Opinión
"El Estado debe redoblar la apuesta"
En alguna oportunidad recuerdo que escuché al Licenciado Alejandro Castro Santander, que explicó magistralmente el tema de la violencia en las escuelas, facilitando su exposición con power point. También se refirió a la droga como un flagelo que pone en riesgo a los chicos y a la misma población estudiantil. La vulnerabilidad que muestran ellos se acentúa a partir de este flagelo y justamente por ello, el Estado debe redoblar la apuesta en contener a los niños principalmente a través de la escuela, puesto que si se opta por un sistema de exclusión se contribuye a su derrumbe psicológico, trato de ser lo más fiel a lo que explicara en su oportunidad el prestigioso profesional, a quién le reconozco parte de razón.
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No obstante ello, en los últimos años he reflexionado mucho sobre este tema tan difícil de resolver. Recuerdo al fallecido periodista Bernardo Neustadt que decía que teníamos que intentar hacer algo con las maestras que están siendo víctimas por parte de los alumnos de las escuelas. Evidentemente, dentro del marco protector de la minoridad desde la puesta en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño del año 1.989, ratificada por la Ley 23.849 del año 1.990 e incorporada a la Constitución Nacional en el art. 75 inc. 22, con la reforma constitucional del año 1.994.
Más allá del histrionismo o la polémica que generaba Neustadt, me atrevería a rescatar el planteo del Dr. Perrone, psiquiatra rosarino que en alguna oportunidad fue invitado a dar una charla invitado por la Dirección General de Escuelas. El Dr. Perrone según tengo entendido elaboró un proyecto que habría obtenido el primer puesto de los calificados por el gobierno francés, y que en resumen consistía en que se debe procurar el cambio de los alumnos virulentos o violentos de las escuelas a otra si se quiere el término escuela inferior o de segunda categoría que estén abocadas justamente a trabajar con esta clase de chicos y como una forma también de poder así premiar a los buenos alumnos de todas las escuelas.
Creo coincidir con el Dr. Perrone en este aspecto, sobre todo si se tiene en cuenta que desde lo legal por ejemplo en el ámbito provincial no hay norma que avale la expulsión en la escuela pública primaria, actual E.G.B., ni tampoco en el Polimodal. Para colmo se suma que en los casos de menores adictos no hay un centro dedicado específicamente a tratar esa temática, salvo las internaciones de toda necesidad y urgencia previstas por el art. 482 del Código Civil en los neuropsiquiátricos en los casos de menores mayores de 17 años, o en la U.I.C. (la Unidad de Internación en Crisis) en los casos de menores de 17 años, pero que como es de público conocimiento sólo se los tiene allí albergados hasta que se estabilizan sin que se haya "curado del problema de su adicción".
Por el momento creo que es muy difícil que la provincia pueda tener un centro como el famoso Ibicuy en la provincia de Entre Ríos, aunque de todas formas dicha institución es privada y tengo entendido que está en alrededor de $ 1200 a $ 1500 por mes, lógicamente inaccesible para muchos. Por eso es que atento a ello considero que se tendría que tener muy en cuenta la tesis del Dr. Perrone para buscar una solución al problema de los alumnos violentos en las Escuelas.
El autor: El Dr. Gustavo Coll es secretario tutelar del Segundo Juzgado de Familia de Mendoza.