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Notas
De las excusas y explicaciones de un Juez Federal
El camarista federal Luis Francisco Miret presentó un escrito de 32 carillas en el Consejo de la Magistratura para defenderse de las acusaciones en su contra. Entrá a la nota y mirá cuáles fueron los argumentos dados por el magistrado que está en la mira de los organismos de Derechos Humanos.
Luis Francisco Miret salió a defenderse. El juez federal mendocino acusado de ser cómplice y partícipe de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, envió un escrito al Consejo de la Magistratura para contrarrestar los cargos que le endilgan. Y lo hizo con una pieza de 32 carillas, de las que se desprenden varias perlitas que forman parte de sus argumentos y que dejan al camarista mal parado a la luz de los acontecimientos.
Perlita 1. Uno de los hechos que comprometen a Miret fue no haber atendido las denuncias hechas por Eduardo Glogowsky, Ismael Calvo y Blas Armando Yanzón, detenidos por la Policía de Mendoza y sometidos a sesiones de torturas e interrogatorios.
El juez nunca investigó esta situación, e hizo de cuenta que nada había sucedido. Según él, su comportamiento tuvo que ver con un contexto histórico. Así lo explicó al Consejo: “… me llevó a sospechar que no era oportuno hacer oficiosamente una investigación por los delitos supuestamente cometidos, ya que expondría a los detenidos a una policía que mostraba nerviosismo y exaltación”.
En otras palabras, Miret sabía fehacientemente que la policía mendocina era abusiva, pero decidió dejar esos episodios en la impunidad para evitar un mal mayor a las personas que denunciaron los apremios. Y lo aclaró de esta manera: “Demorar la investigación era el mal menor, frente a exponer la integridad”.
Aún así, el camarista, que también enfrenta una denuncia penal por más de cien casos de torturas, desapariciones y asesinatos, se excusó al decir que no había motivos reales para creer en la palabra de los detenidos.
Remarcó que recién en 1985, a partir del juicio a la Juntas, fue verosímil “la narración que hacen las víctimas del terrorismo de Estado. En cambio, en 1975, el sólo dicho de un detenido, de haber sido objeto de un delito, no era ‘per se’ digno de crédito”.
Esa es la primera contradicción del escrito. Primero no actuó para preservar la vida de los denunciantes y luego señaló que tales denuncias carecían, en ese momento, de credibilidad.
Perlita 2. Tiene que ver con la detención y posterior violación de la joven Luz Faingol Casenave. Miret advirtió en su defensa que no se trataba de un adolescente de 16 años, tal como se indicó inicialmente, sino que tenía 17 cuando fue privada de la libertad por efectivos policiales.
“En ningún momento de 1976 la menor hizo referencia a la violación que años más tarde denunciaría”, escribió para señalar que no estaba al tanto del abuso sexual. Y como un atenuante a su favor, completó la idea: “Sólo obran en la causa unos dichos de León Glogowsky, quien dijo al prestar declaración indagatoria que le escuchó gritar a la chica Faingold a los policías que no la ‘ultrajaran’. Me llamó la atención el verbo utilizado por el joven, que lejos está de indicar ‘violación’”.
También decidió su internación en un instituto de menores porque como sus padres estaban separados, nadie la controlaba y actuaba como si fuera una persona mayor y se juntaba con personas sospechadas de formar parte de grupos subversivos.
Perlita 3. Tal vez se trate del caso que más comprometa el futuro del integrante de la Cámara Federal de Mendoza. Luis Miret archivó la causa por el secuestro de Alfredo Manrique y Laura Terrera en julio de 1977. Lo hizo bajo el paraguas legal que daban las leyes de Obediencia debida y Punto Final, aunque estas normas no tenían alcance cuando se trataba del secuestro, retención y ocultamiento de niños.
El día que raptaron al matrimonio Manrique-Terrera, también se llevaron a su hija, Celina Rebeca. Tenía sólo algunos meses de vida, y logró recuperar su identidad y saber que era hija de desparecidos 30 años más tarde.
Para Miret, nunca hubo pruebas que permitieran determinar que el matrimonio y la bebé habían sido víctimas del terrorismo de Estado. Eran desaparecidos y no había ningún testigo que inculpara a las fuerzas armadas.
A partir de esta afirmación, resultó llamativo por qué, entonces, decidió cerrar la investigación apelando a las leyes mencionadas. La respuesta fue, por lo menos, llamativa, y desnudó la poca seriedad con la que, supuestamente, trabaja la justicia Federal. Para Miret, todo fue un error; una confusión que surgió al colocar de manera equivocada el ‘caso Manrique-Terrera’ en la misma pila de expedientes a los que sí debían aplicárse las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Perlita 4. Mea culpa y el tiempo borra todo.
“Es chocante que se me juzgue por lo que hice u omití hace 35 años como juez de Instrucción subrogante”, se justificó Miret, al tiempo que desconoció al Consejo de la Magistratura como órgano capacitado para evaluar su comportamiento durante aquellos años.
Sin embargo, afirmó estar a disposición para las acusaciones vinculadas con su accionar durante la democracia. Por eso, se descargó: “Respecto a las últimas imputaciones, considero necesario e indispensable… que ponderen que no prueban ninguna participación o complicidad con delitos de lesa humanidad, sino –en el peor de los casos- errores de interpretación del derecho o en el accionar judicial”.
Remarcó que recién en 1985, a partir del juicio a la Juntas, fue verosímil “la narración que hacen las víctimas del terrorismo de Estado. En cambio, en 1975, el sólo dicho de un detenido, de haber sido objeto de un delito, no era ‘per se’ digno de crédito”.
Esa es la primera contradicción del escrito. Primero no actuó para preservar la vida de los denunciantes y luego señaló que tales denuncias carecían, en ese momento, de credibilidad.
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Perlita 2. Tiene que ver con la detención y posterior violación de la joven Luz Faingol Casenave. Miret advirtió en su defensa que no se trataba de un adolescente de 16 años, tal como se indicó inicialmente, sino que tenía 17 cuando fue privada de la libertad por efectivos policiales.
“En ningún momento de 1976 la menor hizo referencia a la violación que años más tarde denunciaría”, escribió para señalar que no estaba al tanto del abuso sexual. Y como un atenuante a su favor, completó la idea: “Sólo obran en la causa unos dichos de León Glogowsky, quien dijo al prestar declaración indagatoria que le escuchó gritar a la chica Faingold a los policías que no la ‘ultrajaran’. Me llamó la atención el verbo utilizado por el joven, que lejos está de indicar ‘violación’”.
También decidió su internación en un instituto de menores porque como sus padres estaban separados, nadie la controlaba y actuaba como si fuera una persona mayor y se juntaba con personas sospechadas de formar parte de grupos subversivos.
Perlita 3. Tal vez se trate del caso que más comprometa el futuro del integrante de la Cámara Federal de Mendoza. Luis Miret archivó la causa por el secuestro de Alfredo Manrique y Laura Terrera en julio de 1977. Lo hizo bajo el paraguas legal que daban las leyes de Obediencia debida y Punto Final, aunque estas normas no tenían alcance cuando se trataba del secuestro, retención y ocultamiento de niños.
El día que raptaron al matrimonio Manrique-Terrera, también se llevaron a su hija, Celina Rebeca. Tenía sólo algunos meses de vida, y logró recuperar su identidad y saber que era hija de desparecidos 30 años más tarde.
Para Miret, nunca hubo pruebas que permitieran determinar que el matrimonio y la bebé habían sido víctimas del terrorismo de Estado. Eran desaparecidos y no había ningún testigo que inculpara a las fuerzas armadas.
A partir de esta afirmación, resultó llamativo por qué, entonces, decidió cerrar la investigación apelando a las leyes mencionadas. La respuesta fue, por lo menos, llamativa, y desnudó la poca seriedad con la que, supuestamente, trabaja la justicia Federal. Para Miret, todo fue un error; una confusión que surgió al colocar de manera equivocada el ‘caso Manrique-Terrera’ en la misma pila de expedientes a los que sí debían aplicárse las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Perlita 4. Mea culpa y el tiempo borra todo.
“Es chocante que se me juzgue por lo que hice u omití hace 35 años como juez de Instrucción subrogante”, se justificó Miret, al tiempo que desconoció al Consejo de la Magistratura como órgano capacitado para evaluar su comportamiento durante aquellos años.
Sin embargo, afirmó estar a disposición para las acusaciones vinculadas con su accionar durante la democracia. Por eso, se descargó: “Respecto a las últimas imputaciones, considero necesario e indispensable… que ponderen que no prueban ninguna participación o complicidad con delitos de lesa humanidad, sino –en el peor de los casos- errores de interpretación del derecho o en el accionar judicial”.