Notas
Historias de fraudes con la Promoción Industrial: hecha la ley, hecha la trampa
Una guía para conocer cómo se cometen estafas en nombre del supuesto desarrollo productivo en las zonas promocionadas. Antecedentes que deberán ser tenidos en cuenta en Mendoza para no convertir a la provincia en un paraíso fiscal.
Los fraudes que se cometen a partir de los beneficios que otorgan los regímenes de promoción industrial, responden a la lógica inversa de la evasión impositiva. El secreto en estos casos no es esconder información; al contrario. Lo que se busca con este tipo de maniobras es magnificar datos -como armar listas ficticias de personal o documentar resultados de producción por encima de los reales- para poder acceder a las ventajas de la operatoria.
Es una estafa al fisco con características particulares. Se trata, básicamente, de una puesta en escena que incluye infraestructura edilicia, documentos adulterados, falsificación de comprobantes y la anuencia o la pasividad de los Estados provinciales.
El epicentro de la mayor cantidad de fraudes cometidos en los últimos 25 años fue San Luis. Allí se detectaron irregularidades que, traducidas en pesos, representaron cientos y cientos de millones que el Estado dejó de percibir por haber beneficiado a firmas que jugaron con la ley de Promoción Industrial.
“Es casi imposible sacar un cálculo. Pero es muchísimo el dinero que el Estado resigna en situaciones como esta. Cuando una empresa que lleva diez años abierta cae por fraude, hay que considerar que durante todo ese tiempo se estuvo engañando al sistema”, manifestó Pablo Paturlanne, director regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En San Luis también nació el mito de las “fábricas con rueditas”: grandes galpones levantados a la orilla de la Ruta 7 que simulaban formar parte del aparato productivo de las empresas promocionadas. En realidad, se trataba de estructuras ociosas; en algunos casos, completamente vacías, cuya finalidad era fijar un domicilio legal.
Esos fraudes fueron descubiertos a través de la observación de los niveles de consumo de gas y electricidad. Los números se mostraron sensiblemente inferiores a la media de la actividad declarada y no se correspondieron con la capacidad de producción prevista. Fue motivo suficiente para realizar un relevamiento en el lugar y hacer los chequeos correspondientes.
Para justificar esos defasajes y engañar a los inspectores, algunas industrias instalaron grupos electrógenos y presentaron facturas de compra de combustible por grandes sumas. Y si bien se trató de una excusa que los habilitó para zafar sólo por un tiempo, el lugar queda marcado como sospechoso y a partir de ese momento los controles comenzaron a ser más exhaustivos.
Se agregaron análisis de las planillas de personal, ya que para acceder a los beneficios impositivos las empresas deben presentar una lista mínima de empleados. Se hicieron estudios de campo para verificar si las personas mencionadas estaban ocupando su lugar de trabajo. Luego se comparó la información que aparecía en el padrón electoral con la de los domicilios laborales.
Una vez que los indicios fueron suficientes, se dio intervención a la justicia federal para iniciar un proceso tendiente a desarticular la maniobra.
En otras causas abiertas, se verificó que directamente no existían ni los galpones. Las oficinas, el personal, la maquinaria y la producción sólo aparecían en documentos, recibos y facturas. Toda la actividad era de fantasía. Aún así, tanto los titulares de las firmas como las empresas con las que tuvieron “intercambio comercial” usufructuaron con los beneficios fiscales.
Paraísos fiscales
En ciertos aspectos, las áreas promocionadas adquirieron matices de paraísos fiscales: exenciones impositivas, ventajas financieras, poca rigurosidad por parte de los gobiernos locales y una amplia gama de facilidades para crear nuevas firmas.
Frente a un panorama semejante, la red de engaños se tornó compleja. Grandes compañías aprovecharon este contexto para operar con firmas subsidiarias, que fueron creadas con diferente personaría jurídica y cuya relación de dependencia fue –y es- difícil desentrañar.
Cuando esto sucede, se recurre a un pormenorizado estudio de la actividad financiera de las empresas involucradas y se las somete a auditorías permanentes. En hechos de estas características, cada comprobante de más o de menos puede convertirse en la prueba clave para iniciar los trámites de clausura.
El vínculo con una empresa controlante suele manifestarse de dos formas diferentes. Una de ellas tiene que ver con los movimientos bancarios: números de cuentas, transferencias, pago de sueldos y pago a proveedores, sucursales utilizadas... Se trata de un registro que siempre deja huellas y que, en un juego de coincidencias, puede arrojar la pista inicial para una investigación.
El segundo punto en cuestión es el concepto de flete. Por lo general, se inventan facturas que tienen como objeto demostrar que ciertos artículos fueron producidos en zona de promoción y luego transportados hacia –por ejemplo- Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe para introducirlos al mercado.
Ya sea que el transporte pertenezca a una misma empresa o esté tercerizado, el gasto estará más que justificado. En ambos casos, esa factura apócrifa servirá para demostrar que la operación existió y para hacer liquidaciones impositivas favorables, como la recuperación del IVA.
En situaciones así, los investigadores descubrieron las estafas después de varios años. Y de un modo sencillo: ante las sospechas, confiscaron toda la documentación contable de las empresas que actuaron en las operaciones. Confirmaron que esos fletes jamás se habían concretado y que sólo aparecían en las facturas.
¿Cómo lo hicieron? Pidieron los comprobantes que deberían haber sido emitidos en los puestos de peaje. Y nunca aparecieron. La ausencia de esos tickets sirvió para proceder al cierre de las supuestas fábricas, someter a los responsables a un proceso judicial y terminar con un fraude millonario.
La promoción industrial es un negocio por definición. Se la puede usar de manera lícita para fomentar la inversión de capitales y el desarrollo de áreas geográficas determinadas. O, desde la ilegalidad, puede convertirse en la herramienta ideal para bajar sensiblemente los costos de producción, abusar del juego de oferta y demanda y recibir beneficios impositivos a cambio de nada. Antecedentes válidos para saber cómo deberá enfrentar la provincia esta nueva etapa.
Esos fraudes fueron descubiertos a través de la observación de los niveles de consumo de gas y electricidad. Los números se mostraron sensiblemente inferiores a la media de la actividad declarada y no se correspondieron con la capacidad de producción prevista. Fue motivo suficiente para realizar un relevamiento en el lugar y hacer los chequeos correspondientes.
Para justificar esos defasajes y engañar a los inspectores, algunas industrias instalaron grupos electrógenos y presentaron facturas de compra de combustible por grandes sumas. Y si bien se trató de una excusa que los habilitó para zafar sólo por un tiempo, el lugar queda marcado como sospechoso y a partir de ese momento los controles comenzaron a ser más exhaustivos.
Se agregaron análisis de las planillas de personal, ya que para acceder a los beneficios impositivos las empresas deben presentar una lista mínima de empleados. Se hicieron estudios de campo para verificar si las personas mencionadas estaban ocupando su lugar de trabajo. Luego se comparó la información que aparecía en el padrón electoral con la de los domicilios laborales.
Una vez que los indicios fueron suficientes, se dio intervención a la justicia federal para iniciar un proceso tendiente a desarticular la maniobra.
En otras causas abiertas, se verificó que directamente no existían ni los galpones. Las oficinas, el personal, la maquinaria y la producción sólo aparecían en documentos, recibos y facturas. Toda la actividad era de fantasía. Aún así, tanto los titulares de las firmas como las empresas con las que tuvieron “intercambio comercial” usufructuaron con los beneficios fiscales.
Paraísos fiscales
En ciertos aspectos, las áreas promocionadas adquirieron matices de paraísos fiscales: exenciones impositivas, ventajas financieras, poca rigurosidad por parte de los gobiernos locales y una amplia gama de facilidades para crear nuevas firmas.
Frente a un panorama semejante, la red de engaños se tornó compleja. Grandes compañías aprovecharon este contexto para operar con firmas subsidiarias, que fueron creadas con diferente personaría jurídica y cuya relación de dependencia fue –y es- difícil desentrañar.
Cuando esto sucede, se recurre a un pormenorizado estudio de la actividad financiera de las empresas involucradas y se las somete a auditorías permanentes. En hechos de estas características, cada comprobante de más o de menos puede convertirse en la prueba clave para iniciar los trámites de clausura.
El vínculo con una empresa controlante suele manifestarse de dos formas diferentes. Una de ellas tiene que ver con los movimientos bancarios: números de cuentas, transferencias, pago de sueldos y pago a proveedores, sucursales utilizadas... Se trata de un registro que siempre deja huellas y que, en un juego de coincidencias, puede arrojar la pista inicial para una investigación.
El segundo punto en cuestión es el concepto de flete. Por lo general, se inventan facturas que tienen como objeto demostrar que ciertos artículos fueron producidos en zona de promoción y luego transportados hacia –por ejemplo- Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe para introducirlos al mercado.
Ya sea que el transporte pertenezca a una misma empresa o esté tercerizado, el gasto estará más que justificado. En ambos casos, esa factura apócrifa servirá para demostrar que la operación existió y para hacer liquidaciones impositivas favorables, como la recuperación del IVA.
En situaciones así, los investigadores descubrieron las estafas después de varios años. Y de un modo sencillo: ante las sospechas, confiscaron toda la documentación contable de las empresas que actuaron en las operaciones. Confirmaron que esos fletes jamás se habían concretado y que sólo aparecían en las facturas.
¿Cómo lo hicieron? Pidieron los comprobantes que deberían haber sido emitidos en los puestos de peaje. Y nunca aparecieron. La ausencia de esos tickets sirvió para proceder al cierre de las supuestas fábricas, someter a los responsables a un proceso judicial y terminar con un fraude millonario.
La promoción industrial es un negocio por definición. Se la puede usar de manera lícita para fomentar la inversión de capitales y el desarrollo de áreas geográficas determinadas. O, desde la ilegalidad, puede convertirse en la herramienta ideal para bajar sensiblemente los costos de producción, abusar del juego de oferta y demanda y recibir beneficios impositivos a cambio de nada. Antecedentes válidos para saber cómo deberá enfrentar la provincia esta nueva etapa.