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El PRO dice que ley de motorchorros es un mamarracho

Rodríguez Larreta sostuvo que en la lucha contra el delito "hay que avanzar con medidas más firmes y con sanciones claras" y resaltó que con la sanción se dio "un paso; es un avance, pero se trata de un pasito medio corto.El macrismo expresó su malestar con el texto definitivo: "es un mamarracho legal".
Foto: Gentileza
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Rodríguez Larreta sostuvo que en la lucha contra el delito "hay que avanzar con medidas más firmes y con sanciones claras" y resaltó que con la sanción se dio "un paso; es un avance, pero se trata de un pasito medio corto. 
El macrismo expresó hoy su malestar con el texto definitivo de la ley contra los "motochorros" que aprobó en las últimas horas la Legislatura de la Ciudad y acusó a la oposición de haber transformado la iniciativa "en un mamarracho legal".

Al respecto, el presidente del bloque del PRO del Parlamento de la Capital, Cristian Ritondo, consideró que el proyecto de la flamante ley que busca regular el tránsito de motociclistas en la Ciudad "durante el debate, se transformó en un mamarracho legal".

La furia que expresó el legislador macrista subió un grado frente a las dudas que había expresado el jefe de gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien manifestó que la norma fue "un avance, aunque se quedó corta en algunos aspectos muy importantes".

En cambio, Ritondo fue más a fondo: "La ley contra 'motochorros' es una ley que, a causa de los desmesurados y poco razonables borrones y agregados a la que la sometió la oposición durante el debate para su aprobación, se transformó en un 'mamarracho legal'".

Según el presidente de la bancada macrista, esta ley, con las modificatorias que impulsó la oposición "es el resultado de los prejuicios y las presiones que inclinaron la voluntad de los legisladores de los otros bloques, que al momento del debate prefirió ‘jugar para la tribuna’ y dejo de lado la seguridad de las personas y los bienes de los porteños".

"No es concebible que una ley, que guardaba como principal objetivo prevenir y combatir actos delictivos producidos por 'motochorros' ahora, gracias a un grupo de legisladores que aman profundamente a las cámaras y se sienten irrecuperablemente convencidos de que democracia y demagogia son sinónimos, hemos creado una ley con vencimiento", consideró.

Por su parte, Rodríguez Larreta sostuvo que en la lucha contra el delito "hay que avanzar con medidas más firmes y con sanciones claras" y resaltó que con la sanción se dio "un paso; es un avance, pero se trata de un pasito medio corto. Nosotros creemos que debemos ir por más. Por eso vamos a volver a insistir con aquellas cuestiones que creemos que son muy importantes para garantizar la seguridad de la gente".

El funcionario dijo que el texto aprobado a instancias de la oposición "se quedó corto en algunos aspectos" y puso como ejemplo el hecho de que no se haya contemplado una sanción por el incumplimiento del uso del chaleco.

Recordó que en el proyecto del Ejecutivo "propusimos el chaleco que identifique claramente la patente de la motocicleta, pero si no hay una sanción efectiva para el que no lo usa es difícil que podamos hacer cumplir la disposición", afirmó.

Según se estableció en un comunicado de prensa, Rodríguez Larreta lamentó también que la zona de restricción para que circulen motos con dos personas a bordo se circunscriba sólo al área del microcentro y que no se haya aceptado la propuesta del oficialismo para extenderla "a otras 10 avenidas de la Ciudad en las que se concentran también una gran cantidad de delitos".

El jefe de Gabinete insistió en que "debemos ir por más, porque estamos sufriendo alrededor de 20 delitos por día cometidos por 'motochorros'", y apuntó que "es una modalidad delictiva que se ha duplicado en los últimos dos años".

Finalmente, consideró luego que "tampoco tiene mucho sentido" el carácter de transitoriedad que se le dio a la ley al fijar un período experimental, porque "una ley se sanciona y en todo caso luego puede ser modificada o mejorada si algo no funciona bien, pero es raro poner un plazo de 180 días cuando estamos hablando de temas que son tan sensibles, que hacen a la seguridad de la gente y que requieren decisiones firmes.