Notas
El Gobierno pide a la Corte que actúe en el caso Clarín
El Gobierno reclamó ayer a la Corte Suprema que declarara "irregular y nulo" el sistema que aplica la Cámara Civil y Comercial para designar a subrogantes y le pidió que interviniera sobre el Consejo de la Magistratura para "destrabar" la selección de un juez que siga la causa abierta por la demanda del Grupo Clarín contra la ley de medios. El Poder Ejecutivo pretende designar a algún magistrado afín en el juzgado donde se tramita ese expediente.
Pero cinco miembros del Consejo se niegan a darle los votos necesarios. Ayer, el Poder Ejecutivo también los denunció ante la Procuración General, para que se investigue si "ese bloqueo constituye algún delito".
El anuncio de estas medidas lo hizo el ministro de Justicia, Julio Alak, y la ofensiva se concretó por medio de varios escritos firmados por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
Así, el Gobierno redobló la presión para imponer a un candidato a cargo de la causa en la que definirá si el principal grupo de medios del país debe desprenderse de licencias en forma perentoria.
En lo formal, la presentación ante la Corte que hicieron Abal Medina y Abbona, la jefa de los abogados del Estado, sostiene que el alto tribunal que preside Ricardo Lorenzetti, como cabeza del Poder Judicial, debe intentar destrabar la aprobación de la terna en el Consejo. Esto fue explicitado por Alak, aunque por cierto no surge tan claro del escrito.
Además, dice que la Corte debe revisar el sistema de designación de jueces interinos que aplica la Cámara; lo debe suspender interinamente y, finalmente, lo debe declarar nulo.
Según Alak, la Corte debe "proceder a analizar la situación en el Consejo de la Magistratura", porque cinco consejeros "bloquean" la elección de la terna de candidatos, lo que "provocó que la Cámara Civil y Comercial Federal no tenga jueces institucionales".
Desde hace diez días, Alak hace de vocero de la fuerte embestida oficial contra todos los jueces interinos que fueron designados: primero, contra Raúl Tettamanti, que renunció como consecuencia de esas presiones oficiales y, luego, contra el juez Roberto Torti, a quien ayer recusó.
Pero, en la práctica, el escrito presentado ante la Corte persigue otro doble objetivo.
Por un lado, según confesó una importante fuente oficial a LA NACION -que tuvo acceso a los escritos-, el Gobierno busca comprometer a la Corte en el enfrentamiento que mantiene con el Grupo Clarín, aunque se corre el riesgo de provocarle al tribunal un fuerte desgaste.
El constitucionalista Gregorio Badeni opinó: "El Consejo es un órgano político. Si allí el oficialismo no alcanza la mayoría necesaria para nombrar un juez, debe sentarse a negociar o dar por caído el concurso. Pero la Corte no tiene que intervenir sobre el Consejo".
Por otro lado, el Gobierno, en su escrito ante el tribunal, solicitó que en lugar del mecanismo de designación de la Cámara Federal se aplique el que establece la ley 26.376.
Este requerimiento parece ser neutro, pero esconde una picardía: el Juzgado Federal Civil y Comercial N° 1, como está vacante, sería cubierto por el juez titular del juzgado 2, Horacio Alfonso.
Este juez, curiosamente, fue nombrado el año último por la presidenta Cristina Kirchner. Y si bien no cumplió los tres años que establece la ley 26.484 como mínimo para que un juez recién nombrado como titular ocupe otro juzgado como subrogante -lo que siempre implica cierto descuido de su función original-, Alfonso, para el Gobierno, tiene la ventaja de que, en 2011, ya dictó un fallo contra Cablevisión.
Es decir, el juez interino que parecería preferir el Gobierno es pasible de la misma objeción que el Ejecutivo le hace a Torti, a quien sí recusó.
A las 11, en forma simultánea al anuncio que hacía Alak en la cartera de Justicia, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta del cuerpo, Elena Highton, recibían a Ricardo Recondo, el camarista federal que integra el Consejo, junto con los abogados Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargossi y los legisladores nacionales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla.
Por la tarde, Lorenzetti y Highton mantuvieron otra reunión similar con los dos consejeros jueces más cercanos al Gobierno: el camarista laboral Mario Fera y el juez Alejandro Sánchez Freytes.
Highton y Lorenzetti buscaban conocer de primera mano la controversia que está teniendo lugar en el Consejo, pero en ningún momento parecieron interesados en presionar o involucrarse en uno u otro sentido.
A lo sumo, sugirieron a los jueces que se esfuercen por llegar a algún entendimiento dentro del mismo Consejo.
Sin embargo, la demanda presentada por el Gobierno vino a involucrar a la Corte de lleno en el conflicto. Ayer, todos los ministros tenían copia de ese escrito, de 22 páginas, y seguramente lo debatirán en el acuerdo que celebren hoy..
Según Alak, la Corte debe "proceder a analizar la situación en el Consejo de la Magistratura", porque cinco consejeros "bloquean" la elección de la terna de candidatos, lo que "provocó que la Cámara Civil y Comercial Federal no tenga jueces institucionales".
Desde hace diez días, Alak hace de vocero de la fuerte embestida oficial contra todos los jueces interinos que fueron designados: primero, contra Raúl Tettamanti, que renunció como consecuencia de esas presiones oficiales y, luego, contra el juez Roberto Torti, a quien ayer recusó.
Pero, en la práctica, el escrito presentado ante la Corte persigue otro doble objetivo.
Por un lado, según confesó una importante fuente oficial a LA NACION -que tuvo acceso a los escritos-, el Gobierno busca comprometer a la Corte en el enfrentamiento que mantiene con el Grupo Clarín, aunque se corre el riesgo de provocarle al tribunal un fuerte desgaste.
El constitucionalista Gregorio Badeni opinó: "El Consejo es un órgano político. Si allí el oficialismo no alcanza la mayoría necesaria para nombrar un juez, debe sentarse a negociar o dar por caído el concurso. Pero la Corte no tiene que intervenir sobre el Consejo".
Por otro lado, el Gobierno, en su escrito ante el tribunal, solicitó que en lugar del mecanismo de designación de la Cámara Federal se aplique el que establece la ley 26.376.
Este requerimiento parece ser neutro, pero esconde una picardía: el Juzgado Federal Civil y Comercial N° 1, como está vacante, sería cubierto por el juez titular del juzgado 2, Horacio Alfonso.
Este juez, curiosamente, fue nombrado el año último por la presidenta Cristina Kirchner. Y si bien no cumplió los tres años que establece la ley 26.484 como mínimo para que un juez recién nombrado como titular ocupe otro juzgado como subrogante -lo que siempre implica cierto descuido de su función original-, Alfonso, para el Gobierno, tiene la ventaja de que, en 2011, ya dictó un fallo contra Cablevisión.
Es decir, el juez interino que parecería preferir el Gobierno es pasible de la misma objeción que el Ejecutivo le hace a Torti, a quien sí recusó.
A las 11, en forma simultánea al anuncio que hacía Alak en la cartera de Justicia, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta del cuerpo, Elena Highton, recibían a Ricardo Recondo, el camarista federal que integra el Consejo, junto con los abogados Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargossi y los legisladores nacionales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla.
Por la tarde, Lorenzetti y Highton mantuvieron otra reunión similar con los dos consejeros jueces más cercanos al Gobierno: el camarista laboral Mario Fera y el juez Alejandro Sánchez Freytes.
Highton y Lorenzetti buscaban conocer de primera mano la controversia que está teniendo lugar en el Consejo, pero en ningún momento parecieron interesados en presionar o involucrarse en uno u otro sentido.
A lo sumo, sugirieron a los jueces que se esfuercen por llegar a algún entendimiento dentro del mismo Consejo.
Sin embargo, la demanda presentada por el Gobierno vino a involucrar a la Corte de lleno en el conflicto. Ayer, todos los ministros tenían copia de ese escrito, de 22 páginas, y seguramente lo debatirán en el acuerdo que celebren hoy..