Notas
Un fiscal apunta a López Puelles por el niño raptado en una escuela
El caso ocurrido en una escuela de Godoy Cruz ya tendría resolución judicial y sólo resta el envío del legajo de una de las docentes para ya archivar la causa. Sin embargo, la DGE desoyó hasta el momento cinco intimaciones para hacerlo. El próximo camino sería allanar la sede del gobierno escolar e iniciarle una causa a su titular.
La investigación por el supuesto rapto de un chico en la escuela San Gabriel del barrio Foecyt, de Godoy Cruz, ya habría llegado a su fin y sólo resta un mero trámite administrativo para archivar la causa. Hasta el momento no pudo determinarse culpabilidades ni acciones dolosas. Pero para cumplir con este paso, sólo resta que la Dirección General de Escuelas (DGE) remita al fiscal Juan Carlos Alessandra el legajo de la docente del niño y así poder adjuntar una copia al expediente.
Sin embargo, la DGE desoyó cinco intimaciones para hacerlo. Por eso, en la fiscalía evalúan tomar una medida extrema, que no sólo incluiría un posible allanamiento a la sede de la cartera educativa provincial, sino que su titular, Carlos López Puelles, podría quedar imputado por desobedecer una orden judicial.
Luego del proceso investigativo, que incluyó la indagación a todos los actores involucrados (padres, familiares, vecinos y docentes) en el misterioso caso del 13 de mayo, y con el informe del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) sobre la mesa, el fiscal Alessandra no encontró méritos suficientes como para determinar responsabilidad alguna.
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Del informe del CAI trascendió que la conducta del niño mostraba ciertas inclinaciones a evadirse de los lugares donde no se sentía cómodo. Este aspecto se vio reforzado cuando, apenas viente días después del episodio en la escuela San Gabriel (foto), el menor intentó escaparse de la escuela Cordillera de los Andes, a la que había sido trasladado por las autoridades escolares.
A su vez, en la escuela del barrio Foecyt contaban con un informe de una psicóloga y de una psicopedagoga que ya, antes del ingreso del niño a la escolaridad primaria, señalaban este tipo de comportamientos.
Con estos datos en la mano, Alessandra solicitó ya en cinco oportunidades a la DGE el legajo de la docente Miriam Indovina, quien era la maestra del chico, para terminar de cerciorarse de su intachable comportamiento a lo largo de su carrera y adjuntar al expediente de la causa una copia que certifique su foja de servicio, que, aseguran fuentes de la cartera educativa, no registra medida disciplinaria alguna en su contra y mucho menos sumarios u observaciones a su desempeño.
No obstante, el envio nunca se produjo, a pesar de las notificaciones entregadas en la sede del gobierno escolar, y Alessandra optó por citar, primero al titular de la DGE, Carlos López Puelles (foto), y luego al responsable de su Asesoría Letrada, Miguel Sotile.
Las únicas respuestas que se recibieron fueron notas en las que ambos funcionarios se excusaban de concurrir a la Fiscalía de Instrucción Nº5. López Puelles, se escudó en su investidura "cuasi" ministerial, y Sotile puso como excusa una fecha de exámenes.
Así y todo, se volvió a insistir con la concurrencia de alguno de los dos al despacho del fiscal, hasta que, finalmente, se presentó Sotile. Sin el legajo requerido bajo el brazo, se lo volvió a notificar, esta vez en persona, del requerimiento judicial.
La herramienta con que cuenta ahora la Justicia es ampararse en el artículo 239 del Código Penal y proceder en consecuencia. Es decir, librar una orden de allanamiento a la sede de la DGE en busca del legajo de Indovina, y hasta iniciarle una causa a López Puelles por desobedecer una orden judicial.
La situación de las docentes
Tanto la maestra del niño, Miriam Indovina, como la directora de la escuela San Gabriel, Graciela Psarudakis, fueron separadas preventivamente de sus cargos mientras la Dirección General de Escuelas instruía un sumario administrativo.
Esa suspensión preventiva se hizo efectiva a partir del 17 de mayo pasado, bajo la figura de "traslado". Indovina fue destinada a la Delegación de Supervisión Regional Centro, de Godoy Cruz, y Psarudakis recaló en la Supervisión que funciona en la escuela Fragata Sarmiento.
La medida de redestinar a estas profesionales de la educación se estableció por un plazo de treinta días, mientras un equipo de supervisores y funcionarios de la DGE conformaban un cuerpo especial que remitiría sus conclusiones a la Dirección de Educación Primaria, a cargo de Laura Abraham.
Sin embargo, los treinta días de plazo fueron superados largamente. No hay conclusiones a la vista, las docentes continúan rotuladas como "suspendidas" y ni siquiera se les ha notificado de alguna extensión de la medida preventiva.
A su vez, en la escuela del barrio Foecyt contaban con un informe de una psicóloga y de una psicopedagoga que ya, antes del ingreso del niño a la escolaridad primaria, señalaban este tipo de comportamientos.
Con estos datos en la mano, Alessandra solicitó ya en cinco oportunidades a la DGE el legajo de la docente Miriam Indovina, quien era la maestra del chico, para terminar de cerciorarse de su intachable comportamiento a lo largo de su carrera y adjuntar al expediente de la causa una copia que certifique su foja de servicio, que, aseguran fuentes de la cartera educativa, no registra medida disciplinaria alguna en su contra y mucho menos sumarios u observaciones a su desempeño.
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No obstante, el envio nunca se produjo, a pesar de las notificaciones entregadas en la sede del gobierno escolar, y Alessandra optó por citar, primero al titular de la DGE, Carlos López Puelles (foto), y luego al responsable de su Asesoría Letrada, Miguel Sotile.
Las únicas respuestas que se recibieron fueron notas en las que ambos funcionarios se excusaban de concurrir a la Fiscalía de Instrucción Nº5. López Puelles, se escudó en su investidura "cuasi" ministerial, y Sotile puso como excusa una fecha de exámenes.
Así y todo, se volvió a insistir con la concurrencia de alguno de los dos al despacho del fiscal, hasta que, finalmente, se presentó Sotile. Sin el legajo requerido bajo el brazo, se lo volvió a notificar, esta vez en persona, del requerimiento judicial.
La herramienta con que cuenta ahora la Justicia es ampararse en el artículo 239 del Código Penal y proceder en consecuencia. Es decir, librar una orden de allanamiento a la sede de la DGE en busca del legajo de Indovina, y hasta iniciarle una causa a López Puelles por desobedecer una orden judicial.
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La situación de las docentes
Tanto la maestra del niño, Miriam Indovina, como la directora de la escuela San Gabriel, Graciela Psarudakis, fueron separadas preventivamente de sus cargos mientras la Dirección General de Escuelas instruía un sumario administrativo.
Esa suspensión preventiva se hizo efectiva a partir del 17 de mayo pasado, bajo la figura de "traslado". Indovina fue destinada a la Delegación de Supervisión Regional Centro, de Godoy Cruz, y Psarudakis recaló en la Supervisión que funciona en la escuela Fragata Sarmiento.
La medida de redestinar a estas profesionales de la educación se estableció por un plazo de treinta días, mientras un equipo de supervisores y funcionarios de la DGE conformaban un cuerpo especial que remitiría sus conclusiones a la Dirección de Educación Primaria, a cargo de Laura Abraham.
Sin embargo, los treinta días de plazo fueron superados largamente. No hay conclusiones a la vista, las docentes continúan rotuladas como "suspendidas" y ni siquiera se les ha notificado de alguna extensión de la medida preventiva.