Opinión
Todos somos garantistas
Escenario
Una recorrida rápida por las secciones de policiales en diarios y noticieros alcanza para advertir la tendencia del ciudadano a hacer "justicia por mano propia" en ocasión de delitos flagrantes. Habitualmente está acompañada de declaraciones que justifican la violencia. Así, una paliza con saña y ejecutada en banda, pasa a ser un acto de justicia.
A mi juicio hay aquí un error conceptual grueso que genera un reclamo mal dirigido. En términos sencillos, un juez no puede más que aplicar los códigos y disponer la libertad de un detenido si no procede su prisión preventiva. No tiene margen para interpretar. No puede elegir. Es más, si correspondiendo la libertad un juez dispusiera lo contrario es él el que estaría violando los códigos. Estaría, ni más ni menos, cometiendo un delito. En este caso un delito "exclusivo" para jueces que está previsto y penado en el artículo 270 del Código Penal de la Nación con multa e inhabilitación absoluta.
Nos encontramos entonces con un sector de la sociedad que admite que particulares apliquen castigo físico a alguien sorprendido in fraganti; no pocos que cometerían homicidio y aplicación de tormentos a un imputado; y en el fondo de la escala de histeria, muchos que sólo piden a los jueces que cometan delito.
Un poco de historia
La Nación Argentina incorporó a la Constitución Nacional, en 1994, el Pacto de San José de Costa Rica. La Convención Americana sobre Derechos Humanos que en ese pacto se acuerda respetar, tiene entonces rango constitucional. O sea, no hay ley de fondo ni de procedimiento que pueda oponerse a ella o diverger con sus disposiciones.
Nuestros legisladores, interpretando un mandato popular, han dado la mayor jerarquía de nuestro ordenamiento legal al tratado que representó el avance más notorio del siglo XX en cuanto a derechos y garantías.
El Código Procesal Penal de Mendoza, de reciente sanción, también adhiere al Pacto reconociendo entre otras fuentes a su homónimo de la Provincia de Córdoba y al de la República de Costa Rica.
No hay duda que tenemos una Nación comprometida con el cumplimiento del Pacto y una Provincia igualmente respetuosa.
El divorcio
No es el tema de esta colaboración analizar cuantitativamente si las expresiones anti garantistas descriptas son o no representativas del colectivo social. Aun así, valga como ejemplo el abortado intento de Julio Cobos de modificar el Código Procesal en mayo de 2007. Recordemos que una delegación del Centro de Estudios Legales y Sociales visitó la provincia y el proyecto de ley terminó archivado. Con esa referencia quiero ilustrar que hubo un gobernador, alguien avalado por la voluntad popular, que quiso "atentar" contra la Constitución con el fin de enfriar la conmoción social.
Asumo entonces que el reclamo no proviene precisamente de voces aisladas o extremistas. Tiene cierta raigambre en la sociedad.
No sé si será una conclusión temeraria, pero personalmente advierto una divergencia muy grave entre aquéllos que suscribieron el Pacto y legislaron en consonancia, con el resto de la sociedad, que en forma permanente exige endurecimientos, restricciones y procedimientos de excepción.
Veo dirigentes políticos embanderados en la doctrina garantista, pero a sus votantes pidiendo un retroceso. Más gráfico todavía: hasta hace poco tuvimos a Aguinaga, unmMinistro que fue coautor del nuevo Código Procesal… garantista.
La mala puntería
Un juez "garantista" no es más que uno que aplica la legislación vigente, un magistrado que defiende el Estado de Derecho. Calificar a alguien de "garantista" es como llamar a otro "democrático". No hay una cosa sin la otra, al menos mientras rija la Constitución.
Volvamos ahora al direccionamiento de la protesta. Tanto en la conversación diaria, como en la cobertura periodística, como en estos foros, se coincide en responsabilizar al Poder Judicial como custodio de la "puerta giratoria" de sospechosos e imputados. Es significativo también que las marchas de protesta por la inseguridad terminen depositando velas en las escalinatas de Tribunales.
Es muy raro advertir en los medios algún comentario que llame la atención sobre el destino erróneo del reclamo. Parece que se avala tácitamente este mix de culpables en el que se incluye a la Justicia sin mucho fundamento.
Menos todavía se escucha la voz de algún dirigente político en cargos legislativos. Creo que ese silencio es el más irresponsable de todos. Posiblemente sea la expectativa de un iluso que un diputado o senador salga a la vereda de Sarmiento y Patricias Mendocinas a enfrentar una marcha de protesta declarando "Somos nosotros los que escribimos las leyes. Somos nosotros los que prohibimos a los jueces dictar sentencia sin arreglo a derecho. Somos nosotros los promotores del garantismo".
Aunque la figura mueva al sarcasmo, creo que somos todos, empezando por nuestros representantes, los que debemos defender y fortalecer el Estado de Derecho. Creo también que hay cierta hipocresía en la omisión, cierta mimetización forzada con el pueblo para distribuir las cargas, sabiendo que la legalidad actual es virtualmente irreversible.
Posiblemente, con menos pasión y con menos urgencias, la sociedad podría asimilar que hay un poder del Estado al cual se le debe peticionar cuando se considera inadecuado el ordenamiento legal: el Legislativo. Extender el reclamo al Poder Judicial, insisto, no es más que pedirle a un juez que nos proteja del delito cometiendo delito. Un contrasentido.