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Notas
La Cámara de Comercio fijó su posición con respecto a la Promoción Industrial
La entidad gremial empresaria emitió un comunicado en el que fija su posición con respecto al conflicto planteado por el Dec. 699/2010 y el Régimen de Promoción Industrial.
La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, emitió un comunicado en el cual fija su posición con respecto a la controversia planteada en torno a la Promoción Industrial.
El texto hace una revisión de la posición que históricamente a tenido la provincia sobre el tópico y manifiesta la necesidad de revisar esa postura, a la vista de los resultados que no han redituado en beneficios para Mendoza.
El texto es el siguiente:
Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael
y la Promoción Industrial
y la Promoción Industrial
En esto días la Provincia se encuentra sumida en la incertidumbre que genera el secreto que envuelve la negociación de nuestro Gobernador en pos de la solución al polémico Decreto 699/2010, el cual permite extender y ampliar los proyectos en vigencia en las Provincias vecinas con Promoción Industrial, como así también de que se presenten nuevos proyectos para ser promovidos. Paralelamente, crece el debate acerca de cuál es la postura que Mendoza debe asumir con respecto al Régimen.
Funcionarios políticos y formadores de opinión han salido a reclamar un comportamiento institucional de parte del Gobierno Provincial y que no nos hagamos parte del sistema, ya que nos quitaría la posibilidad de criticarlo o mejorarlo, principalmente desde que se conocieron algunos trascendidos que indican que la solución sólo alcanzaría a seis o siete Departamentos de Mendoza. Al mismo tiempo, un informe publicado el pasado domingo 29 de agosto evidencia el retraso en los indicadores económicos de Mendoza en el concierto de las provincias y principalmente con nuestras vecinas promocionadas, lo cual enciende una luz de alerta sobre la situación y nos obliga a reflexionar al respecto.
Echando una mirada retrospectiva a los años que lleva de vigencia el Régimen de Promoción, queda muy claro que Mendoza ha tenido un sólido liderazgo en institucionalidad y educación. Pero tal vez sea bueno preguntarse: ¿De qué nos ha servido dicha institucionalidad y educación, si no hemos podido transformar esas virtudes en ventajas en el terreno económico?
Este fenómeno es tan profundo y complejo que no sólo nuestros claustros son lugar de educación de jóvenes de otras provincias, sino que los jóvenes universitarios mendocinos emigran porque no generamos puestos de trabajo que los contengan.
¿No es esto una tremenda contradicción? ¿No habrá llegado el momento de ser un poco más pragmáticos, sin perder el respeto por la institucionalidad, y desarrollar estrategias que sostengan nuestros valores, pero que a la vez se ajusten a la realidad en la que se desenvuelve la política y especialmente la economía del País?
Quienes estamos en el mundo empresario sabemos que no existen los costos fijos en el largo plazo. Tal vez la realidad política argentina marca para la problemática del Decreto 699/2010 una solución ajustada a las pautas que desde Buenos Aires se dictan, pero en el mediano plazo debiéramos afrontar el desafío de elaborar y consensuar una verdadera Ley de Desarrollo Industrial Nacional.
Desde la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael creemos que para construir el país federal que declamamos, es fundamental trabajar generando los proyectos y consensos que sostengan esa Ley de Desarrollo Industrial, que permita el surgimiento de numerosos empresarios PYME a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, los cuales son de manera comprobada, los principales generadores de puestos de trabajo.
Pero para que este entramado de PyMes se proyecte en el tiempo, no sólo es necesario apoyar financieramente el flujo de fondos necesario para su generación, sino que el Estado debe tener políticas activas de creación de infraestructura, de manera que la inversión privada sea sustentable, más allá de los beneficios diseñados para generar el surgimiento y sostener el desarrollo de las distintas regiones a las que se quiera promover.
Quienes vivimos y trabajamos en el interior del Interior, sabemos lo difícil que es desarrollar nuestras industrias. Con limitaciones de servicios, de comunicaciones, de vías y medios de transporte, tenemos claro que el Estado no sólo debe acompañarnos con políticas activas de inversión, sino que necesitamos una infraestructura que acorte las diferencias con los centros desarrollados del País.
La coyuntura política, y permítasenos enunciar esto como un hecho pragmáticamente consumado, marca como un imperativo que la solución a la Promoción Industrial debe encontrarse dentro del Decreto 699/2010.
Por lo tanto la pregunta que la circunstancia nos impone es: ¿Qué vamos a hacer los mendocinos ante esta realidad?
¿Vamos a apegarnos a nuestros principios institucionalistas y seguir viendo cómo la realidad económica nos sigue sumiendo en una pequeñez económica cada vez mas notoria, o vamos a aplicar un criterio más práctico que nos permita aprovechar alguna ventaja, o por lo menos dejar de sufrir tantos perjuicios?
Tal vez sea el momento de tomar los medios que la realidad nos ofrece y utilizarlos de la mejor manera.
Este concepto merece dos consideraciones:
• La Promoción Industrial en las provincias vecinas que supieron hacer buen uso de ella ha sido una fuerte herramienta de desarrollo, mientras que en otras ha sido un fracaso. Tal vez no sea la herramienta perfecta, pero con buen uso puede ser buena.
Funcionarios políticos y formadores de opinión han salido a reclamar un comportamiento institucional de parte del Gobierno Provincial y que no nos hagamos parte del sistema, ya que nos quitaría la posibilidad de criticarlo o mejorarlo, principalmente desde que se conocieron algunos trascendidos que indican que la solución sólo alcanzaría a seis o siete Departamentos de Mendoza. Al mismo tiempo, un informe publicado el pasado domingo 29 de agosto evidencia el retraso en los indicadores económicos de Mendoza en el concierto de las provincias y principalmente con nuestras vecinas promocionadas, lo cual enciende una luz de alerta sobre la situación y nos obliga a reflexionar al respecto.
Echando una mirada retrospectiva a los años que lleva de vigencia el Régimen de Promoción, queda muy claro que Mendoza ha tenido un sólido liderazgo en institucionalidad y educación. Pero tal vez sea bueno preguntarse: ¿De qué nos ha servido dicha institucionalidad y educación, si no hemos podido transformar esas virtudes en ventajas en el terreno económico?
Este fenómeno es tan profundo y complejo que no sólo nuestros claustros son lugar de educación de jóvenes de otras provincias, sino que los jóvenes universitarios mendocinos emigran porque no generamos puestos de trabajo que los contengan.
¿No es esto una tremenda contradicción? ¿No habrá llegado el momento de ser un poco más pragmáticos, sin perder el respeto por la institucionalidad, y desarrollar estrategias que sostengan nuestros valores, pero que a la vez se ajusten a la realidad en la que se desenvuelve la política y especialmente la economía del País?
Quienes estamos en el mundo empresario sabemos que no existen los costos fijos en el largo plazo. Tal vez la realidad política argentina marca para la problemática del Decreto 699/2010 una solución ajustada a las pautas que desde Buenos Aires se dictan, pero en el mediano plazo debiéramos afrontar el desafío de elaborar y consensuar una verdadera Ley de Desarrollo Industrial Nacional.
Desde la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael creemos que para construir el país federal que declamamos, es fundamental trabajar generando los proyectos y consensos que sostengan esa Ley de Desarrollo Industrial, que permita el surgimiento de numerosos empresarios PYME a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, los cuales son de manera comprobada, los principales generadores de puestos de trabajo.
Pero para que este entramado de PyMes se proyecte en el tiempo, no sólo es necesario apoyar financieramente el flujo de fondos necesario para su generación, sino que el Estado debe tener políticas activas de creación de infraestructura, de manera que la inversión privada sea sustentable, más allá de los beneficios diseñados para generar el surgimiento y sostener el desarrollo de las distintas regiones a las que se quiera promover.
Quienes vivimos y trabajamos en el interior del Interior, sabemos lo difícil que es desarrollar nuestras industrias. Con limitaciones de servicios, de comunicaciones, de vías y medios de transporte, tenemos claro que el Estado no sólo debe acompañarnos con políticas activas de inversión, sino que necesitamos una infraestructura que acorte las diferencias con los centros desarrollados del País.
La coyuntura política, y permítasenos enunciar esto como un hecho pragmáticamente consumado, marca como un imperativo que la solución a la Promoción Industrial debe encontrarse dentro del Decreto 699/2010.
Por lo tanto la pregunta que la circunstancia nos impone es: ¿Qué vamos a hacer los mendocinos ante esta realidad?
¿Vamos a apegarnos a nuestros principios institucionalistas y seguir viendo cómo la realidad económica nos sigue sumiendo en una pequeñez económica cada vez mas notoria, o vamos a aplicar un criterio más práctico que nos permita aprovechar alguna ventaja, o por lo menos dejar de sufrir tantos perjuicios?
Tal vez sea el momento de tomar los medios que la realidad nos ofrece y utilizarlos de la mejor manera.
Este concepto merece dos consideraciones:
• La Promoción Industrial en las provincias vecinas que supieron hacer buen uso de ella ha sido una fuerte herramienta de desarrollo, mientras que en otras ha sido un fracaso. Tal vez no sea la herramienta perfecta, pero con buen uso puede ser buena.
• Lo dicho precedentemente no implica claudicar a nuestros valores institucionales, ya que se puede y se debe trabajar por una Ley de Desarrollo Industrial que finalmente sea debatida y promulgada a través del Congreso de la Nación.
El Decreto 699/2010 ya es pasado y es una decisión tomada por el Gobierno Nacional que no admite marcha atrás. Nuestro presente pasa por encontrar o aceptar la solución que el Ejecutivo Nacional nos permita. El futuro puede estar en esa necesaria Ley de Desarrollo Industrial.
Pero mientras ese futuro llega o se gesta, no debemos dejar pasar las opciones que el presente nos ofrece y seguir asistiendo pasivamente al empequeñecimiento y decadencia de nuestra economía.
En términos conceptuales, la discusión sobre la conveniencia del Régimen de Promoción lleva décadas y puede durar todavía varias décadas más. En términos prácticos, resolver la posición de Mendoza sobre el tema es de una urgencia perentoria.