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Notas
Según Patricia Gutiérrez, Aranda es mentiroso
Durante la rendición de cuentas que ofrece el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, ante la Bicameral sobre la contratación del polémico sistema de cámaras, la diputada Patricia Gutiérrez, trató de "mentiroso", al funcionario de Jaque. Debió intervenir el senador Miguel Serralta (PJ), para calmar los ánimos.
La diputada Patricia Gutiérrez (Unidad popular), trató esta tarde en la Legislatura provincial de "mentiroso" al ministro de Seguridad Carlos Aranda, respecto a que nadie accedía al sistema de cámaras que contrató el Gobierno provincial desde el sector privado.
Esto lo dijo la legisladora sostenida en un escrito que consta en el expediente que tramita la Bicameral de Seguridad en la interpelación que inició al funcionario provincial en el que consta que al sistema tenía acceso Alejandro Cairo, entre otros, "subcontratista de la empresa Arlink", vinculada al Grupo UNO.
Ante la consideración lanzada en el Salón Rojo sobre la persona de Aranda, quien ese momento estaba ofreciendo sus explicaciones sobre la forma en que el Gobierno contrató el sistema de cámaras que hoy lo trajo hasta la Casa de las Leyes local, debió intervenir el senador Miguel Serralta (PJ), quien trató de aplacar los ánimos: "Me parece que es una falta de respeto tratar a un ministro de esa forma", estimó.
"Estaba respondiendo a una pregunta sobre si alguien de la empresa privada tenía acceso a las imágenes del sistema y mientras acababa de decir que sí, de hecho lo había afirmado cuando estuvo ante la Comisión Investigadora por la denuncia de Racconto, graciosamente dijo que no ante una pregunta del presidente de la Comisión Bicameral, con lo cual quedó claro que Alejandro Cairo tenía acceso", lanzó la legisladora.
Por ello Gutiérrez consideró que esta tarde Aranda "se ha amparado en la Ley de Seguridad pensando que esa ley le permite violar a todas las demás leyes", manifestó.
Luego, ante la requisitoria de Gutiérrez sobre que al momento de la presentación de los pliegos la empresa Arlink tenía su "balance vencido", Aranda reconoció el detalle aunque se justificó que "la Ley de Seguridad no exigía" que se cumpliera mencionado requisito.
"Que una empresa tenga bien sus balances es una exigencia mínima y ahora que con ese requisito no cumplido lo mismo el Gobierno haya contratado el sistema de cámaras la explicación gira en torno a que esa oferta era conveniente en términos económicos", expresó Gutiérrez. Y agregó: "No le llamó la atención al señor ministro que esta empresa estuviera controlada por una off shore. No le llamó la atención que esta empresa esté controlada, según la declaración de Arlink, por la compra de Supercanal que es deudora del Estado", enfatizó.
Reporte de las 18:15
La Bicameral de Seguridad comenzó a entrevistar esta tarde al ministro de Seguridad, Carlos Aranda, quien defiende la implementación del sistema de cámaras que fue el foco de críticas a raíz de una denuncia realizada por el vicegobernador Cristian Racconto.
Por ello, desde las 17:30, el órgano parlamentario que hoy está bajo la presidencia del Senado, a través del del cobista Sergio Bruni, sesiona en el “Salón Rojo” en la Legislatura provincial con el fin de que el funcionario de Jaque aclare algunos puntos sobre el sistema de cámaras que el Gobierno ha promocionado en los últimos días a través de videos de distintas aprehensiones realizadas gracias al funcionamiento de la tecnología en cuestión.
En el inicio del debate, Aranda escuchó entre otros requerimientos, los referidos al cumplimiento de los pliegos en lo atinente al estado de solvencia económica de la empresa adjudicataria, vinculada con el Grupo UNO.
En ese sentido se citaron dos estados deficitarios de la empresa por lo que los legisladores entienden que la oferta de Arlink no podría haber sido beneficiada con la aprobación del Ejecutivo provincial. “Sobre todo porque a los dos meses de la puesta en funcionamiento del sistema de cámaras el Secretario General de la Gobernación denunció por extorsión al empresario Daniel Vila”.
Luego de la lectura del expediente por el cual se tramita la interpelación dispuesta a través de la Bicameral de Seguridad, el mismo ministro Carlos Aranda, inició su defensa leyendo la Ley de Seguridad, en los apartados donde se argumenta la utilización del sistema cuya cuestión principal es la contratación del servicio a manos de privados.
Como primera parte de su defensa, el titular de la seguridad provincial alegó: "Luego de que se conoció la empresa adjudicataria, ninguna de las otras que participaron objetaron el procedimiento y ninguna de ellas apeló la determinación del Gobierno".
Básicamente Aranda responde sobre las posibles irregularidades en la contratación de la empresa, según la diputada Patricia Gutiérrez (Unidad Popular), detectadas cuando el sistema fue adquirido por el Gobierno provincial.
En ese sentido el ministro de Seguridad se defendió basándose en la letra de la Ley de Emergencia "que permitía diferentes trámites para que fuera más ágil la adquisición de armas, camionetas o del sistema de cámaras", explicó Aranda.
Luego, ante la requisitoria de Gutiérrez sobre que al momento de la presentación de los pliegos la empresa Arlink tenía su "balance vencido", Aranda reconoció el detalle aunque se justificó que "la Ley de Seguridad no exigía" que se cumpliera mencionado requisito.
"Que una empresa tenga bien sus balances es una exigencia mínima y ahora que con ese requisito no cumplido lo mismo el Gobierno haya contratado el sistema de cámaras la explicación gira en torno a que esa oferta era conveniente en términos económicos", expresó Gutiérrez. Y agregó: "No le llamó la atención al señor ministro que esta empresa estuviera controlada por una off shore. No le llamó la atención que esta empresa esté controlada, según la declaración de Arlink, por la compra de Supercanal que es deudora del Estado", enfatizó.
Reporte de las 18:15
La Bicameral de Seguridad comenzó a entrevistar esta tarde al ministro de Seguridad, Carlos Aranda, quien defiende la implementación del sistema de cámaras que fue el foco de críticas a raíz de una denuncia realizada por el vicegobernador Cristian Racconto.
Por ello, desde las 17:30, el órgano parlamentario que hoy está bajo la presidencia del Senado, a través del del cobista Sergio Bruni, sesiona en el “Salón Rojo” en la Legislatura provincial con el fin de que el funcionario de Jaque aclare algunos puntos sobre el sistema de cámaras que el Gobierno ha promocionado en los últimos días a través de videos de distintas aprehensiones realizadas gracias al funcionamiento de la tecnología en cuestión.
En el inicio del debate, Aranda escuchó entre otros requerimientos, los referidos al cumplimiento de los pliegos en lo atinente al estado de solvencia económica de la empresa adjudicataria, vinculada con el Grupo UNO.
En ese sentido se citaron dos estados deficitarios de la empresa por lo que los legisladores entienden que la oferta de Arlink no podría haber sido beneficiada con la aprobación del Ejecutivo provincial. “Sobre todo porque a los dos meses de la puesta en funcionamiento del sistema de cámaras el Secretario General de la Gobernación denunció por extorsión al empresario Daniel Vila”.
Luego de la lectura del expediente por el cual se tramita la interpelación dispuesta a través de la Bicameral de Seguridad, el mismo ministro Carlos Aranda, inició su defensa leyendo la Ley de Seguridad, en los apartados donde se argumenta la utilización del sistema cuya cuestión principal es la contratación del servicio a manos de privados.
Como primera parte de su defensa, el titular de la seguridad provincial alegó: "Luego de que se conoció la empresa adjudicataria, ninguna de las otras que participaron objetaron el procedimiento y ninguna de ellas apeló la determinación del Gobierno".
Básicamente Aranda responde sobre las posibles irregularidades en la contratación de la empresa, según la diputada Patricia Gutiérrez (Unidad Popular), detectadas cuando el sistema fue adquirido por el Gobierno provincial.
En ese sentido el ministro de Seguridad se defendió basándose en la letra de la Ley de Emergencia "que permitía diferentes trámites para que fuera más ágil la adquisición de armas, camionetas o del sistema de cámaras", explicó Aranda.