Notas
Audiencia pública para la minera San Jorge
Luego de una reunión en Casa de Gobierno para presionar al secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, al que acusaba de “pisar” el proyecto, se decidió poner fecha a la convocatoria, pero exigir que la empresa presente todos los informes. Las posturas y las pujas políticas.
En las próximas horas, el Gobierno pondrá la fecha para que el proyecto minero San Jorge sea sometido a la audiencia pública que establece la ley 7722. Se trata del último paso para poder concluir con los trámites tendientes a buscar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. Será en un plazo que va de los 30 a los 60 días. Y sólo una vez superado este proceso, se podrán iniciar las obras para la explotación del yacimiento ubicado en Uspallata.
Para que eso ocurra, la empresa deberá presentar todos y cada uno de los nuevos estudios que fueron solicitados luego de los dictámenes técnicos de diferentes áreas; especialmente, el del Departamento General de Irrigación, correspondiente a la uso de los recursos hídricos durante la actividad.
Ese fue el acuerdo al que llegaron este lunes por la noche –en una mini cumbre- el gobernador Celso Jaque; el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona; el secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán; el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, y los intendentes de Las Heras y Guaymallén, Rubén Miranda y Alejandro Abraham, respectivamente.
El cónclave tuvo un solo objetivo: preguntar a Carmona por qué está demorado el llamado a audiencia y si, tal como acusó la empresa, él tenía pisado el proyecto.
Esta última posibilidad fue alimentada con las presencias de Miranda y Abraham. Si bien el cacique lasherino es parte involucrada porque el yacimiento de cobre y oro está ubicado en su departamento, existen otros intereses políticos que comparte con su par de Guaymallén. Básicamente, no quieren que Carmona se corte solo y encare su candidatura a la gobernación para el año que viene a partir de los temas ambientales.
“Es cierto que existía una diferencia. Pero era más que nada metodológica y no como para pedir la cabeza del secretario de Medio Ambiente”, deslizó alguien en el cuarto piso de Casa de Gobierno.
Carmona respondió con documentos. Aseguró que la situación de San Jorge no tenía por qué ser tratada de manera diferente a la de, por ejemplo, YPF en Llancanelo o Potasio Río Colorado en Malargüe. E insistió -una vez más- en que, más allá de lo que digan los representantes de San Jorge, lo concreto es que todavía no se han completado los estudios que fueron solicitados entre marzo y abril y que la misma empresa se comprometió a realizar, según consta en una nota presentada por el presidente de San Jorge, Fabián Gregorio, en mayo de este año, y que fue agregada al expediente.
Si esas evaluaciones no están terminadas, la audiencia pública podría considerarse inválida. Y así existiría un alto riesgo de que el proyecto quede en la nada por cuestiones meramente legales.
Esta posición fue confirmada por Alejandro Cazabán a la salida de la reunión. “Vamos a hacer lo que marca la ley, tal cual lo hicimos con otros proyectos. La intención del gobierno es ir para adelante con San Jorge, pero para eso la empresa debe cumplir con lo que se le pide”, explicó.
Carmona señaló que los estudios pedidos no son ni más ni menos que los que alguna vez solicitaron desde la Municipalidad de Las Heras para poder darle viabilidad al proyecto. A eso se agrega la discusión sobre la cuenca hídrica vinculada con la explotación minera, ya que si el criterio a utilizar contempla que se trata de una “cuenca abierta”, entonces todos los departamentos afectados estarían en condiciones de exigir esos informes.
Aún con estos datos, se tuvo en cuenta la postura adoptada por San Jorge para responsabilizar a Carmona por la tardanza en la convocatoria de la audiencia pública. Durante los últimos días, se habló de “minería o Carmona”, y hasta algunos sugirieron que Jaque debería haber pedido la cabeza de su funcionario ambiental.
Por ahora, Carmona sigue firme en su cargo. Y los empresarios recibieron un guiño por parte del gobierno. Tendrán su audiencia pública. Pero cuando llegue el momento, todos los documentos deberán estar sobre la mesa.
“Es cierto que existía una diferencia. Pero era más que nada metodológica y no como para pedir la cabeza del secretario de Medio Ambiente”, deslizó alguien en el cuarto piso de Casa de Gobierno.
Carmona respondió con documentos. Aseguró que la situación de San Jorge no tenía por qué ser tratada de manera diferente a la de, por ejemplo, YPF en Llancanelo o Potasio Río Colorado en Malargüe. E insistió -una vez más- en que, más allá de lo que digan los representantes de San Jorge, lo concreto es que todavía no se han completado los estudios que fueron solicitados entre marzo y abril y que la misma empresa se comprometió a realizar, según consta en una nota presentada por el presidente de San Jorge, Fabián Gregorio, en mayo de este año, y que fue agregada al expediente.
Si esas evaluaciones no están terminadas, la audiencia pública podría considerarse inválida. Y así existiría un alto riesgo de que el proyecto quede en la nada por cuestiones meramente legales.
Esta posición fue confirmada por Alejandro Cazabán a la salida de la reunión. “Vamos a hacer lo que marca la ley, tal cual lo hicimos con otros proyectos. La intención del gobierno es ir para adelante con San Jorge, pero para eso la empresa debe cumplir con lo que se le pide”, explicó.
Carmona señaló que los estudios pedidos no son ni más ni menos que los que alguna vez solicitaron desde la Municipalidad de Las Heras para poder darle viabilidad al proyecto. A eso se agrega la discusión sobre la cuenca hídrica vinculada con la explotación minera, ya que si el criterio a utilizar contempla que se trata de una “cuenca abierta”, entonces todos los departamentos afectados estarían en condiciones de exigir esos informes.
Aún con estos datos, se tuvo en cuenta la postura adoptada por San Jorge para responsabilizar a Carmona por la tardanza en la convocatoria de la audiencia pública. Durante los últimos días, se habló de “minería o Carmona”, y hasta algunos sugirieron que Jaque debería haber pedido la cabeza de su funcionario ambiental.
Por ahora, Carmona sigue firme en su cargo. Y los empresarios recibieron un guiño por parte del gobierno. Tendrán su audiencia pública. Pero cuando llegue el momento, todos los documentos deberán estar sobre la mesa.