Notas
Profundo malestar en San Rafael por la Promoción Industrial
Una situación de profundo enojo viven los inversores industriales en San Rafael por el decreto que firmó el PEN para prorrogar los beneficios impositivos en provincias vecinas. El decreto se funda en una ley que fue votada por Celso Jaque cuando era Senador Nacional.
Profundo malestar en el ámbito empresarial e industrial de San Rafael generó la noticia de que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner había firmado el que prorroga el Régimen de Promoción Industrial por un plazo que puede llegar a ser de hasta 15 años para algunos emprendimientos.
La inquietud de los empresarios sanrafaelinos comenzó a expresarse en las últimas horas del miércoles, cuando se conoció la noticia a través de la publicación en el Boletín Oficial, y aumentó durante la jornada del jueves, al conocerse algunos detalles que tienen que ver con la génesis de ese decreto.
Es que el Decreto 699/2010 se funda en la Ley 26.077 del año 2006, que prorrogó los efectos de la Ley 25.561, conocida como Ley de Emergencia Pública, que prorrogó delegaciones de facultades del poder Legislativo al Poder Ejecutivo, y que en su oportunidad fue votada por el entonces Senador Nacional Celso Jaque, lo cual agregó intensidad al malestar de los emprendedores sanrafaelinos.
Algunos sondeos que Mediamza.com realizó entre los emprearios sanrafaelinos, sirvieron para constatar el enojo que muchos de ellos tenían, al punto que más de uno ya estaban haciendo averiguaciones para emigrar hacia otras provincias donde pudieran aprovechar las ventajas comparativas que son de una magnitud importantísima.
“Aquí hay empresarios que pagan entre de 12 y 15 millones de pesos por año de IVA, imaginate lo que eso significa en términos financieros para una empresa que pueda radicarse en La Rioja y aprovechar semejante beneficio”, dijo un ofuscado referente ante la consulta periodística, y agregó que “si bien ese es el beneficio más importante, no es el único. Esto no se puede tolerar, de ninguna manera. Se nos ríen en la cara”, concluyó.
La principal preocupación de los empresarios sureños consiste en averiguar cuáles pueden ser los medios para neutralizar los efectos del Decreto, y entre ellos las vías judiciales serían las primeras herramientas que estarían dispuestos a utilizar, tal como ya ocurrió en el año 2003.
Consultado por Mediamza.com, el Senador Ernesto Sanz consideró como muy lamentable la situación planteada por el Decreto firmado por el PEN, y expresó que el ámbito donde la lucha debe darse para impedir la vigencia del mismo es justamente en el Congreso de la Nación.
La primera instancia que aparece es la discusión que sobre la legalidad y constitucionalidad del decreto se dará en el marco de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que está integrada por 8 Senadores y 8 Diputados, entre los que se cuentan Miguel Angel Picheto y Agustín Rossi por el oficialismo, pero en la que también están incluídos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, los dos de San Luis, con lo cual la pelea va a ser extremadamente dura.
Para Sanz, allí es donde puede objetarse la constitucionalidad del decreto por cuanto interpreta que tiene un grosero vicio de inconstitucionalidad, al excederse en las facultades que el congreso delega en el ejecutivo, ya que por las implicancias que el mismo tiene, se podría inferir que en términos prácticos, se está creando un nuevo régimen de promoción industrial, radicando allí la base de la inconstitucionalidad de la pieza.
Ese razonamiento, aunque desde otra perspectiva, fue también expresado ayer por el Consejo Empresario Mendocino, que a través de un duro documento, cuestionó la decisión presidencial y recordó que desde hace meses el Consejo viene advirtiendo sobre la manifiesta intención de generar un nuevo régimen a partir de 2012.
Sanz dice que allí va a ser importantísimo el voto de cada uno de los 16 integrantes de la Comisión, especialmente el de los legisladores mendocinos que la integran, Enrique Thomas y Patricia Fadel.
La siguiente instancia sería trabajar en un proyecto de Ley para derogar definitivamente el Régimen de Promoción por un lado, mientras que se utilizan los recursos de amparo por la vía judicial, por otro.
Los empresarios ya utilizaron esa instancia en la crisis del 2003 cuando interpusieron 11 recursos de amparo en la provincia, todos los cuales fueron proveídos pero al tiempo desistidos, por el acuerdo suscripto con la Nación, renunciando a esos reclamos para que se realizaran obras como la Línea Comahue Cuyo, el Trasvase de las Aguas del Grande al Atuel y la presa Portezuelo del Viento, lo cual también agrega encono a la posición de los emresarios, por cuanto de esas promesas, la única en la que se ha avanzado algo es la línea Comahue Cuyo, y bastante tardíamente en realción a los plazos previstos originariamente.
Por su parte, Omar Félix, en diálogo con Mediamza.com, dijo que había participado de la reunión que tuvo el Gobernador Jaque con el Ministro Randazzo, en la que Jaque le expresó su desagrado por el decreto. En esa reunión, Randazzo les transmitió que el espíritu del Decreto era exclusivamente para ayudar a la Provincia de La Rioja, que pasa por una crisis de gravedad y necesita generar puestos de trabajo, pero que no estaba contemplada la posibilidad de que los beneficios pudieran extenderse a otra provincia que no fuera La Rioja y por un plazo mayor a dos años.
No obstante, Félix expresó que le transimitió tanto al gobernador como al Ministro que se opondrá férreamente a cualquier iniciativa que pueda perjudicar los intereses de Mendoza, aun en el caso de la provincia de La Rioja, si este decreto perjudica a inversiones instaladas en Mendoza y especialmente en San Rafael.
Mientras tanto, el Directorio de la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria ha citado a todos sus integrantes a una reunión que se llevará a cabo en la sede de la entidad a partir de las 18:30 a la que también fueron invitados los legisladores nacionales, en la que se debatirá sobre el tema y se delinearán las acciones a seguir por parte de la institución.
La principal preocupación de los empresarios sureños consiste en averiguar cuáles pueden ser los medios para neutralizar los efectos del Decreto, y entre ellos las vías judiciales serían las primeras herramientas que estarían dispuestos a utilizar, tal como ya ocurrió en el año 2003.
Consultado por Mediamza.com, el Senador Ernesto Sanz consideró como muy lamentable la situación planteada por el Decreto firmado por el PEN, y expresó que el ámbito donde la lucha debe darse para impedir la vigencia del mismo es justamente en el Congreso de la Nación.
La primera instancia que aparece es la discusión que sobre la legalidad y constitucionalidad del decreto se dará en el marco de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que está integrada por 8 Senadores y 8 Diputados, entre los que se cuentan Miguel Angel Picheto y Agustín Rossi por el oficialismo, pero en la que también están incluídos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, los dos de San Luis, con lo cual la pelea va a ser extremadamente dura.
Para Sanz, allí es donde puede objetarse la constitucionalidad del decreto por cuanto interpreta que tiene un grosero vicio de inconstitucionalidad, al excederse en las facultades que el congreso delega en el ejecutivo, ya que por las implicancias que el mismo tiene, se podría inferir que en términos prácticos, se está creando un nuevo régimen de promoción industrial, radicando allí la base de la inconstitucionalidad de la pieza.
Ese razonamiento, aunque desde otra perspectiva, fue también expresado ayer por el Consejo Empresario Mendocino, que a través de un duro documento, cuestionó la decisión presidencial y recordó que desde hace meses el Consejo viene advirtiendo sobre la manifiesta intención de generar un nuevo régimen a partir de 2012.
Sanz dice que allí va a ser importantísimo el voto de cada uno de los 16 integrantes de la Comisión, especialmente el de los legisladores mendocinos que la integran, Enrique Thomas y Patricia Fadel.
La siguiente instancia sería trabajar en un proyecto de Ley para derogar definitivamente el Régimen de Promoción por un lado, mientras que se utilizan los recursos de amparo por la vía judicial, por otro.
Los empresarios ya utilizaron esa instancia en la crisis del 2003 cuando interpusieron 11 recursos de amparo en la provincia, todos los cuales fueron proveídos pero al tiempo desistidos, por el acuerdo suscripto con la Nación, renunciando a esos reclamos para que se realizaran obras como la Línea Comahue Cuyo, el Trasvase de las Aguas del Grande al Atuel y la presa Portezuelo del Viento, lo cual también agrega encono a la posición de los emresarios, por cuanto de esas promesas, la única en la que se ha avanzado algo es la línea Comahue Cuyo, y bastante tardíamente en realción a los plazos previstos originariamente.
Por su parte, Omar Félix, en diálogo con Mediamza.com, dijo que había participado de la reunión que tuvo el Gobernador Jaque con el Ministro Randazzo, en la que Jaque le expresó su desagrado por el decreto. En esa reunión, Randazzo les transmitió que el espíritu del Decreto era exclusivamente para ayudar a la Provincia de La Rioja, que pasa por una crisis de gravedad y necesita generar puestos de trabajo, pero que no estaba contemplada la posibilidad de que los beneficios pudieran extenderse a otra provincia que no fuera La Rioja y por un plazo mayor a dos años.
No obstante, Félix expresó que le transimitió tanto al gobernador como al Ministro que se opondrá férreamente a cualquier iniciativa que pueda perjudicar los intereses de Mendoza, aun en el caso de la provincia de La Rioja, si este decreto perjudica a inversiones instaladas en Mendoza y especialmente en San Rafael.
Mientras tanto, el Directorio de la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria ha citado a todos sus integrantes a una reunión que se llevará a cabo en la sede de la entidad a partir de las 18:30 a la que también fueron invitados los legisladores nacionales, en la que se debatirá sobre el tema y se delinearán las acciones a seguir por parte de la institución.