|
Notas
Los furcios judiciales de Jaque; cambios que nunca llegan
El presidente de la Corte salió a cruzar al gobernador, quien había asegurado que la Justicia de Mendoza tiene un presupuesto independiente. La Justicia de Mendoza no tiene un “presupuesto independiente”, como dijo días atrás en público el mandatario. El Poder Judicial es el único de los tres poderes que no tiene autarquía presupuestaria.
El presidente de la Corte salió a cruzar al gobernador, quien había asegurado que la Justicia de Mendoza tiene un presupuesto independiente. En efecto, no es así: para serlo debería sancionarse el proyecto de autarquía que duerme en la Legislatura o hacerse una reforma constitucional. Mientras tanto, los judiciales, siguen de paro.
Las groseras equivocaciones que suele cometer el gobernador Celso Jaque al expresarse en determinados asuntos de la gestión sorprenden. La Justicia de Mendoza no tiene un “presupuesto independiente”, como dijo días atrás en público el mandatario. Sencillamente porque el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no tiene autarquía presupuestaria.
Tanto el Poder Ejecutivo como la Legislatura, elaboran sus propias pautas de gastos. La Justicia no tiene esa libertad de acción: depende de los otros poderes. Esto lo recalcó este jueves el presidente de la Corte, Alejandro Pérez Hualde.
En realidad, la autarquía del Poder Judicial es un proyecto pendiente desde por lo menos 2003, cuando el radicalismo (a través de Juan Carlos Jaliff y Leopoldo Orquín) lo presentó como una solución definitiva a los problemas en la relación vinculados a los recursos. La idea era que la Justicia tuviera su porción de plata en función de un porcentaje de los impuestos provinciales, y que, con esos fondos, se hiciera cargo de todos sus problemas. Entre ellos, los aumentos salariales de sus empleados.
La discusión se trabó debido a que la Corte consideró en ese momento que una ley de la Legislatura no alcanzaba para concederle a la Justicia la autarquía, sino que se requería una reforma constitucional para instaurar el nuevo régimen. Eran, además, tiempos muy bravos en la relación del Gobierno con la Justicia, por la indexación salarial de los jueces y los embargos de las cuentas públicas.
Pero desde entonces nadie desempolvó el proyecto y en determinadas coyunturas, ni la Justicia ni el Poder Ejecutivo se hacen cargo de solucionar inconvenientes. Es el caso del extendido paro de los empleados judiciales, que desde hace dos semanas hace que el servicio de Justicia se preste deficientemente en Mendoza.
La Corte, actualmente dirigida por Alejandro Pérez Hualde, se ha limitado a expresarse a través de tibios comunicados de prensa en los que pide una solución urgente del conflicto salarial. Esto no sirve más que para quedar bien: el protagonismo de la cúpula judicial en un conflicto que, entre otras cosas, afecta las denuncias de delitos de los ciudadanos, debería ser mucho mayor.
Hay dirigentes importantes que creen, incluso, que la Corte debería ocupar un lugar en la paritaria salarial con los empleados, más de allá de que está limitada por no tener autarquía. Aunque el propio Pérez Hualde sostiene que no le cabe ese rol.
Y el Poder Ejecutivo, por otra parte, debería ser decididamente más serio en el tratamiento del tema. Cuando Jaque sostiene que la Justicia es “un poder independiente con un presupuesto independiente”, sus palabras recuerdan otros furcios graves, que fueron cometidos, al parecer, con el solo objetivo de salir del paso.
Por ejemplo, Jaque se equivocó durante la Fiesta de la Vendimia, cuando aseguró que la modificación del impuesto al cheque requería el aval previo de todos los gobernadores. Si así fuera, el Gobierno Nacional hubiese puesto el grito en el cielo de inmediato y no se estaría quejándose ahora de que el proyecto fue aprobado en el Senado Nacional por mayoría simple, no especial.
Por otro lado, las notables concesiones que le ha hecho Jaque a la Justicia mendocina durante su gestión (equiparaciones salariales con la Justicia Federal, 82 por ciento móvil para los jueces que se jubilen) tampoco parecen haberse servido al gobernador para negociar con la Corte soluciones de fondo para los viejos conflictos salariales con los empleados de la Justicia. A pesar de que Jaque asegura que pretende una reforma y modernización del Poder Judicial.
Nada de esto se ha producido. Los judiciales, protegidos o condenados por el limbo en el que están, siguen de huelga. Y podrían hacerlo indefinidamente.
Adivinen quién es el mayor perjudicado por esta situación.
Pero desde entonces nadie desempolvó el proyecto y en determinadas coyunturas, ni la Justicia ni el Poder Ejecutivo se hacen cargo de solucionar inconvenientes. Es el caso del extendido paro de los empleados judiciales, que desde hace dos semanas hace que el servicio de Justicia se preste deficientemente en Mendoza.
La Corte, actualmente dirigida por Alejandro Pérez Hualde, se ha limitado a expresarse a través de tibios comunicados de prensa en los que pide una solución urgente del conflicto salarial. Esto no sirve más que para quedar bien: el protagonismo de la cúpula judicial en un conflicto que, entre otras cosas, afecta las denuncias de delitos de los ciudadanos, debería ser mucho mayor.
Hay dirigentes importantes que creen, incluso, que la Corte debería ocupar un lugar en la paritaria salarial con los empleados, más de allá de que está limitada por no tener autarquía. Aunque el propio Pérez Hualde sostiene que no le cabe ese rol.
Y el Poder Ejecutivo, por otra parte, debería ser decididamente más serio en el tratamiento del tema. Cuando Jaque sostiene que la Justicia es “un poder independiente con un presupuesto independiente”, sus palabras recuerdan otros furcios graves, que fueron cometidos, al parecer, con el solo objetivo de salir del paso.
Por ejemplo, Jaque se equivocó durante la Fiesta de la Vendimia, cuando aseguró que la modificación del impuesto al cheque requería el aval previo de todos los gobernadores. Si así fuera, el Gobierno Nacional hubiese puesto el grito en el cielo de inmediato y no se estaría quejándose ahora de que el proyecto fue aprobado en el Senado Nacional por mayoría simple, no especial.
Por otro lado, las notables concesiones que le ha hecho Jaque a la Justicia mendocina durante su gestión (equiparaciones salariales con la Justicia Federal, 82 por ciento móvil para los jueces que se jubilen) tampoco parecen haberse servido al gobernador para negociar con la Corte soluciones de fondo para los viejos conflictos salariales con los empleados de la Justicia. A pesar de que Jaque asegura que pretende una reforma y modernización del Poder Judicial.
Nada de esto se ha producido. Los judiciales, protegidos o condenados por el limbo en el que están, siguen de huelga. Y podrían hacerlo indefinidamente.
Adivinen quién es el mayor perjudicado por esta situación.