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Notas
Apoyo a la reestatización de OSM y seguridades
Los principales referentes partidarios quieren discutir la participación accionaria, el presupuesto, y que haya garantías de buen funcionamiento. Las mayores reservas vienen del PD: "Hemos estado viendo que se armó un nuevo organigrama y aparecieron sueldos que ni siquiera gana el gobernador", señaló el legislador Andrés Grau.
Tras el anuncio de Celso Jaque de la reestatización de Obras Sanitarias, mediante la creación de Aguas y Saneamiento SA, los representantes de los principales partidos políticos del arco opositor, con quienes se reunió Jaque antes del anuncio, mostraron reparos a la iniciativa y advirtieron que el debate de la nueva empresa será duro en la Legislatura.
Uno de los primeros en salir a mostrar su postura fue el presidente del Confe, Juan Carlos Jaliff, quien apuntó que juntamente con el consenso por la nueva empresa, “hay que cambiar el EPAS”. Según el senador provincial “el Estado va a tener el control de los dos organismos. Es decir, el controlado y el controlante. Entonces, hay que darle otra fisonomía. Pero estamos de acuerdo en que tiene que seguir existiendo”.
Para el ex vicegobernador, otro de los principales puntos de la discusión que se viene es la participación accionaria de la empresa: “La solución sería una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. O sea, que nunca el Estado deje de tener el 51% de las acciones”.
Aunque el anuncio de Celso Jaque incluyó que el Estado tendrá el 90% de las acciones, según Jaliff, en este escenario, eso se podría modificar en el futuro. “Si bien el gobernador va a constituir la empresa con mayoría del paquete accionario en manos del Estado, cualquier ley lo puede modificar. Así, quedamos expuestos a cualquier nueva aventura privatizadora”.
El marco legal de la constitución de la nueva empresa, y sobre todo en lo que respecta al control total que tendría el Poder Ejecutivo, es otro de los principales señalamientos.
En este sentido, fue el presidente de la UCR, César Biffi, quien se encargó de subrayarlo: “Venimos de un fracaso de la gestión privada y debemos asegurar una empresa que funcione bien y no tenga nuevos costos para los mendocinos. Hay que trabajar en un ordenamiento legal y resolver el problema para el futuro y no por la coyuntura. Hay que asegurar que no se repitan esquemas que funcionaron muy mal”.
En sintonía con el radical, el demócrata Andrés Grau mostró cierto temor en que Aguas y Saneamiento SA se transforme en un botín político o una caja de futuras administraciones de Gobierno. “Es una gran preocupación”, admitió Grau.
Para el vicepresidente del PD, con la intervención ya hubo muestras de que esto puede suceder. “Hemos estado viendo que se armó un nuevo organigrama y aparecieron sueldos que ni siquiera gana el gobernador”, señaló.
Grau también se mostró decepcionado por la decisión del gobernador, ya que los tiempos en que prevé conseguir poner en funcionamiento la nueva empresa estatal no son los que su partido solicitó: “Nos han acortado los plazos, no han encorsetado y no estamos tan seguros de que pueda salir algo bueno”.
“Veníamos con una expectativa diferente. Pedíamos una prórroga de la Intervención de 180 días, ya que nuestra intención es sacar una ley por consenso de todos los partidos. Ahora tenemos que sacar la ley contrarreloj y para colmo piden 10 millones de pesos que no están claras para que van ser ocupados, ni tampoco tenemos claros los números. Nos vamos con más preocupaciones que certezas”, reconoció Grau.
En este sentido, fue el presidente de la UCR, César Biffi, quien se encargó de subrayarlo: “Venimos de un fracaso de la gestión privada y debemos asegurar una empresa que funcione bien y no tenga nuevos costos para los mendocinos. Hay que trabajar en un ordenamiento legal y resolver el problema para el futuro y no por la coyuntura. Hay que asegurar que no se repitan esquemas que funcionaron muy mal”.
En sintonía con el radical, el demócrata Andrés Grau mostró cierto temor en que Aguas y Saneamiento SA se transforme en un botín político o una caja de futuras administraciones de Gobierno. “Es una gran preocupación”, admitió Grau.
Para el vicepresidente del PD, con la intervención ya hubo muestras de que esto puede suceder. “Hemos estado viendo que se armó un nuevo organigrama y aparecieron sueldos que ni siquiera gana el gobernador”, señaló.
Grau también se mostró decepcionado por la decisión del gobernador, ya que los tiempos en que prevé conseguir poner en funcionamiento la nueva empresa estatal no son los que su partido solicitó: “Nos han acortado los plazos, no han encorsetado y no estamos tan seguros de que pueda salir algo bueno”.
“Veníamos con una expectativa diferente. Pedíamos una prórroga de la Intervención de 180 días, ya que nuestra intención es sacar una ley por consenso de todos los partidos. Ahora tenemos que sacar la ley contrarreloj y para colmo piden 10 millones de pesos que no están claras para que van ser ocupados, ni tampoco tenemos claros los números. Nos vamos con más preocupaciones que certezas”, reconoció Grau.