales y, al mismo tiempo, de un segundo pacto entre las fuerzas policiales y ciertos sectores de la criminalidad con alguna presencial territorial o temática relevante. Gracias a estos pactos se puede mantener cierto equilibrio y evitar, sobretodo, las crisis que erosionan a los gobiernos y asustan a la población.
Es evidente que esta lógica del doble pacto poco tiene que ver con una verdadera política de seguridad y, menos aún, tiene que ver con una concepción democrática del gobierno de la seguridad. Pero lo más grave es que ella constituye, hoy en día, una mera ilusión. Ni los sectores políticos pueden garantizar un pacto con las fuerzas de seguridad –las presiones sociales en este tema son muy altas- ni las fuerzas de seguridad pueden garantizar un pacto con sectores relevantes de la criminalidad, ya que han perdido el viejo control sobre la calle, dadas las nuevas formas de movilidad de los mercados ilegales, el contexto de marginalidad creciente y la desestructuración de redes y lazos, aún dentro del mundo criminal. Pero la ilusión de zafar lleva a que se evite tocar lo que no ha provocado una crisis, se evite irritar a las fuerzas de seguridad y sobre todo, va gestando una concepción profundamente conservadora dentro de las políticas de seguridad, según la cual la mejor política es la que tiene suerte, nada cambia y pasa el problema a las próximas autoridades.
En buena medida, el nombramiento de personas que no provienen del ámbito del sistema de seguridad o la continuidad de las políticas del gobierno nacional constituyen una ratificación del intento reiterado de restablecer el doble pacto, pese a su notoria imposibilidad. Mientras tanto nos perdemos todo lo que se puede hacer y mucha parte de lo que se debe cambiar. El escamoteo de la transferencia de parte de la policía federal nos impide lanzar en serio un verdadero plan conjunto para la zona metropolitana, centro de gravedad de todo el problema de seguridad del país y nos impide, además, avanzar en la reconversión de la policía federal en la nueva agencia federal de investigaciones, anunciada por el gobierno saliente y al poco tiempo archivada, frente a la presión de la desorbitada Secretaria de Inteligencia.
Sin la creación de un amplio plan metropolitano y sin la reorganización profunda de las fuerzas de seguridad federales, todo hace suponer que navegaremos en más de lo mismo: la queja permanente de los ciudadanos, el tratar de trasmitir una idea de control sobre las fuerzas policiales basado en la idea de “mano firme” , la retórica mentirosa de mano dura, la apuesta a que la suerte no haga aparecer un caso mediático que haga caer a los ministros y la ausencia de debate público sobre este tema, para evitar mayores reclamos sociales.
Frente a esta política antigua se debe alzar la creación de un verdadero gobierno civil de la seguridad, que permita sustentar verdaderas acciones de largo plazo. Lo primero que debería demostrar una convocatoria a todas las fuerzas políticas es que no se trata de una forma de tratar de salir de una crisis (ya que es la misma lógica de zafar, pero comprometiendo a muchos) sino del modo de fundar ese gobierno efectivo y de darle continuidad. La política de seguridad es, a lo menos, tan compleja como la política económica, y así como nos parece terrible que se destruya el sistema de información sobre la economía, no nos inmutamos casi al saber que prácticamente no tenemos un sistema de información confiable para desarrollar políticas de seguridad. Es sólo una muestra del primitivismo en el que todavía nos movemos.
Por la tentación de zafar, nos perdemos la indispensable reorganización del sistema de seguridad, tanto para aumentar el gobierno civil sobre ese sistema como para desarrollar nuevas y complejas políticas de seguridad, necesidad que reclaman este tiempo y una idea de eficiencia que no sea puramente propagandística y mientras tanto nos cabe esperar un porvenir que seguirá requiriendo, sin duda, acciones decididas que no escondan el problema bajo la alfombra o dejen que las situaciones sociales se vuelvan más complejas y difíciles de manejar.
El autor: Alberto Binder es director del CEPPAS y miembro de la comisión directiva del ILSED, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Es autor de "Policías y ladrones. La inseguridad en cuestión" y de numerosos libros de derecho penal, procesal penal y política criminal.