El gobierno denunciaría al juez Miret

El gobierno provincial está preparando una suerte de escrache para llevar a cabo si el camarista federal Luis Francisco Miret vuelve a dar clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Consiste en organizar una clase pública dentro de la ciudad universitaria a la misma hora en la que Miret debería dar su cátedra. Se tratarán temas vinculados con los Derechos Humanos en el país y, particularmente, en la provincia.

Será el modo sutil elegido para  repudiar el regreso de Miret a esa casa de estudios, de donde fue echado luego de ser denunciado por su presunta complicad con el aparato represivo de la última dictadura militar. Entre el camarista y la UNC existía un contrato vigente hasta diciembre de este año para el dictado de la materia “Filosofía del Derecho”, pero todo quedó trunco cuando desde el rectorado consumaron el pedido de destitución realizado por la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos y la Etica (Cedhe).

Sin embargo, Miret encontró la fórmula de volver a las aulas. A través de una medida cautelar, logró que el conjuez Luis Santamaría le diera la razón y obligara a la UNC a volver a contratar al camarista expulsado. El segundo paso, fue solicitar el listado de los alumnos que propiciaron su expulsión; situación que fue interpretada como un “apriete” o una persecución dirigida a quienes opinaron en su contra.

Para los estudiantes, la decisión de Santamaría carece de toda lógica jurídica: Miret no tenía ningún derecho adquirido, sino que había sido contratado. Por lo tanto, aseguran que nadie puede obligar a la Universidad a retomarlo como profesor.

El Gobierno, que se constituyó como querellante en las causas por violaciones de Derechos Humanos en la provincia y que denunció a los camaristas Luis Miret y Otilio Romano en el Consejo de la Magistratura, dio su beneplácito –a través del ministro de Gobierno Mario Adaro- para promover la denuncia contra Santamaría, conocido también por ser un abogado contratado por la Corte local para llevar adelante las negociaciones paritarias.

Por eso, este jueves los estudiantes presentarán una denuncia para que se investigue a Santamaría por una serie de irregularidades que se desprenden de su resolución. A eso se agrega el grado de parentesco entre el conjuez federal y una de las personas mencionadas en el requerimiento hecho por el fiscal Omar Palermo para que se investigue a Miret y a Romano por más de cien casos de detenciones ilegales, torturas, violaciones y homicidios.