Notas
Guerra de casinos mendocinos: otro capítulo de desprestigo y "aprietes"
Una solicitada aparecida la semana pasada en Clarín buscó afectar la apertura del hotel casino Intercontinental en nuestra provincia. Otra vez, una guerra sin cuartel para llevarse la mejor parte del multimillonario negocio del juego.
Guerra de casinos. Segunda parte. La misma trama. Y una nueva versión de la historia de acusaciones mediáticas y judiciales que ponen en relieve la interminable puja para ver quién se queda con la mejor parte del multimillonario negocio del juego en la provincia.
Esta vez, fue la Unión Personal de Juegos Casino de Mendoza la que decidió salir a desprestigiar al Banco de la Nación Argentina por haber otorgado un préstamo de 70 millones de pesos para finalizar la construcción y el equipamiento del hotel Intercontinental, ubicado frente al Mendoza Plaza Shopping. A través de una solicitada publicada la semana pasada en diario Clarín, el gremio comandado por Miguel Bergamín afirmó que esa operación se trataba de una “burla” y que daba “vergüenza” que ese dinero sea destinado a la construcción de un casino.
Todo indica que Bergamín se convirtió en el mensajero del Grupo Vila-Manzano para comenzar a difamar al grupo KLP (dueño del proyecto de hotel casino Intercontinental) con una metodología similar a la que se puso en práctica hace unos meses para evitar la apertura del casino del Sheraton.
Al ser consultado por este diario, Bergamín dio una explicación vaga sobre el por qué de la solicitada: “Publicamos esa solicitada porque creemos que no se puede dar un préstamo así cuando hay problemas con la salud y el campo”.
Y agregó, ante una pregunta directa: “No tengo nada que ver con Vila, pero no me molestaría juntarme con él si es para defender a los trabajadores del casino central. Si abre este casino nuevo, el nuestro va a desaparecer”.
En ese hipotético caso –es imposible que vaya a suceder-, los empleados del Instituto de Juegos y Casinos, por ser trabajadores del Estado, serían reubicados. Pero el negocio para Mendoza Central Entretenimientos (MCE), operador de las tragamonedas en el casino ubicado en Brasil y San Martín y de la mayoría de los anexos departamentales, se desmoronaría.
Mendoza Central Entretenimiento tiene relación con el Grupo Vila-Manzano; cuya cara visible en este caso es Alfredo Fredy Vila. Es él quien participa de manera activa en las decisiones que se toman en esta sociedad compuesta por varias sociedades más.
Antes de abrir el casino, los dueños locales de Sheraton propusieron a MCE la operatoria de las tragamonedas. Como la respuesta de Fredy Vila fue negativa, fueron a buscar a un nuevo socio: Enjoy.
Con KLP pasó exactamente lo mismo. Ante la negativa de MCE, hicieron un acuerdo con un grupo económico ruso para que se hiciera cargo de la sala de juegos del casino que está por abrir.
Una vez que las operaciones fueron concretadas, tanto los accionistas de Sheraton como de KLP recibieron presiones para llegar a un acuerdo económico con el Grupo Vila-Manzano. Exigían el pago de un canon a cambio de una especie de protección jurídica y mediática. De lo contrario, tendrían que soportar el descrédito de ambos proyectos a partir de publicaciones en los medios de comunicación, y luego rodearse de abogados especializados en litigar con cuanta medida cautelar para evitar la apertura de los casinos se presentara.
La “operación desprestigio” estaría a cargo de los sectores sindicales, políticos y judiciales afines al Grupo Vila-Manzano. Así como apareció Bergamín en el gremio del Juego, Miguel Serralta fue el hombre elegido en la Cámara de Senadores y Roberto Puga en Diputados. O la presencia de Daniel Pereyra en el Instituto de Juegos y Casinos.
Mientras, la pata judicial siempre fue responsabilidad, principalmente, de la jueza federal Olga Pura Arrabal, preocupada por estos días en tramitar su jubilación para evitar un jury de enjuiciamiento y ser destituida por sus irregularidades en fallos que siempre beneficiaron a la dupla empresarial.
Seguridad jurídica, se vende
Ante la amenaza de caer en esa “operación”, los socios locales de Sheraton-Enjoy accedieron a llegar a un acuerdo. Y habrían pagado aproximadamente 250 mil dólares para firmar un pacto de no agresión que luego no fue respetado. Aparecieron medidas cautelares por todos lados y se impulsó una campaña para asegurar que el gobierno había redactado un decreto a medida para beneficiar a Enjoy en el porcentaje de la superficie que se podía destinar a sala de juego.
Con KLP esto no sucedió, por dos motivos. Primero, porque ya conocían la triste experiencia de sus colegas de calle Primitivo De La Reta y decidieron rechazar cualquier tipo de extorsión. Segundo, porque el empresario inmobiliario y hotelero Rafael Garfunkel, cabeza de KLP, entendió que ni Daniel ni Alfredo Vila, ni José Luis Manzano iban a enfrentarlo.
Esa idea de Garfunkel fue contrariada cuando emisarios de Fredy Vila pidieron una comisión para no hacer presentaciones judiciales, y se terminó de desmoronar con la solicitada firmada por Bergamín que apareció en Clarín.
El ingeniero Juan Amícolo, auditor del Banco Nación y responsable de hacer el control de la obra en el hotel Intercontinental, rechazó las acusaciones y afirmó que una de las condiciones del préstamo otorgado fue no destinar ni un peso al casino.
A pesar de haber sido motivo de conversación casi exclusiva en el ambiente del juego, el único que pareció no estar al tanto de la solicitada fue Daniel Pereyra. El titular del organismo rector en materia de juegos reconoció que no había leído Clarín y no saber nada acerca de la iniciativa sindical que se convirtió en el primer round de una nueva pelea con introducción, nudo y desenlace repetidos.
En ese hipotético caso –es imposible que vaya a suceder-, los empleados del Instituto de Juegos y Casinos, por ser trabajadores del Estado, serían reubicados. Pero el negocio para Mendoza Central Entretenimientos (MCE), operador de las tragamonedas en el casino ubicado en Brasil y San Martín y de la mayoría de los anexos departamentales, se desmoronaría.
Mendoza Central Entretenimiento tiene relación con el Grupo Vila-Manzano; cuya cara visible en este caso es Alfredo Fredy Vila. Es él quien participa de manera activa en las decisiones que se toman en esta sociedad compuesta por varias sociedades más.
Antes de abrir el casino, los dueños locales de Sheraton propusieron a MCE la operatoria de las tragamonedas. Como la respuesta de Fredy Vila fue negativa, fueron a buscar a un nuevo socio: Enjoy.
Con KLP pasó exactamente lo mismo. Ante la negativa de MCE, hicieron un acuerdo con un grupo económico ruso para que se hiciera cargo de la sala de juegos del casino que está por abrir.
Una vez que las operaciones fueron concretadas, tanto los accionistas de Sheraton como de KLP recibieron presiones para llegar a un acuerdo económico con el Grupo Vila-Manzano. Exigían el pago de un canon a cambio de una especie de protección jurídica y mediática. De lo contrario, tendrían que soportar el descrédito de ambos proyectos a partir de publicaciones en los medios de comunicación, y luego rodearse de abogados especializados en litigar con cuanta medida cautelar para evitar la apertura de los casinos se presentara.
La “operación desprestigio” estaría a cargo de los sectores sindicales, políticos y judiciales afines al Grupo Vila-Manzano. Así como apareció Bergamín en el gremio del Juego, Miguel Serralta fue el hombre elegido en la Cámara de Senadores y Roberto Puga en Diputados. O la presencia de Daniel Pereyra en el Instituto de Juegos y Casinos.
Mientras, la pata judicial siempre fue responsabilidad, principalmente, de la jueza federal Olga Pura Arrabal, preocupada por estos días en tramitar su jubilación para evitar un jury de enjuiciamiento y ser destituida por sus irregularidades en fallos que siempre beneficiaron a la dupla empresarial.
Seguridad jurídica, se vende
Ante la amenaza de caer en esa “operación”, los socios locales de Sheraton-Enjoy accedieron a llegar a un acuerdo. Y habrían pagado aproximadamente 250 mil dólares para firmar un pacto de no agresión que luego no fue respetado. Aparecieron medidas cautelares por todos lados y se impulsó una campaña para asegurar que el gobierno había redactado un decreto a medida para beneficiar a Enjoy en el porcentaje de la superficie que se podía destinar a sala de juego.
Con KLP esto no sucedió, por dos motivos. Primero, porque ya conocían la triste experiencia de sus colegas de calle Primitivo De La Reta y decidieron rechazar cualquier tipo de extorsión. Segundo, porque el empresario inmobiliario y hotelero Rafael Garfunkel, cabeza de KLP, entendió que ni Daniel ni Alfredo Vila, ni José Luis Manzano iban a enfrentarlo.
Esa idea de Garfunkel fue contrariada cuando emisarios de Fredy Vila pidieron una comisión para no hacer presentaciones judiciales, y se terminó de desmoronar con la solicitada firmada por Bergamín que apareció en Clarín.
El ingeniero Juan Amícolo, auditor del Banco Nación y responsable de hacer el control de la obra en el hotel Intercontinental, rechazó las acusaciones y afirmó que una de las condiciones del préstamo otorgado fue no destinar ni un peso al casino.
A pesar de haber sido motivo de conversación casi exclusiva en el ambiente del juego, el único que pareció no estar al tanto de la solicitada fue Daniel Pereyra. El titular del organismo rector en materia de juegos reconoció que no había leído Clarín y no saber nada acerca de la iniciativa sindical que se convirtió en el primer round de una nueva pelea con introducción, nudo y desenlace repetidos.