Opinión
El mundo y el modelo K de distribución
Hay ejemplos en el mundo que demuestran que, si bien la alta participación en la renta y la política de distribución son legales,en algunas circunstancias pueden ser ilegítimas. La demora del Plan y la importancia de la transparencia, la eficiencia y un genuino sentido de equidad en la legitimidad de medidas como las que originaron el conflicto.
Cuando se insinuaba en el horizonte la posibilidad de una renta extraordinaria, Olof Palme hacía elaborar un plan gubernamental de inversión en áreas estratégicas. El Estado mostraba su idea antes de discutir su parte de esa renta extraordinaria. Pero no fue por eso la celebridad de aquel líder socialista sueco, sino por su proyección internacional, poco frecuente en los gobernantes nórdicos. Al fin de cuentas, presentar públicamente el plan de acción antes de tomar la iniciativa de interceptar renta extraordinaria, es la normalidad en el Estado de Derecho de las democracias maduras.
El conflicto que ensombreció de golpe la Argentina quizá se habría evitado si la presidente hubiera presentado el plan que anunció el lunes, por lo menos en el momento en que se anunciaron las retenciones móviles, o como mucho un par de semanas más tarde. Pero tres meses después, es demasiado tarde para ser creíble. Semejante demora revela que dicho plan no existía ni como vaga idea, en el momento de estallar el conflicto. Y eso mantiene en pie un debate clave que debe darse a la luz de los ejemplos del mundo: lo legal y lo legítimo en la acción gubernamental.
La razón del gobierno existe, tiene sustento constitucional (a pesar de lo que ha planteado una jueza) y una lógica que va incluso más allá de lo ideológico. La renta es un instrumento válido de distribución de riqueza y no un derecho sagrado del sector que la produzca. Más aún cuando una escalada extraordinaria en los precios internacionales que la generan, puede producir un ingreso aluvional de dólares que haría tambalear el tipo de cambio, poniendo en riesgo la continuidad del modelo.
Como instrumento distributivo es más bien anticuado en un mundo en el que las nuevas izquierdas procuran formas diferentes de hacer emerger a los más sumergidos, sin desalentar a los sectores dinámicos de la economía, muchos menos si, como el campo argentino, no saca las ganancias fuera del país sino que la reinvierte en tecnología de punta y la derrama inmediatamente en la sociedad de la que forma parte.
Pero por anticuado no deja de ser válido, sobre todo en países donde la desigualdad y la pobreza bloquean el ingreso al desarrollo. Sin embargo, su validez depende de la circunstancias y, sobre todo, de las características del gobierno que lo utiliza.
En el discurso kirchnerista, la decisión unilateral sobre el nivel de participación gubernamental en la renta agropecuaria es un derecho fuera de toda discusión, porque se trata de algo bueno en sí mismo.
Amén de que no es la única ni la más moderna de las formas, el campo se equivoca si niega al Estado la facultad de usar la renta como factor equilibrante en una sociedad desequilibrada. Pero el gobierno incurre en un error fraudulento al considerarla una atribución válida en sí misma, o sea sin depender de factores y circunstancias.
En el razonamiento kirchnerista, la participación gubernamental en la renta, en proporciones decididas unilateralmente, equivale a un signo revelador del nivel de justicia que se vive en un país; por lo tanto, resistir contra la unilateralidad del gobierno no puede ser sino un acto mezquino y deleznable, tendiente a generar pobreza y desigualdad.
Pues bien, si así fuera entonces el régimen de Saddam Hussein habría sido más justo y equitativo que las socialdemocracias nórdicas. Los yacimientos petroleros están en el norte y en el sur, donde son mayoría los kurdos y los chiítas respectivamente, pero no en el centro de Irak, donde predomina la etnia sunita. Saddam utilizó siempre la renta petrolera para fortalecer las tribus sunitas que sustentaban su régimen, en particular las de la ciudad de Tikrit y el Clan Jatab, al que pertenece su familia.
Posiblemente, de ser por kurdos y chiítas ni una gota de petróleo se hubiera derramado en la región suní. Pero la política saddamista apuntó a empobrecer y debilitar a chiítas y kurdos, convirtiendo a su propia etnia, la sunita, en una militancia oficialista financiada con la renta petrolera. Y que la invasión norteamericana haya sido una aberración no disminuye el carácter injusto y desequilibrante del poder baasista.
Sería delirante comparar a Kirchner con el sanguinario hombre fuerte de Bagdad, pero tiene lógica recordar algo tan obvio como que no toda redistribución es con sentido equitativo; la de Saddam Hussein era sesgada, politizada y totalmente dedicada a fortalecer su propio poder, oprimiendo a kurdos y chiítas, comunidades que fueron masacradas cuando se alzaron en rebelión reclamando, precisamente, la parte de la exportación petrolera que consideraban propia.
En cuanto al modelo K de participación en la renta, está claro que el kirchnerismo tiene sus propios sunitas, su Tikrit y su clan Jatab; una legión de favorecidos por una distribución sesgada y arbitraria de la renta que el gobierno (no el Estado) captura mediante las retenciones.
En el cuadrante ideológico en que el kirchnerismo situó su discurso sobre las retenciones, la mayor participación del gobierno en lo producido por las exportaciones garantiza, por sí misma, la reversión del proceso de concentración de riqueza. Pero eso es absurdo y lo demuestra, por caso, la actualidad rusa.
Con Vladimir Putin al frente del gobierno y Dimitri Medvedev al frente del coloso Gazprom, el gobierno ruso fue por lejos el que más participó de la renta exportadora del gas y del petróleo en Europa, sin embargo Rusia es el rincón europeo donde más concentración de riqueza hubo en las últimas décadas. Al punto que las estadísticas muestran que de las 25 fortunas más grandes de Europa, 22 son rusas. Por cierto, los dueños de esas desmesuradas riquezas son “amigos del poder”, que financian al partido oficialista Rusia Unida y hacen sus negocios a la sombra del Estado.
El mundo ofrece muchos otros ejemplos de que la distribución de riquezas puede realizarse de una forma injusta y arbitraria, o sea no para generar equidad social sino para cimentar la concentración personalista de poder político. Y también para probar que la alta participación del Estado en la renta nacional no necesariamente desconcentra la riqueza, sino que puede acentuar esa concentración en un sentido favorable al poder político.
Legalidad no implica legitimidad. Legal es todo lo que no contraría las leyes vigentes, mientras que legítimo es toda acción gubernamental comprendida y aceptada por la sociedad. Estados como el sueco, el noruego y el finlandés, con alta participación en la renta nacional, actúan con incuestionable legitimidad porque se manejan con total transparencia y son altamente eficientes para brindar en forma equitativa servicios públicos de excelencia.
En menor medida, pero a una distancia sideral de los parámetros argentinos, en el resto de Europa y en países como Canadá, Nueva Zelanda y Australia ocurre lo mismo. En cambio el modelo kirchnerista de participación en la renta y distribución encuentra más resistencias que apoyos, porque el gobierno los ejerce de manera arbitraria, sin controles, los utiliza para consolidar una desmedida concentración de poder, beneficia sólo a sumisos y leales, además exhibir estratosféricos niveles de ineficiencia y corrupción.
En el discurso kirchnerista, la decisión unilateral sobre el nivel de participación gubernamental en la renta agropecuaria es un derecho fuera de toda discusión, porque se trata de algo bueno en sí mismo.
Amén de que no es la única ni la más moderna de las formas, el campo se equivoca si niega al Estado la facultad de usar la renta como factor equilibrante en una sociedad desequilibrada. Pero el gobierno incurre en un error fraudulento al considerarla una atribución válida en sí misma, o sea sin depender de factores y circunstancias.
En el razonamiento kirchnerista, la participación gubernamental en la renta, en proporciones decididas unilateralmente, equivale a un signo revelador del nivel de justicia que se vive en un país; por lo tanto, resistir contra la unilateralidad del gobierno no puede ser sino un acto mezquino y deleznable, tendiente a generar pobreza y desigualdad.
Pues bien, si así fuera entonces el régimen de Saddam Hussein habría sido más justo y equitativo que las socialdemocracias nórdicas. Los yacimientos petroleros están en el norte y en el sur, donde son mayoría los kurdos y los chiítas respectivamente, pero no en el centro de Irak, donde predomina la etnia sunita. Saddam utilizó siempre la renta petrolera para fortalecer las tribus sunitas que sustentaban su régimen, en particular las de la ciudad de Tikrit y el Clan Jatab, al que pertenece su familia.
Posiblemente, de ser por kurdos y chiítas ni una gota de petróleo se hubiera derramado en la región suní. Pero la política saddamista apuntó a empobrecer y debilitar a chiítas y kurdos, convirtiendo a su propia etnia, la sunita, en una militancia oficialista financiada con la renta petrolera. Y que la invasión norteamericana haya sido una aberración no disminuye el carácter injusto y desequilibrante del poder baasista.
Sería delirante comparar a Kirchner con el sanguinario hombre fuerte de Bagdad, pero tiene lógica recordar algo tan obvio como que no toda redistribución es con sentido equitativo; la de Saddam Hussein era sesgada, politizada y totalmente dedicada a fortalecer su propio poder, oprimiendo a kurdos y chiítas, comunidades que fueron masacradas cuando se alzaron en rebelión reclamando, precisamente, la parte de la exportación petrolera que consideraban propia.
En cuanto al modelo K de participación en la renta, está claro que el kirchnerismo tiene sus propios sunitas, su Tikrit y su clan Jatab; una legión de favorecidos por una distribución sesgada y arbitraria de la renta que el gobierno (no el Estado) captura mediante las retenciones.
En el cuadrante ideológico en que el kirchnerismo situó su discurso sobre las retenciones, la mayor participación del gobierno en lo producido por las exportaciones garantiza, por sí misma, la reversión del proceso de concentración de riqueza. Pero eso es absurdo y lo demuestra, por caso, la actualidad rusa.
Con Vladimir Putin al frente del gobierno y Dimitri Medvedev al frente del coloso Gazprom, el gobierno ruso fue por lejos el que más participó de la renta exportadora del gas y del petróleo en Europa, sin embargo Rusia es el rincón europeo donde más concentración de riqueza hubo en las últimas décadas. Al punto que las estadísticas muestran que de las 25 fortunas más grandes de Europa, 22 son rusas. Por cierto, los dueños de esas desmesuradas riquezas son “amigos del poder”, que financian al partido oficialista Rusia Unida y hacen sus negocios a la sombra del Estado.
El mundo ofrece muchos otros ejemplos de que la distribución de riquezas puede realizarse de una forma injusta y arbitraria, o sea no para generar equidad social sino para cimentar la concentración personalista de poder político. Y también para probar que la alta participación del Estado en la renta nacional no necesariamente desconcentra la riqueza, sino que puede acentuar esa concentración en un sentido favorable al poder político.
Legalidad no implica legitimidad. Legal es todo lo que no contraría las leyes vigentes, mientras que legítimo es toda acción gubernamental comprendida y aceptada por la sociedad. Estados como el sueco, el noruego y el finlandés, con alta participación en la renta nacional, actúan con incuestionable legitimidad porque se manejan con total transparencia y son altamente eficientes para brindar en forma equitativa servicios públicos de excelencia.
En menor medida, pero a una distancia sideral de los parámetros argentinos, en el resto de Europa y en países como Canadá, Nueva Zelanda y Australia ocurre lo mismo. En cambio el modelo kirchnerista de participación en la renta y distribución encuentra más resistencias que apoyos, porque el gobierno los ejerce de manera arbitraria, sin controles, los utiliza para consolidar una desmedida concentración de poder, beneficia sólo a sumisos y leales, además exhibir estratosféricos niveles de ineficiencia y corrupción.