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Notas
Diputados cobistas quieren interpelar a Aranda
En la Cámara de Diputados, la tropa del vicepresidente quiere que el titular del Ministerio de Seguridad aclare los puntos oscuros sobre el uso de las videocámaras para reforzar la seguridad pública. Dicen que hay incumplimientos graves sobre la ley que regula el funcionamiento, pero de aprobarse la citación, el ministro iría en dos semanas.
La denuncia de presunto espionaje ventilada por Cristian Racconto sigue dando coletazos. Ahora, el cobismo quiere interpelar al ministro de Seguridad, Carlos Aranda, por los incumplimientos a la ley que regula el uso de las videocámaras instaladas en varios puntos de la ciudad.
Precisamente, fue el vicegobernador el que prendió el ventilador. Aunque sobre su situación personal no hubo pruebas concretas de espionaje por parte de su propio Gobierno, sí sirvió para blanquear el uso de las videocámaras de seguridad.
En función de esto, desde el Frente Cívico han apuntado, por un lado, contra la empresa que presta el servicio y, por el otro, a la responsabilidad política sobre la utilización de las videocámaras en la lucha contra el delito.
El Frente ha presentado un pedido para que el ministro Aranda vuelva a la Legislatura a explicar los puntos oscuros del uso de esta tecnología. Pero en lugar de hacerlo en el amable entorno del Salón Azul o Rojo, quieren que directamente asista al recinto de sesiones, por pedido del presidente del bloque radical, Alejandro Molero.
El último -y único- funcionario que asistió al recinto para ser interpelado, fue el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán. En esa ocasión, Cazabán se despachó con una denuncia: el apriete de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, cabezas visibles del Grupo UNO, contra la gestión de Celso Jaque.
En relación a la citación de Aranda, este sector de la oposición sostiene que se ha incumplido con la ley 7924, que regula a las cámaras apostadas en la ciudad.
"Hasta donde sabemos, existían múltiples incumplimientos. La más grave es la señalización de las cámaras", destacó el diputado Luis Petri, uno de los especialistas del cobismo en materia de seguridad.
A esto, se suma la falta de enmascaramiento sobre el rostro de las personas o que algunas de estas cámaras han sido dispuestas en lugares cercanos a viviendas, lo que podría violar el derecho a la intimidad de las personas.
Pero además, la concesión del servicio a Arlink -propiedad del Grupo UNO- suma desprolijidades administrativas aprobadas por el Gobierno en el marco de la ley de emergencia en seguridad -que faculta al ministro Aranda, en este caso, a realizar contrataciones directas, sin licitación de ofertas-.
"La firma tenía los balances vencidos y están en concurso, por eso no se podían presentar", aseguró Patricia Gutiérrez, diputada de Unión Popular, también integrante de la alianza política.
La interpelación de Aranda no sería exclusivamente por las videocámaras. La oposición cobista-radical también quiere interrogarlo sobre los últimos escándalos en que se ha visto involucrado personal policial: el uso del helicóptero policial para fines turísticos, las recompensas a los testigos y el cumplimiento de las leyes de seguridad y de emergencia en seguridad.
Sin embargo, pese a la insistencia de la oposición para que Aranda visite la Casa de las Leyes, la citación podría malograrse ya que el oficialismo contaría con los votos suficientes para impedir que el ministro de Seguridad sea interpelado por los legisladores. Desde el cobismo por lo menos quieren que, aunque el impacto político es menor a la interpelación, Aranda aclare el panorama ante la Bicameral de Seguridad que, hasta el momento, no se ha reunido.
A esto, se suma que el miércoles es la última sesión de la Cámara Baja. Tras la misma, los diputados se aprestan a pasar dos semanas con guardias pasivas mientras la Legislatura entra en su receso invernal. Si bien todavía este período de descanso no fue aprobado -se está tratando en la comisión de Labor Parlamentaria-, retrasaría la interpelación o citación del ministro Aranda.
Mientras los legisladores se toman su tiempo, en la Justicia Penal ya avanza la causa por las videocámaras.
El fiscal Santiago Garay estableció una compulsa para determinar si existen las irregularidades en la contratación directa de Arlink, encargada de la instalación, manejo y control de esta tecnología.
En relación a la citación de Aranda, este sector de la oposición sostiene que se ha incumplido con la ley 7924, que regula a las cámaras apostadas en la ciudad.
"Hasta donde sabemos, existían múltiples incumplimientos. La más grave es la señalización de las cámaras", destacó el diputado Luis Petri, uno de los especialistas del cobismo en materia de seguridad.
A esto, se suma la falta de enmascaramiento sobre el rostro de las personas o que algunas de estas cámaras han sido dispuestas en lugares cercanos a viviendas, lo que podría violar el derecho a la intimidad de las personas.
Pero además, la concesión del servicio a Arlink -propiedad del Grupo UNO- suma desprolijidades administrativas aprobadas por el Gobierno en el marco de la ley de emergencia en seguridad -que faculta al ministro Aranda, en este caso, a realizar contrataciones directas, sin licitación de ofertas-.
"La firma tenía los balances vencidos y están en concurso, por eso no se podían presentar", aseguró Patricia Gutiérrez, diputada de Unión Popular, también integrante de la alianza política.
La interpelación de Aranda no sería exclusivamente por las videocámaras. La oposición cobista-radical también quiere interrogarlo sobre los últimos escándalos en que se ha visto involucrado personal policial: el uso del helicóptero policial para fines turísticos, las recompensas a los testigos y el cumplimiento de las leyes de seguridad y de emergencia en seguridad.
Sin embargo, pese a la insistencia de la oposición para que Aranda visite la Casa de las Leyes, la citación podría malograrse ya que el oficialismo contaría con los votos suficientes para impedir que el ministro de Seguridad sea interpelado por los legisladores. Desde el cobismo por lo menos quieren que, aunque el impacto político es menor a la interpelación, Aranda aclare el panorama ante la Bicameral de Seguridad que, hasta el momento, no se ha reunido.
A esto, se suma que el miércoles es la última sesión de la Cámara Baja. Tras la misma, los diputados se aprestan a pasar dos semanas con guardias pasivas mientras la Legislatura entra en su receso invernal. Si bien todavía este período de descanso no fue aprobado -se está tratando en la comisión de Labor Parlamentaria-, retrasaría la interpelación o citación del ministro Aranda.
Mientras los legisladores se toman su tiempo, en la Justicia Penal ya avanza la causa por las videocámaras.
El fiscal Santiago Garay estableció una compulsa para determinar si existen las irregularidades en la contratación directa de Arlink, encargada de la instalación, manejo y control de esta tecnología.